Carvajal pide regularizar ejidos de la Romero Vargas y evitar abusos
Carvajal pide regularizar ejidos de la Romero Vargas y evitar abusos. Foto: Especial

El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, exigió a los tres niveles de gobierno iniciar la regularización de cinco colonias ejidales de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, de Puebla capital, para evitar abusos en cobros de posesión de terrenos.

En rueda de prensa, el diputado federal de Morena por Puebla, Alejandro Carvajal Hidalgo señaló que no existe una agenda por parte de los tres niveles de gobierno, sobre la regularización de la propiedad ejidal, para espacios que se encuentran en la mancha urbana.

Comentó que esta situación que ha generado una falta de certeza jurídica y que la compra-venta de predios se realice de manera irregular, por lo que urgió la necesidad de tomar cartas en el asunto.

Al respecto, vecinos de la Romero Vargas precisaron que de las 450 hectáreas de tipo ejidal en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, 200 quedan por regularizar, mismas que pertenecen a las colonias Santa Cruz Buenavista, La Loma, Guadalupe, La Cañada y Alberto de la Fuente.

Precisaron que dicha incertidumbre jurídica ha ocasionado que los comisariados ejidales impongan cuotas obligatorias y cobros excesivos en la expedición de minutas ejidales -comprobantes de posesión de terreno- cuyo valor oscila entre los 50 mil y los 200 mil pesos, cantidades que, comentaron, podrían ir al municipio en cobro de predial y demás trámites, si se regularizara.

“Todo ese dinero que podríamos estar entrando a las arcas públicas, por cuestiones de predial, permisos, simplemente no existen. No entran a las arcas del municipio, del estado”, comentó un colono.

Aseveraron que la indeterminación de los ejidos del país proviene desde 1992, cuando ocurrieron las últimas reformas de ley en la regularización de tierras agrarias, donde de los más de 32 mil núcleos agrarios del país, se regularizaron 30 mil.

Mencionaron que al gobierno federal le compete iniciar con el proceso de regularización, mientras que el estado y municipio son responsables de coadyuvar, pues estos últimos serían los beneficiados con el pago de predial de las 5 mil familias que -aseguraron- viven dicha situación.

Cabe resaltar que en febrero de este año, ejidatarios de la misma junta auxiliar exigieron a las autoridades dar seguimiento a las acusaciones contra la familia Vera Baéz, acusada de daño patrimonial y de querer mantener un “cacicazgo” en la zona, a base de violencia y tráfico de influencias.

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