Larrea, protegido por la 4-T // Impune, a 6 años del ecocidio
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que se cumplen seis años del peor desastre ambiental de la industria minera del país, es decir, el derrame provocado por la empresa Buenavista del Cobre de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y otros metales pesados en el arroyo Tinajas del municipio Cananea, Sonora, que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, dañó una zona de 271.6 kilómetros lineales del cauce del río y representó un grave daño ambiental, económico y de salud a 25 mil habitantes de ocho municipios sonorenses, dedicados principalmente a la agricultura, ganadería, elaboración artesanal de quesos y dulces regionales, entre otros.
Seis largos años han transcurrido de otro homicidio industrial de Grupo México –como lo calificó el sindicato minero que preside Napoleón Gómez Urrutia, sin olvidar Pasta de Conchos– y los responsables de ese desastre ambiental (dicho consorcio y su dueño, el tóxico empresario Germán Larrea) se mantienen en la impunidad absoluta, lo que no sería novedad, pues a lo largo de los gobiernos neoliberales ambos gozaron de todo tipo de canonjías y tapaderas, a pesar de las barbaridades por ellos cometidas. De hecho, EPN dio carpetazo al asunto, protegió al magnate y nada le importaron las consecuencias ecológicas y la salud de los afectados.
El problema es que, se supone, México dejó atrás la etapa neoliberal y está inmerso en la 4-T, pero parece que en Palacio Nacional se protege al nefasto Larrea, quien no ha dejado de gozar de los favores del gobierno en turno. De hecho, el presidente López Obrador se comprometió (23 de diciembre de 2019) a no dejar impune dicho ecocidio: vamos a atender de manera integral el problema, empezando por la salud de la gente; no se va a quedar nada más en el diagnóstico, sino que vamos a estar actuando; asumimos nuestra responsabilidad.
Pero todo indica que hay un enemigo en casa que explicaría la inacción en el tema citado. La Jornada (Angélica Enciso) publicó un audio (al parecer registro de una reunión sobre temas de energía en marzo pasado) en el que Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se queja, entre otras cosas, de que “Alfonso Romo (jefe de la Oficina de la Presidencia) le pidió ser ‘más accesible con Grupo México’ y le dijo que presionaban mucho a la empresa responsable del derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en el Río Sonora)… Romo es el principal operador para bloquear lo ambiental, la transición energética y la agroecología… Estamos haciendo un esfuerzo en Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro; adentro hay contradicciones muy fuertes”.
De ese tamaño: en la 4-T, la jefatura de la Oficina de la Presidencia garantiza plena impunidad a Grupo México y Germán Larrea, como en los tiempos neoliberales, en los que Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hicieron exactamente lo mismo en beneficio del tóxico empresario, integrante de lo que no hace mucho se conocía como la mafia del poder, o si se prefiere, la minoría rapaz. ¿Qué pasa ahí?
4T: intrigas, distorsiones
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que hoy se cumplen seis años de una de las tragedias ambientales con cargo al minero Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, uno de los principales opositores históricos del arribo de Andrés Manuel López Obrador al poder. Cuarenta millones de litros de sulfato de cobre acidulado fueron vertidos en los ríos Sonora y Bacanuchi, contaminándolos y afectando a unas veintidós mil personas de ocho municipios sonorenses.
Nada se ha hecho, en realidad, para remediar lo sucedido ahí: la impunidad ha sido acremente señalada en un documento oficial por los Comités de Cuenca Río Sonora (https://bit.ly/30tPqYu ), que exigen al presidente López Obrador y a la gobernadora priista Claudia Pavlovich acciones reales y no solo discursos y promesas.
Pero Larrea Mota Velasco sí consiguió, por ejemplo, que el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, empresario con conflicto de intereses que él mismo reconoció antes de aceptar ese encargo, convocara a un desayuno con el secretario federal del medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, para tratar de convencer a este “de que fuéramos más accesibles y, digamos, que presionábamos mucho a Grupo México”.
Toledo, según una grabación que comenzó a circular ayer, habría dicho que Romo “ha adquirido enorme centrabilidad (sic) y poder dentro del gobierno, dado por el presidente; es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo”. En esos afanes, Romo tiene su personalísima pieza operativa: el secretario de agricultura, Víctor Manuel Villalobos, sabido y recontrasabido aliado, promotor y defensor de empresas de cultivos transgénicos y de intereses trasnacionales, a tal grado que en estos días se atrevió a incluir con falsedad el nombre de la secretaría del medio ambiente y su titular para justificar el uso del glifosato (herbicida señalado como cancerígeno) en cultivos mexicanos.
