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Se avecina una lluvia de denuncias y órdenes de aprehensión

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que uno de los compromisos que hizo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en sus dos campañas por la gubernatura de Puebla fue respetar la división de poderes y terminar con la subordinación del Legislativo y Judicial al Ejecutivo.

En la práctica nada de eso ha ocurrido. Tanto el Congreso del estado como el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Justicia, que supuestamente es un órgano independiente, siguen operando igual que antes, bajo las órdenes del gobernador.

Lo anterior viene a colación por la cascada de procesos y órdenes de aprehensión que en los próximos días se dejarán venir, ahora que se han reanudado las actividades en el Poder Judicial, en contra de decenas de políticos y funcionarios de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.

Muchas de estas denuncias cocinadas al vapor en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita están por llegar, sino es que ya llegaron, al Poder Judicial con la instrucción de que los jueces que las reciban procedan de inmediato a liberar órdenes de aprehensión.

La intención del gobernador Barbosa y el equipo de abogados que lo asesora, comandado por el ex subprocurador chiapaneco Florencio Madariaga Granados, es detonar estos procesos penales antes del inicio del proceso local electoral con dos claros propósitos.

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Rebelión de panistas en San Andrés Cholula, para evitar imposición de Fraile como candidato

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que uno de los proyectos que ha impulsado la presidente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, es que Francisco Fraile García logre la postulación de candidato a alcalde de San Andrés Cholula. Eso ha llevado al llamado “pastor” a desplegar un importante activismo en ese territorio conurbado a la capital; sin embargo, esa intención no ha caído en el agrado del grueso de la militancia panista, que se prepara para hacer una exhibición de fuerza –la próxima semana– para decirle a la dirigencia del albiazul que no quiere un abanderado ajeno al municipio y, sobre todo, se demanda que el aspirante no sea producto de una imposición.

Bajo la idea de que “el candidato sea cualquiera de nosotros, menos uno de fuera”, los principales líderes del panismo tradicional de San Andrés Cholula han recabado las firmas de los militantes del partido para suscribir un documento mediante el cual le advertirán a la dirigencia que no aceptarán un abanderado que no sea avalado por las bases del PAN.

Genoveva Huerta logró desde hace algunas semanas que Francisco Fraile, con el apoyo de destacados morenovallistas, se interesara en tantear el municipio de San Andrés Cholula para medir las posibilidades de ser candidato a edil. Como parte de ese propósito, el exdirigente panista y exsenador, a quien muchos llaman “el pastor del PAN”, ha intentado sin mucha suerte entrevistarse con los líderes de las bases albiazules para convencerlos de sumarse a su proyecto.

La intención de Huerta Villegas respecto a las aspiraciones de Fraile tiene dos propósitos:

Por un lado, quiere recuperar una los bastiones del PAN que se perdieron en la elección de 2018. San Andrés Cholula llevaba más de dos décadas continuas de ser gobernada por el albiazul hasta que hace un par de años la ola lopezobradorista le quitó al Partido Acción Nacional una de las plazas con la militancia más vigorosa y con mucha identidad regional. Sin contar es que es uno de los territorios del país con la mayor plusvalía inmobiliaria.

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Es el voto, estúpidos

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que de los gobiernos más reacios a la reapertura económica y social, el de Puebla transitará irremediablemente por el reinicio de labores.

Es inevitable, ineludible. Factores económicos, pero sobre todo políticos obligarán a reabrir todo con las medidas sanitarias extremas, pero al final de cuentas Puebla también le entra.

Es insostenible la crisis económica para una entidad que reporta una depresión industrial, la ruptura de la cadena productiva, un galopante desempleo con el riesgo de protestas callejeras y un repunte en la delincuencia.

Quizá el elemento toral, valorado a nivel federal y aceptado tácitamente en el ámbito estatal, es llegar a las elecciones del 2021 en medio del desprestigio social por el derrumbe económico.

Sin dinero, pero particularmente sin votos, se prendieron los focos rojos para los propósitos de la Cuarta Transformación.

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Justicia para Puebla…¡ya!

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que coordinó con espantosa ineptitud el operativo de “rescate” de la autopista a Atlixco, tomada por manifestantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan en julio de 2014, en donde es asesinado por policías estatales el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Alteró hechos, sucesos, obligó a sus subordinados a cambiar declaraciones y hechos para “aportar” elementos que soportaran la mentirosa versión oficial de los hechos.

Con ello, sumó a que la entonces Procuraduría General de Justicia llevara a cabo una investigación que tenía como objetivo encubrir a los asesinos de un niño indígena, no hacer justicia.

Vino a Puebla operar un esquema de amarres con la delincuencia, similar al que llevó a cabo como funcionario federal.

Le entregó el estado a las bandas dedicadas al robo de combustible de los ductos de Pemex.

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Genoveva, el enemigo del PAN

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la información dada a conocer ayer por gente al interior del PAN, podría ser el anticipo de la campaña más difícil para los panistas de los últimos años, principalmente porque se puede ir a la quiebra el partido que recién gobernó el estado y todo porque es presidido sin la limpieza ni transparencia que marcan sus propios estatutos.

Un dato revelador es que el presupuesto 2020 que ha ejercido y despilfarrado la dirigencia estatal de Genoveva Huerta, no fue aprobado por el Consejo Estatal del PAN. Al no cumplirse con la legalidad, se corre el riesgo de que el INE suspenda la entrega de prerrogativas para Acción Nacional en Puebla en el año 2021.

Para darnos una idea de la gravedad del asunto, lo que Genoveva Huerta realiza es equivalente a que el gobernador de un estado o el presidente de la república, ejercieran un presupuesto sin que previamente se aprobara una Ley de Egresos.

Hasta ahora lo que se sabe es que en la trama estarían involucrados además de Genoveva, dos de sus asesores externos que reciben jugosos contratos por asesorías: Eduardo Alcántara, y Abel Hernández, además de la pareja sentimental de la presidenta, Irving Vargas.

Éste último, quien trabaja en el partido con la complicidad de la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal, ha tratado de frenar las solicitudes de transparencia y auditorias que han pedido los integrantes de la misma para revisar y autorizar los gastos realizados.

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