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¿Quién lleva mano en la mesa política de Morena?

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ante la imposibilidad de que la dirigencia estatal de Morena se renueve conforme a los estatutos de este partido, el enlace nombrado por el Comité Ejecutivo Estatal con funciones de presidente estatal, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, ha tomado la decisión de integrar una mesa política con representantes de distintos grupos y corrientes.

Aunque Carlos Evangelista nunca ha planteado convertir esta mesa política en una especie de Comité Ejecutivo Estatal, en los hechos pareciera que ese es el propósito de cara a las elecciones del próximo año.

En la mesa participa un representante del gobernador Luis Miguel Barbosa, el ex diputado federal Agustín Guerrero Castillo, la presidenta municipal de la capital, Claudia Rivera Vivanco, el senador Alejandro Armenta Mier, los diputados federales Julieta Vences Valencia (esposa de Carlos Evangelista) y Alejandro Carvajal Hidalgo.

También el presidente del Consejo Estatal, Saúl Papaqui Hernández, los consejeros nacionales Pablo Salazar Vicentello y Edgar Garmendia de los Santos, quien venía desempeñándose como secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, e Iztac Hernández Quiterio, enviado del delegado de la Secretaría de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues y suplente del diputado federal Alejandro Carvajal.

Estos diez integrantes de la mesa política han comenzado a buscar una nueva sede del partido, ante la imposibilidad de sesionar en las oficinas que tenía Morena junto al Alpha 2 y que el anterior delegado del CEN con funciones de presidente estatal, Mario Bracamonte González, se rehúsa a devolver.

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Cita Fiscalía a los beneficiados de la titulación apócrifa

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que si se cuenta usted entre los interesados en saber qué ha ocurrido con la denuncia presentada por el gobierno de Luis Miguel Barbosa en contra de 26 servidores públicos morenogalistas por su presunta implicación en la entrega de calificaciones y títulos falsos a un grupo de privilegiados, tome nota de este dato.

Varios de los señalados por obtener el beneficio de la titulación sin merecerlo recibieron la semana pasada un citatorio de la Fiscalía General del Estado en el que se les pide acudir ante esa instancia para colaborar en las indagatorias que se realizan desde noviembre del 2019, cuando la administración estatal presentó denuncias por los delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa por la expedición de los títulos a través del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP).

Entre los investigados se encuentran Jesús Giles Carmona, ex presidente estatal del PAN, así como los ex funcionarios Roberto Ruiz Esparza, Franco Rodríguez Álvarez, David Rosas Armijo y un hermano de Xabier Albisuri Morett, de nombre Íker.

El citatorio iba acompañado de una clara advertencia: en caso de no acudir al llamado serán requeridos nuevamente, pero por medio de una orden de presentación.

Eso solo significa que el asunto no ha sido archivado en el cajón de los temas sin resolver, y que de la misma forma que el de la entrega irregular de notarías públicas, que de a poco han sido anuladas a 10 de sus beneficiarios, cocina de manera sigilosa su resolución y desenlace.

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La invasión de los “oaxaqueños” hunde al PRI en su peor crisis política

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que el PRI poblano pasa su peor crisis en toda su historia, al sufrir una merma importante de militantes, el abandono de organizaciones, la carencia de liderazgos y una opinión pública dominante que lo tilda, con una fama bien ganada, de ser “el partido de la corrupción”. El responsable –por ahora– de este desastre tiene nombre y apellido, se llama: José Murat Casab, el exgobernador de Oaxaca, quien ejerce un dominio en el tricolor, en el ámbito nacional y de Puebla.

Este fin de semana fue muy representativo de esa crisis, pues por un lado dejaron el partido importantes liderazgos como fueron los casos de Germán Sierra Sánchez, Juan Manuel Vega Rayet, Antonio Hernández y Genis, Armando Díaz Arteaga y Adela Cerezo, y por otro, se incorporó al tricolor Jonathan Collantes, un legislador local cuyo desempeño como representante popular es mediocre y únicamente se destaca por sus constantes escándalos.

Tanto en la salida de unos, como en la llegada de otros, tuvo que ver mucho Javier Casique Zárate, el actual secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y quien se ha convertido en el ejecutor de los intereses particulares de José Murad Casab.

Esta es la explicación del entramado de los “oaxaqueños”:

Para nadie es un secreto que Alejandro Moreno Cárdenas dejó la gubernatura de Campeche para llegar a la presidencia nacional del PRI de la mano de José Murat, quien ha tomado las riendas del tricolor ante la crisis que significó el derrumbe priista en el proceso electoral de 2018 y los escándalos que corrupción que dominaron el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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De lo penal al Penal

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que ya está en marcha la acción penal contra personajes dentro y fuera del morenovallismo que saquearon las arcas estatales.

La Fiscalía General de Puebla elabora las carpetas de investigación para proceder legalmente en la liberación de órdenes de aprehensión.

El gobernador Luis Miguel Barbosa lo dijo –en entrevista con Al Portador- en la que enfatizó que nadie quedará impune y tampoco montará un show para exhibirlos.

“Allá aquellos que buscan una candidatura para competir en la elección del 2021; será su decisión participar, no mía”, advirtió a Valentín Varillas.

Así que antes que arranque el proceso electoral en Puebla (3 de noviembre) comenzarán las detenciones, en la que aquellos personajes involucrados pasarán de lo penal al penal.

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¿Una nueva normalidad política?

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que “Morena no tarda en deslindarse de mí”-adelanta en entrevista el gobernador Barbosa.

Y se sigue con el tema, prometiendo que, el del 2021, será el primer proceso electoral en donde un mandatario no tenga ningún tipo de interés.

Por lo tanto, da a entender que van solos.

Que la capacidad de operación electoral y financiera del gobierno estatal no será una ventaja competitiva para ningún partido o candidato.

¿Será?

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Sumar por Sumar en el PRI

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la llegada de Jonathan Collantes Cabañas a las filas del Partido Revolucionario Institucional representa para el PRI un voto más en el Congreso del Estado y posiblemente la presidencia de la Mesa Directiva, sin embargo, el tricolor cayó en la situación de sumar sólo por sumar, sin revisar los antecedentes del expresidente municipal de Tlachichuca, protegido por Moreno Valle y Víctor Carrancá.

Para algunos ya quedó en el olvido aquel incidente de diciembre de 2011, cuando la ciudadana Socorro Islas Celestino, se acercó al ex gobernador Moreno Valle a preguntarle por qué no estaban llegando los apoyos sociales; el exmandatario la miró y le dijo que la atendería, sin embargo, Jonathan Collantes, entonces presidente municipal se incomodó y ordenó llevar a la mujer a la comandancia, todo frente a la mirada de Rafael, quien ni se inmutó.

Desde los separos, María del Socorro Rufina pudo hacer una llamada al teléfono del reportero Francisco Sánchez Nolasco, quien se encontraba en las instalaciones del periódico Intolerancia y procedió a entrevistarla. Pese a lo que dictan las leyes, la mujer detenida tuvo que utilizar su crédito y equipo celular para comunicarse e informar a sus familiares de su paradero. Las autoridades a cargo del nuevo priista, la mantenían incomunicada.

Aquel sábado, cuando la información de su detención se difundió, principalmente por esta casa editorial, la amenazaron. Ante la presión mediática, sin acusación alguna ni explicarle el motivo de su detención fue liberada.

Debido a la violación de los derechos humanos, por parte de la autoridad municipal, se presentó una denuncia en la agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán y quedó asentada con el número de Averiguación Previa 1245/PG/Ciudad Serdán

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