Integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA rechazaron que se nieguen a transparentar su información, sino que el Itaipue lo está considerando como sujeto obligado directo, cuando es indirecto, pues solo reciben recursos como honorarios.
Por una parte, en entrevista con Ángulo 7, Daniel Alejandro Valdés Amaro, presidente del CPC, reconoció que, de manera colectiva, los cinco integrantes se ampararon contra la determinación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), como este medio dio a conocer el jueves pasado.
Manifestó que no pueden ser sujetos obligados directos porque no cuentan con estructura, a diferencia de las instituciones de gobierno que tiene su unidad de transparencia, además de que sus gastos para viáticos u otro concepto los sacan de los 100 mil pesos mensuales que perciben.
Tampoco, aseveró, son empleados de gobierno, además de que los contratos por sus servicios son individuales y están firmados por honorarios, mas no por salarios, sumado a que no reciben prestaciones ni aguinaldo, como sí lo hacen los servidores públicos.
“Es falso que no queramos transparentar los recursos, porque los recursos están publicados en la página del CPC, nosotros pagamos los insumos que se necesiten para desempeñar nuestro trabajo, pues ni para gasolina nos dan, mucho menos computadoras ni para viajes”, pronunció.
Sistema nacional recomendó que sea indirecto
Luego de que Héctor Berra Piloni, coordinador jurídico del Itaipue, dio a conocer que el comité tramitó un amparo para no transparentar su información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Valdés Amaro comentó que el instituto nombró al CPC sujeto obligado sin consultarlos, lo cual fue una vez que asumió el cargo de comisionada presidenta Laura Marcela Carcaño Ruiz –enero de 2019–, ya que cuando estuvo Gabriela Sierra Palacios nunca los consideraron en el padrón.
“El Itaipue lo determinó sin decir el porqué, tal vez no tuvieron que consultarnos porque al final de cuentan es un órgano garante del estado, pero se pudo haber llegado a un acuerdo, además, las leyes estatal y nacional no hablan de los CPC ni contemplan que deben tener obligaciones generales y específicas”, expresó.
Refirió que lo que se ha hecho en otros estados, como Jalisco, es que llegaron a un tipo de acuerdo entre el organismo de transparencia y el comité, estableciendo que cualquier solicitud será atendida a través de la Secretaría Ejecutiva, mientras que el CPC dará a conocer la información que considere importante a través de su página web.
El presidente del comité manifestó que lo anterior se refuerza con el acuerdo que emitió el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en junio pasado, en el que recomendó incluir a los CPC solo como Sujetos Obligados Indirectos para que respondan a solicitudes de información y transparenten sus honorarios, ya que no pueden ser sujetos obligados directos porque al ser solo tres o cinco personas, no cuentan con estructura.
Integrantes solo reciben honorarios
Sobre el tema, José Alejandro Guillen Reyes, igual integrante del CPC, sostuvo que en todo caso el sujeto directo debe ser la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que como comité lo único que perciben son los honorarios, mismo que tienen desglosado en su página oficial y cualquiera puede consultarlos.
Coincidió con Valdés Amaro en que, como integrantes del CPC, no pueden recibir otros recursos, pues no son empelados de gobierno, sino ciudadanos que se encuentran dentro del SEA con ciertas atribuciones, ni tampoco tienen a personal que este a su servicio.
“Solo somos cinco comisionados y cada quien, con su alma, si queremos que alguien nos ayude debemos de pagar de los honorarios que nos dan, si nos piden información a través de recursos los da la Secretaría Ejecutiva, que es a la que nosotros nos paga”, asentó.
Puntualizó que tampoco pueden contar con un área específica de transparencia porque las condiciones no les dan para tenerla, motivo por lo que tramitaron el amparo 1300/2019, en el juzgado sexto de distrito y, aunque en principio les negaron la suspensión, interpusieron la queja en un tribunal colegiado.
El también académico de la Upaep manifestó que no se sabe cuánto pueda durar este proceso jurídico, ya que se atravesó la pandemia del Covid-19, pero hizo énfasis en que sea cual sea la resolución será acatada, pues se tratará de una orden judicial.
Finalmente, Guillen Reyes reiteró que no se están negando a transparentar sus recursos, sino que solo pongan lo que les toca, ya que –dijo– ya sólo falta que les digan en que se gastan sus honorarios, lo cual “ya sería mucho”.
