Luego de cumplirse tres años de la tragedia en la ampliación del Paso Exprés de Cuernavaca, cuando se formó un socavón donde cayó un auto y murieron dos personas, las recomendaciones de la CNDH han sido cumplidas parcialmente y la impunidad es la constante en este caso.
Así lo señaló el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) en su investigación Paso Exprés un caso de corrupción, violación a derechos humanos y reparación.
Se debe recordar que en abril del 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto inauguró la ampliación del Paso Exprés de Cuernavaca, una obra pública que costó más de 2 mil 200 millones de pesos. Sólo tres meses después, el 12 de julio, se formó un socavón en la nueva construcción donde cayó un auto, causando la muerte de dos personas.
El socavón detonó varias investigaciones y procesos institucionales para indagar en lo que sucedió, identificar sus causas, sancionar a los culpables, resarcir daños e implementar cambios que garanticen la no repetición; entre estos procesos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó una investigación y emitió, en octubre de 2018, la Recomendación 34/2018.
El organismo autónomo publicó varios puntos recomendatorios a cinco instituciones: la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca. Esta Recomendación fue aceptada por las instituciones, con lo cual se obliga a su cumplimiento.
Sin cumplir todas las recomendaciones
Sin embargo la realidad es distinta, pues de acuerdo con lo documentado por Fundar algunos de estos puntos recomendatorios siguen pendientes, pues indicó que en general, las dependencias respondieron las solicitudes hechas en tiempo, sin embargo, dado que varios de los puntos no habían sido cumplidos, prevaleció la “inexistencia” de la información. Y en algunos casos, las muestran un importante desconocimiento de su responsabilidad en el avance de las mismas o una lenta diligencia en su cumplimiento.
El análisis de Fundar indicó que a tres años del socavón, no se ha logrado una reparación integral y existe un cumplimiento muy parcial de la recomendación a nivel federal ya que de los 12 puntos recomendatorios realizados a las instituciones federales sólo cuatro se cumplieron satisfactoriamente (33 por ciento), mientras que los otros ocho no lo han hecho cabalmente -tres fueron parcialmente cumplidos (25 por ciento) y cinco están pendientes (42 por ciento)-.
Concluyó que dado que una reparación debe ser integral, la ausencia de un cumplimiento total de las medidas ocasiona que sigan persistiendo las afectaciones a las víctimas y riesgos para las comunidades aledañas.
Puntualizó que la responsabilidad de las dependencias públicas de reparar a las víctimas debe venir aparejada de un seguimiento puntual y compromiso real de avanzar cada una de las recomendaciones de la CNDH.
