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Las exigencias primarias que los tiempos políticos imponen a la militancia de Morena son, la comprensión integral de la coyuntura social surgida del ejercicio de gobierno del presidente López Obrador, y el papel que toca jugar al partido en el contexto de ella; dos bases sin las cuales no habrá acción política consecuente y, al contrario, propiciará el surgimiento de múltiples conflictos internos que traerán inconsistencia y debilidad en la institucionalidad y el trabajo social del partido. La disputa por la dirigencia nacional que protagonizan distinguidos militantes con reconocidas trayectorias, demuestra que la conciencia política de algunos aspirantes aún no logra rebasar ciertos atavismos ni termina de alcanzar la solidez que dan al trabajo político la comprensión de la realidad social y la convicción del ejercicio de los principios políticos en que debe sustentarse la vida partidista. Ello puede explicar por qué, los problemas internos que afectan la vida, quizá desde la construcción misma, del partido –padrón confiable de afiliados, toma democrática de decisiones, dirigencias electas por consenso- no hayan sido atendidos con la seriedad que requiere la transformación de la vida pública del país en los términos establecidos por el presidente de la república, para acreditar que Morena es un partido diferente al resto de las formaciones políticas existentes.

El líder interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, dice: “Después de la elección [2018] nuestra obligación era entrar en un proceso organizativo de nuestros afiliados, establecer la institucionalidad, depurar padrones, garantizar el funcionamiento colegiado de todas las instancias, crear espacios de convivencia en todos los niveles… pero no se hizo”. El señalamiento de esta grave omisión, adquiere dimensiones de preocupación extrema cuando agrega: “El problema es que se impuso una actitud premeditada, alevosa, de no hacer ningún esfuerzo y, al contrario, de boicotear los intentos por darle estructura e institucionalidad a Morena, generando una situación crítica que se agrava…”. Este diagnóstico, en un ambiente de disputa por los cargos de dirección del partido seguramente arrastrará, a su vez, otras descalificaciones. Se genera un círculo vicioso que puede confundir a las bases de una militancia que Ramírez destaca: “Hay, además, un abandono a los liderazgos locales, donde tenemos grandes activos. En mi largo paso por la política no había conocido una abnegación, entrega y compromiso como la de los militantes de Morena. Y aunque se vienen reconstruyendo todas las tareas de formación política, no hay atención adecuada para quienes por miles recorrieron casas, tocaron puertas, llenaron plazas” (https://www.jornada.com.mx/2020/08/25/politica/011n1pol).

Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decidido en sentencia firme que Morena debe elegir a su nueva dirigencia nacional mediante encuesta abierta, entendiéndose por tal la “que se realice entre la ciudadanía, respecto de personas que se autoadscriben como militantes y simpatizantes del partido” dado que carece de certeza y confiabilidad el padrón oficial de este partido. Para el cumplimiento de la sentencia, quedan sin efecto todas las disposiciones emitidas por el partido relacionadas con la elección que sean contrarias a la misma. Y aunque Ramírez la describa como “un asalto, despojo y pisoteo” pues, en efecto, el tribunal sustituye una falta de certeza y confiabilidad –la del padrón- por otra, -la autoadscripción de ciudadanos como militantes y simpatizantes del partido- tal resolución se inscribe dentro del rasposo conflicto entre grupos que buscan el control del partido supliendo, indebidamente, la incapacidad de zanjar diferencias. Que los morenistas acudan a ese tribunal para dirimir el método de elección de su directiva representa -salvo que fuese acto premeditado- una confusión entre legalidad y legitimidad, el olvido de situaciones similares donde el partícipe fue el PRD, y poca valoración de la actuación del tribunal en conflictos recientes que afectaron a Morena.

El Poder Judicial Federal encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el único poder del Estado mexicano que no se elige por voto ciudadano. La forma de designación de los ministros -por quince años a propuesta del presidente en turno- ha hecho que, luego de la elección presidencial, se convierta en el refugio de las fuerzas políticas y económicas derrotadas, desde donde éstas han abierto un flanco de tenaz confrontación con el Ejecutivo y Legislativo, resolviendo para sí la conservación de sus privilegios, erigiéndose juez último de los actos de los otros poderes, y artífice de caminos de impunidad hechos aparecer como corruptelas de secretarios de juzgado, en asuntos cruciales p.ej., Ayotzinapa, y la venta delincuencial de Agronitrogenados. El instrumento esencial de acción política del poder judicial -según enseña la politología del derecho- está en su atribución y facultad de dar la interpretación última a todas las normas sometidas a su juicio (fundamento), y los hechos o conductas a los que se aplican (motivación).

El TEPJF validó la legalidad de las elecciones de 2006 y 2012 a pesar de todas las irregularidades que se conocieron. Cuando la elección de dirigentes del PRD se sometió a su decisión, en tiempos de Felipe Calderón, por vía de interpretación de los hechos determinó que la victoria la había obtenido Jesús Ortega. La historia posterior del control de ese partido es bien conocida por su cinismo y desvergüenza. El tribunal también dio mucho de qué hablar con su cuestionada resolución que decidió, con el único voto de su entonces presidenta, la elección de gobernador en Puebla. Con ese historial, sorprende que en Morena se recurra a sus decisiones para dirimir cuestiones internas, convirtiéndolo en un caballo de Troya.

La elección federal 2021 está en puerta y puesta a prueba por la detestable actitud violenta asumida por algunas facciones -y el silencio cómplice de otras- de la derecha con intenciones golpistas inmediatas. ¿Qué sentido tiene en este contexto convertir la elección de Morena en una riña callejera? En el partido que encumbró al presidente, el que dice querer hacer historia, el promotor del cambio verdadero, no aparece la altura de miras y prefiere sumirse en la baja estofa de una disputa mezquina por los cargos abatiendo sin misericordia la lucha política con, y por, principios. Las formas de hacer actividad política en este país también tienen que cambiar y Morena debe ser ejemplo vivo de nuevos métodos para ello.

Los aspirantes hasta ahora visibles –Alfonso Ramírez, Berta Luján, Mario Delgado, Yeidckol Polevnski, Gibrán Ramírez y Alejandro Rojas– están obligados, política y moralmente, al ejercicio sano de la autocrítica y humildad; al reconocimiento sincero de las capacidades propias y ajenas; a la mesura política; a la comprensión integral del momento político que vive el país, las necesidades en ese orden del ejercicio presidencial y el proyecto de nación que se impulsa; al conocimiento de la organización interna del partido, y de su fusión con la sociedad para poder determinar, objetivamente, cuál es el perfil de dirigente que se requiere, y con madurez decidir quién se aproxima más a cubrirlo. Sólo de esta manera encontrarán el faro que ilumine sus actos, antes de que el INE y el tribunal lo hagan por ellos.

De seguir la ruta del conflicto es previsible que en los estados se generen otros similares que evidencien que quienes entran en disputa por los cargos, quizá, en realidad, no sean aptos para ello. La única solidez real del partido quedará en su militancia de base que ha mostrado conciencia y congruencia, hace el trabajo de hormiga, y posee claridad de pensamiento sobre el rumbo que debe seguir el país. Esa militancia deberá poner en práctica nuevos y creativos mecanismos de organización partidista para que las dirigencias, efectivamente, sean las mejores: las que necesita el partido.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de agosto 2020.
José Samuel Porras Rugerio

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