Omar Jiménez Castro, integrante del ASA y el CEOS, informó que algunos de los usuarios que han sido intimidados por Agua de Puebla para pagar adeudos “ilegales” presentarán demandas federales contra la empresa, pues es un delito realizar “cobranza judicial ilegal”.
En rueda de prensa, en el zócalo de la ciudad, el litigante comentó que la concesionaria está señalando supuestos adeudos, sin embargo, los cuales algunos hasta por 34 mil pesos, pero no los ha justificado, además de que lo hace en plena pandemia del Covid-19 cuando la economía ha sido afectada y hay falta de empleo.
Refirió que dichos despachos son encabezados por Collect de México se dedica a generar los recibos, en conjunto con Cobranzas Corporativas y Bufete Jurídico González Schimal y Asociados, mientras que Cesfi Group y Grupo Seneca se encargan de repartirlos a los domicilios.
Refirió que esta práctica tiene alrededor de tres semanas de que inició, y los afectados le han dicho que la empresa los está presionando para liquidar estos supuestos adeudos en tres días, ya que de lo contrario los podrían embargar, sin darles mayor justificación.
Detalló que esta situación se ha dado en colonias como Granjas Puebla, Zavaleta, Tepeyac, Naciones Unidas, La Libertad, El Carmen, Los Héroes, La Margarita, San Manuel y el fraccionamiento Bicentenario.
“Llega el recibo y dice que tiene un adeudo que no han logrado acreditar, si no pagan empiezan a hablar un número de teléfono de estos despachos, además dejan un correo electrónico y hasta mensajes por WhatsApp para intimidar a las personas”, dijo.
Indicó que “no conformes” con las cobranzas extrajudiciales, están colocando a los usuarios en el buró de crédito como moroso generando “daño” al historial crediticio y la imagen social de los poblanos, en lugar de que se diera un plan de apoyo económico.
De acuerdo con documentos proporcionados a este medio, uno de los requerimientos de pago es por 11 mil 764 pesos, otro más es por un monto de 24 mil 941 pesos, argumentando 23 eses de adeudo y otro, el más alto, por 34 mil 373 pesos, por 37 meses vencidos.
Procederán legalmente contra empresas
Ante esto, Jiménez Casto afirmó que el delito de cobranza judicial ilegal genera daño moral, patrimonial y económico, principalmente ante la emergencia sanitaria, por lo que no existe justificación para que se recurra a estos cobros contra los usuarios.
Por ello, exhortó a los afectados que se acerquen con él para que los asesore jurídicamente e incluso si así lo requieren proceder penalmente para evitar que se den estos “abusos” por parte de la empresa concesionaria del vital líquido en la capital.
De igual forma, aseveró que presentarán demandas federales penales ante las autoridades judiciales en contra de dichas empresas, al tiempo de pedir a usuarios que “no se espanten” cuando les llegue este requerimiento de pago, sino que por el contrario los exhiban para que vean en las irregularidades que están cometiendo.
Es necesario precisar que de acuerdo con el artículo 284 BIS del Código Penal Federal, se establece que se sancionará de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal y si utiliza documentos o sellos falsos la pena y sanción económica aumentará en 50 por ciento.
