Desigual reinicio de clases // Tecnología sólo para pocos
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que más de 30 millones de estudiantes mexicanos iniciaron ayer el ciclo escolar 2020-2021 con muchas ganas (es de suponer), pero en condiciones desiguales, toda vez que la pandemia impide que las clases sean presenciales y el neoliberalismo sólo impulsó herramientas tecnológicas –incluso las que son necesarias para el desarrollo educativo– en las zonas que generen ganancias para los concesionarios privados.
En el ámbito latinoamericano, nuestro país ocupa el penúltimo escalón en el uso de tales herramientas y los datos son contundentes. De 11 naciones regionales analizadas por la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, con información al cierre de 2018), México está en el número 10 en lo que se refiere a conexión a Internet, computadora y uso de software educativo en casa (68, 57 y 28 por ciento, respectivamente, de los hogares).
En ese orden, México sólo está arriba, por mínimo margen, de Panamá, Perú y República Dominicana. Los elevados precios en el mercado condicionan el acceso al equipamiento tecnológico en casa, por mucho que en su propaganda los grandes consorcios del sector presuman que todo México está con ellos.
¿Expresidentes en las boletas?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a pesar de la amplia exigencia nacional de castigo a expresidentes corruptos, ninguna organización o liderazgo político o social ha convocado u organizado la recepción de las firmas necesarias para realizar, conforme a las disposiciones legales de la materia, una consulta popular que decida si ciertos exocupantes de Los Pinos, como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pudiesen ser sujetos de juicio penal por presuntos actos delictivos cometidos durante su mandato o después de él.
El lapso para la eventual recepción de firmas ciudadanas ya está encima: inicia el primer día del mes próximo y terminará quince días después, el mero día del Grito. Sería necesario que alrededor de un millón seiscientas mil personas estamparan su asentimiento, en un proceso que ya debería estar siendo preparado y no lo está.
Otra vía pasa por las cámaras federales de legislación. Una tercera parte de los miembros de San Lázaro o del Senado puede convocar a dicha consulta. Morena y sus aliados pueden conseguir esas firmas sin mayor problema. Pero falta saber si el mando superior del morenismo autoriza dar ese paso. El Partido del Trabajo, con Gerardo Fernández Noroña como principal promotor, anunció desde el pasado 12 que buscará juntar el número de solicitantes de la mencionada consulta popular. Pero falta saber la postura definitoria que asuman los diputados de Morena.
Ayer, en un giro ante el tema, el presidente López Obrador señaló que él mismo podría terminar solicitando la realización de la consulta popular sobre expresidentes, aunque reiteró que votaría en contra. “Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo, porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes”, dijo en la conferencia matutina de prensa. “Entonces, la consulta ¿va porque va?”, le preguntó un reportero y el político tabasqueño respondió: “Vamos a esperar, también de aquí a que termine el plazo la Fiscalía seguramente va a tener más elementos (nota de Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, https://bit.ly/34xMo82 ).
Conforme a este nuevo posicionamiento del habitante de Palacio Nacional, la definición sobre la consulta popular quedaría sujeta al avance de las indagaciones de la Fiscalía General de la República en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y las implicaciones que de ahí se deriven hacia la tercia de exocupantes de Los Pinos. Además, tendría que desahogarse una consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la procedencia jurídica de la pretensión de enjuiciar a los expresidentes.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Al pizarrón. Acompañado del titular de la SEP y de una escolta de alumnos de secundaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó, en Palacio Nacional, la ceremonia simbólica del inicio del ciclo escolar a distancia 2020-2021. Destacó que los estudiantes de los niveles básico y medio superior arrancan un ciclo escolar que tiene toda la validez oficial porque se ha hecho con profesionalismo. “De modo que, cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, que esperemos sea pronto, ya lo realizado, lo avanzado del programa que inicia hoy sea parte de la educación que se va a continuar de manera presencial”, dijo. En tanto, Esteban Moctezuma informó que regresaron a clases 30 millones de estudiantes. El covid nos cambió la vida; aprovechemos para ser mejores mexicanos. ¡Y a estudiar!
2. Altavoz. El senador Ricardo Monreal, quien encabeza la Junta de Coordinación Política del Senado, goza de la confianza del empresariado. Y cómo no. Acordó la formación de un grupo de alto nivel que analizará las propuestas para expedir las leyes sobre alimentos y bebidas azucaradas. Se reunieron con él Carlos Salazar Lomelín, dirigente del CCE; Armando Garza Sada, de Grupo Alfa; José Antonio Fernández, de FEMSA; Juan Gallardo Thurlow, de Grupo Azucarero México, GAMSA; Daniel Servitje, de Bimbo; Daniel Costa, de Nestlé; Bosco de la Vega, del Consejo Nacional Agropecuario; Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios; Francisco Cervantes, de la Concamin; así como José Manuel López, de la Concanaco. El zacatecano ha logrado ser el aliado que da voz a la iniciativa privada. Y así los temas no se quedan en el tintero. Confiable, Monreal. Una vez más.
3. El juicio de la historia. El primer mandatario, López Obrador dio luz verde a los ciudadanos o legisladores para que en el periodo que contempla la ley, del 1 al 15 de septiembre próximos, soliciten la realización de una consulta ciudadana para saber si se enjuicia a los expresidentes del país por casos del pasado, como el caso Odebrecht. Recordó que existen tres mecanismos que contempla la Ley Federal de Consulta Popular para hacer uso de este ejercicio: la petición del Presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso o los ciudadanos, en un número equivalente a, al menos, el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, alrededor de un millón 600 mil. Hasta ahora, pasaron sexenios de impunidad en los que unos se cubrían a los otros. Pero esto parece haber acabado; al menos en teoría. ¿Sí?