Marisol Calva deja el PRI y Karina Romero podría sustituirla en la Secretaría de Operación Política
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que Marisol Calva García, quien venía desempeñándose como secretaria de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, renunció este miércoles a su militancia priísta inconforme por la forma en que vienen tomándose las decisiones al interior del partido y la cerrazón de su actual presidente provisional Néstor Camarillo Medina.
Marisol Calva aclaró que no renunció al PRI para irse a las Redes Sociales Progresistas, sino para impulsar junto con otros jóvenes de distintas fuerzas y organizaciones políticas un relevo generacional.
Dijo que nunca pudo reunirse con Néstor Camarillo y que ayer que la citó la dejó plantada.
Es probable que a la Secretaría de Operación Política, de la que era titular Marisol Calva, llegue en el transcurso de las próximas horas o días la ex regidora Karina Romero Alcalá, hija de la ex presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.
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Entre los industriales textiles y fabricantes de zapatos de Puebla, no cayó nada bien la decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de hacer por invitación restringida a cinco proveedores los concursos para la elaboración y suministro de uniformes y zapatos escolares.
Episodio de maltrato animal podría tirar candidatura de Zenorina González
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que una imagen que generó mucha indignación y rabia el pasado fin de semana, en las redes sociales de buena parte de la Sierra Norte de Puebla, fue la de un can atado dentro de la batea de una camioneta pick–up –estacionada en una calle céntrica de Xicotepec de Juárez– y que tuvo que soportar por una hora una intensa y fría lluvia, sin ninguna posibilidad de protegerse. Se dice que al dueño le pidieron en varias ocasiones que no maltratara al animal y la respuesta del propietario habría sido, palabras más, palabras menos: “Es mi perro y yo hago lo que quiero”.
El asunto no hubiera pasado a mayores si no fuera porque el dueño y maltratador del perrito –ver imagen abajo– es un hermano de Zenorina González Ortega, una mujer que ya fue dos veces diputada local por Xicotepec de Juárez y presidente de ese municipio, y que ahora está buscando volver a ser aspirante a legisladora, pero por Morena, luego de haber tenido una larga trayectoria en el PRI.
Ese episodio provocó una amalgama de corajes, reclamos, insultos, burlas y agravios que generaron miles de mensajes en las redes sociales como resultado, por un lado al maltrato del perrito en cuestión
–que ahora es delito– y por otro, que el torturador del can fuera parte de una de las familias de poder en Xicotepec de Juárez.
A su vez, esa campaña ha generado angustia en Zenorina González, pues podría significar una ola de impopularidad que frustre los planes de esta mujer de convertirse por tercera vez en aspirante a diputada y, sobre todo, que no se concrete su nueva deserción política, pues si algo le ha caracterizado es su pragmatismo y falta de lealtad partidista.
El Jefe Márquez
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el nombre de Jorge Márquez no se debe perder de vista en Puebla.
Se trata del ex oficial de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong a la cabeza, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Este personaje operó como una especie de pararrayos ante los enojos morenovallistas, porque los delegados no hacían lo que él quería.
De una relación tirante, Márquez y el ex mandatario poblano se volvieron aliados, sobre todo en las campañas electorales para evitar los triunfos del PRI.
Márquez operaba las delegaciones, a través de los ojos de otro poblano: Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Sedesol y Sedatu con Rosario Robles.
Peña y “sus gobernadores”
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que para hacer ganar a Enrique Peña Nieto, fue muy importante el dinero y la capacidad de operación electoral de quienes, en la coyuntura del 2012, gobernaban varias entidades del país.
Sobre todo aquellas cuyos mandatarios eran emanados del PRI.
Los acuerdos se signaron al más alto nivel.
Recursos y capacidad de operación electoral garantizados, al servicio del regreso del nuevo tricolor a Los Pinos.
Con algunos de ellos, la relación se deterioró.
¿Alguien sabe dónde está Aréchiga?
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ya pasaron más de 10 meses desde que se sellaron los acuerdos. El aumento al pasaje ya lo pagan los usuarios del transporte público y pese a que los concesionarios prometieron mejoras a las unidades y sobre todo acciones para combatir la inseguridad, lo cierto es que nuevamente se salieron con la suya y le vieron la cara: al gobierno y a los poblanos.
Basta detenerse unos minutos en las calles de la capital para corroborar que ni los choferes son más atentos ni las unidades fueron modernizadas, pero eso sí, la exigencia para cobrar los subsidios por estudiantes es puntual, incluso durante los tres primeros meses de confinamiento, cuando los alumnos comenzaron con las clases en línea, los concesionarios cobraron 31 millones de pesos por esto concepto.
Sobre la mejora en materia de seguridad, el punto más sentido por los poblanos, tampoco hay avances. Las cámaras de seguridad conectadas al C5 que en teoría ayudarían a prevenir asaltos y a activar los protocolos de emergencia desde que en tiempo real se notará la comisión de algún delito, siguen sin cumplir el objetivo.
Los concesionarios se comprometieron a colocar las cámaras y el sistema de interconexión, sin embargo su incumplimiento generó que los asaltos continúen en el transporte público y peor aún que no se actúe de manera inmediata para detener a los delincuentes, ocasionando que la impunidad fomente nuevos atracos.
Así que si alguien ve por algún lado al secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, avísele por favor que el home office no es sinónimo de olvidarse de sus responsabilidades y que urgen acciones concretas para garantizarles seguridad a los poblanos trabajadores que por necesidad y por conciencia ecológica deciden usar el transporte público.