Marco Antonio Manzano Ramírez, representante de exburócratas despedidos en el sexenio morenovallista, pidió a la Secretaría de Trabajo (ST) estatal transparentar quiénes han sido los beneficiados con los laudos y reinstalaciones de enero y febrero, pues tiene conocimiento de 12 este año.
En entrevista con este medio, el líder del grupo “Trabajadores Despedidos en Digna Resistencia”, indicó que si bien saben que ahorita no están avanzando los casos debido a que el Tribunal de Arbitraje se mantiene cerrado, pueden concretarse los que ya tienen una resolución.
Y es que, dijo, son al menos 30 de sus compañeros que ya tuvieron un laudo a favor y el tribunal ordenó que fueran reinstalados, pero “se quedaron en la orillita” debido a la emergencia sanitaria, pues las fechas que les habían dado era de abril para adelante.
“Hay compañeros que se quedaron a un pasito, pues la tenían programada para abril y la pandemia inició en marzo, entonces en automático se quedaron en el limbo, hubo otros que ya no recibieron su pago, yo creo que sí pudieron haber instruido a que se llevaran a cabo”, pronunció.
Sin embargo, señaló que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo desde un principio que no se cerraron en su totalidad las dependencias, sino que están operando al 30 por ciento, por lo que sí se pudo llevar a cabo el proceso de reinstalación de los trabajadores.
Detalló que “es fácil” lo que se tenía que hacer, pues solo es llegar a la Secretaría de donde hayan sido rescindidos, informar al encargado de la resolución que dio el tribunal para que se le asigne su puesto desde ese momento, para lo cual no se requiere “tanta gente”.
“Yo invito a hacer más transparente y que esta información se haga de carácter publica, ya que los datos son muy ambiguos, la información no está completa y así no podemos saber, más que nada ahorita que es pandemia y muchos no tienen ni ingresos”, asentó.
Esto luego de que, de acuerdo con información del Tribunal del Trabajo, que depende de la Secretaría del Trabajo (ST), durante enero y febrero se destinaron 41 millones 678 mil 291 pesos al pago de laudos laborales y convenio por reinstalación de trabajadores despedidos sin justificación.
Cifras “son muy ambiguas”, dicen
Dicho monto es derivado de 30 laudos por amparo y 30 condenatorios, en el primer mes, y 13 condenatorios en el segundo, mientras que las reinstalaciones fueron 25, siete en el primero de ellos y 18 en el otro.
No obstante, Manzano Ramírez manifestó que es la única información que se tiene en dicha página y no se sabe si son de trabajadores que fueron despedidos en el periodo del morenovallismo o de otros años, ni tampoco de qué dependencias.
Respecto a cómo van sus casos, indicó que de los 200 extrabajadores que representaba y que en un principio empezaron su lucha por haberlos despedido, 140 son los que se mantiene vigentes, de los que 42 son los que ya obtuvieron alguna sentencia a favor y los otros 98 aun están pendientes.
Esto, porque mencionó que los otros 60 no quisieron seguir peleando legalmente, ya sea porque optaron por buscar otro trabajo, llegaron a un acuerdo con el gobierno o en su caso fallecieron.
“La petición es desesperada, para que se busquen alternativas de solución, queremos que se nos garantice el derecho humano al trabajo, a la salud, al trato digno y no discriminatorio, porque se han muerto compañeros luchando sin obtener respuesta”, concluyó.
