(Sexta y última parte)
Lamentablemente, con la crisis de empleo y de vulnerabilidad social producto de la pandemia, se ha comenzado a observar una escalada en la incidencia delictiva que muy probablemente se recrudezca en los próximos meses. De ahí la importancia de que, como parte del nuevo Pacto de Bienestar para Puebla, tomemos acciones extraordinarias de seguridad y protección ciudadana, especialmente en tres vertientes concretas: combatir la violencia intrafamiliar contra mujeres y menores, abatir la incidencia delictiva común y fortalecer la protección civil ante la eventualidad de un desastre natural en medio de la pandemia.
Considero que debemos aprovechar el momento para incentivar la cultura de la legalidad y el respeto a los Derechos Humanos. El objetivo sería involucrar a la sociedad civil en las tareas de cuidar y vigilar el cumplimiento de la ley a nivel micro comunitario; así como en lo relativo a la organización vecinal en caso de desastre.
Recordemos que, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de la pandemia, cada día casi 4 mil mujeres piden auxilio telefónico debido a una situación de violencia de género. Aunque no se trata de un fenómeno exclusivo de México —diversos organismos internacionales han alertado al mundo sobre “un estremecedor repunte global de la violencia doméstica” contra mujeres y niñas—, el confinamiento al que nos ha obligado el virus ha tenido un impacto negativo sobre millones de hogares en todo el mundo, es notorio el aumento en el nivel de violencia intrafamiliar.
Frente a esta situación, creo necesario adoptar una estrategia focalizada para romper el círculo vicioso de la violencia y la impunidad. No perdamos de vista que ha sido la impunidad, derivada de la debilidad institucional, la que ha permitido el crecimiento del fenómeno delincuencial y de violencia a gran escala. Por lo que debemos aprovechar la coyuntura para comenzar a reconstruir y fortalecer las capacidades del Estado para disputar y reconquistar el monopolio de la violencia legítima, casa por casa, cuadra por cuadra, colonia por colonia, localidad por localidad.
Así que, frente a la violencia doméstica contra mujeres y menores, no hay mejor respuesta que el trabajo en equipo entre sociedad y gobierno para aplicar todo el peso de la Ley. La violencia ilegítima de todo acto delincuencial debe combatirse con la violencia legítima del Estado, de abajo hacia arriba, y con la imprescindible participación de la sociedad organizada.
Lo mismo aplica a la delincuencia común. Es previsible que, como consecuencia de la pandemia, haya un incremento inusitado de la incidencia delictiva. Aquí también estoy convencido de que este es el mejor momento para involucrar a la comunidad en el fortalecimiento de las capacidades del Estado para abatir los niveles de impunidad.
Es claro que las familias y las organizaciones vecinales hoy están más dispuestas que nunca a participar en la pacificación de su comunidad, denunciando a quien violente la legalidad. Así que, además de avanzar en la profesionalización de nuestras policías en cada rincón del territorio poblano, es conveniente aprovechar esta crisis para reforzar la cooperación entre policía y sociedad civil organizada.
Finalmente, en materia de protección civil, es necesario tener perfectamente aceitados los mecanismos de prevención y preparación a nivel familiar y comunitario para enfrentar un evento catastrófico. Se requiere actualizar los mapas de riesgo para que cada persona tenga claro si vive o no en alguna zona de alto riesgo. Tampoco está de más actualizar y reforzar los protocolos de actuación considerando el factor Covid. Ante una eventual tragedia natural, lo peor que podría pasar es que no supiéramos qué hacer para proteger del coronavirus a la población desplazada o ubicada en albergues.
Tenemos que aprovechar esta coyuntura de emergencia para activar la participación de la sociedad civil en tareas preventivas y de seguridad. Solo aprovechando el capital social existente y fortaleciéndolo, podremos desarrollar un escudo comunitario que coadyuve a la pacificación social, desde los niveles básicos hasta los más complejos, de la convivencia ciudadana. Solo de la mano de la gente podremos desarrollar, en una perspectiva de mediano plazo, una sólida cultura de la legalidad.
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