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Presupuesto para elecciones y ya son 10 años tras masacre en San Fernando

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Mineras: tráfico de concesiones // A canadienses, 2 mil kilómetros // Zacatecas: pobreza vs. barones

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que los firmantes del Pacto por México –la mayoría hoy involucrados en actos de corrupción y bajo la lupa judicial– se comprometieron a expedir una nueva ley minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción, en el entendido de que los recursos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras.

No trascendió el discurso, y en los hechos siguieron con la práctica de fortalecer los de por sí abundantes beneficios y la creciente impunidad de los barones de la minería, al tiempo que incrementaron las concesiones. Una muestra es la escandalosa entrega del gobierno calderonista, avalada por el peñanietista, a una trasnacional canadiense –atraco documentado por La Jornada Zacatecas–, que involucra un territorio mayor al que ocupa la Ciudad de México.

La estadística oficial (hasta la primera mitad de 2018) documenta que con Fox, Calderón y Peña Nieto las nuevas concesiones mineras sumaron de 70 millones de hectáreas, la mitad en el sexenio del tal Borolas.

Aquí la columna completa

A 10 años de la masacre de San Fernando

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Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, indica que una década ha transcurrido desde la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y aún no aparecen la verdad ni la justicia.

Desde las primeras semanas, una fuerza difícil de explicar condujo estos lamentables hechos hacia la oscura boca de la negación.

Por eso, en el presente, los esfuerzos para que esta tragedia no se olvide son extraordinarios. La autoridad responsable de investigar, desde el primer momento, se invirtió con todas sus fuerzas para que no se investigara nada.

Metió los cuerpos desnudos dentro de cajas metálicas que selló y luego envió a las familias de las víctimas con la instrucción explícita de no abrirlas.

Diez años han pasado y no hay quien pueda explicar lo que sucedió aquel domingo 22 y el lunes 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Recuperación al alza. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en las primeras tres semanas de agosto se han recuperado casi 67 mil empleos formales, una pequeña parte de los más de un millón que se perdieron por el coronavirus. Precisó que el país ha recuperado estos puestos de trabajo en el sector privado, mientras la economía empieza a recuperarse gradualmente de la severa contracción de más de un 17% del PIB durante el segundo trimestre. “Desde marzo es el primer mes en que estamos obteniendo, generando empleos”, dijo López Obrador y agregó que en sólo nueve estados todavía se están perdiendo plazas laborales. La batalla para contener el brote viral ha traído efectos colaterales. Reactivar la economía es urgente. ¿Y Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, qué estrategia nos tiene para salir de ésta?

2. Atorada. Los tribunales de justicia vuelven a complicar la política energética de Rocío Nahle, secretaria de Energía. Esta vez, la organización Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental obtuvieron la suspensión definitiva a la Política de Confiabilidad sobre generación de energía emitido por la Sener y la Cenace. La determinación fue tomada bajo el argumento de que estas modificaciones carecen de justificación técnica y tienen implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases de efecto invernadero. La Semarnat indicó que la transición hacia energías limpias y renovables requerirá del impulso al sector minero del país. Esto, a pesar de las críticas en contra de la política energética de México, que impulsó la secretaria de Energía. ¿Avanzamos o nos detenemos, secretaria?

3. Matemáticas puras. Este lunes, la Comisión de Presupuesto del INE discutirá la solicitud de 20 mil 464 millones de pesos que hará a la Cámara de Diputados, de los cuales 10 mil 992.9 millones son para operación base, 8 mil 202.5 millones para el proceso electoral 2021 y mil 309 millones para otros proyectos. Este presupuesto significa 5.5% más que en 2018. El costo por ciudadano bajó de 91 pesos en 2018 a 86 pesos en 2020. Del total para organizar los comicios, se ocuparán 311.1 millones de pesos para medidas de sanitización de más de 164 mil casillas. Durante la comisión podrán conocerse las posturas tanto de consejeros como de los partidos y los representantes legislativos. Lo que no baja nunca son los salarios de los consejeros, ¿por qué será?

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Aquí la columna completa

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Lorena González Guzmánhttp://www.angulo7.com.mx
Es editora del portal de noticias Ángulo 7 desde febrero de 2015. Se encarga de hacer las noticias de estudios e investigaciones que publican diferentes instituciones.
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