Aparte de las revelaciones específicas, como el presunto cabildeo a través de una de las subsecretarías de Gobernación para tratar de que una consulta pública respaldara la instalación de una cervecera en Mexicali, las palabras del secretario Toledo constituyen una desmitificación e incluso descalificación, pues “la 4T, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. El gobierno está lleno de contradicciones, se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete” (https://bit.ly/39ZeJox ).
Lozoya ya entregó documentos y pruebas
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que desde la comodidad de su hogar y con los privilegios que le ha otorgado la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acogido al “criterio de oportunidad” ha empezado a formular las primeras acusaciones en contra de políticos del sexenio pasado que participaron de la corrupción en la petrolera nacional, tanto en el caso de la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados, como en el de los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht por 10 millones de dólares y que fueron destinados, según declaró ante el juez el exfuncionario, a pagar “sobornos” a diputados y senadores que aprobaron la reforma energética en 2013 y al financiamiento de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.
Según fuentes cercanas a la defensa de Lozoya, la FGR ya recibió “información detallada con nombres, fechas, datos y testigos” sobre los personajes a los que acusará su cliente. Los primeros materiales que entregó Lozoya corresponden a documentos, comprobantes y algunos videos grabados por él mismo en sus oficinas, con los que acusa directamente a exfuncionarios del gabinete peñista como el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien menciona como responsable tanto de la decisión de comprar la planta propiedad de Alonso Ancira, como de haberse reunido con Luis Meneses, director de Odebrecht en México, para que le entregara los sobornos para la campaña de Peña Nieto.
En el tema de la reforma energética, los primeros nombres que señaló Lozoya son los de panistas que eran diputados y senadores durante el proceso de discusión y aprobación de las leyes energéticas. Entre los directamente señalados por el exdirector de Pemex aparece el excandidato presidencial Ricardo Anaya, entonces diputado y presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y los exsenadores de la Comisión de Energía, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente.
En esos primeros nombres se centrarán las primeras acusaciones de Lozoya Austin y los tiempos en los que se armen expedientes o averiguaciones en contra de las personas que son imputadas por el exfuncionario dependen de la FGR que tiene, de entrada, el plazo de seis meses que le otorgó el juez federal para armar bien la causa y las investigaciones sobre el caso Lozoya, tiempo en el que será la Fiscalía la que decida si gira citatorios u órdenes de presentación en contra de los nuevos acusados.
En una segunda etapa, comentaron los allegados a la defensa, Lozoya Austin prepara la entrega de información alusiva a la forma en que se operó la compra de la planta de Agronitrogenados y quienes participaron en esta operación fraudulenta por más de 500 millones de dólares. Además de aportar pruebas contundentes en contra del empresario Alonso Ancira, el exdirector de Pemex también planea revelar cuál era la participación del expresidente Carlos Salinas de Gortari en las decisiones que se tomaban en el gobierno de Peña Nieto, especialmente en la petrolera nacional. “Emilio va a documentar cómo personalmente Carlos Salinas le pidió y lo presionó para realizar acciones y tomar decisiones que tenían que ver con las asignaciones de Pemex y dará detalles de reuniones que tuvo con el expresidente, tanto en su casa de Camino a Santa Teresa como en sus oficinas alternas de Montes Urales, en Lomas de Chapultepec, en las que se hablaba de contratos y negocios en Pemex. En otras ocasiones, también hablará de las reuniones que tuvo con Emiliano Salinas Ocelli, hijo mayor del expresidente, quien lo mandaba a tratar ‘asuntos’ con el director de Pemex”, comentó una de las fuentes cercanas a la defensa de Lozoya.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Ventaja tangible. Para cumplir con los postulados del partido, de que Morena es del pueblo y para el pueblo, y debido a que su padrón no es del todo confiable, sus diputados han planteado que para el relevo de la dirigencia nacional se realice una encuesta abierta a la militancia. Sea como fuere, hay un aspirante que despunta día con día. Mario Delgado, quien suma respaldos entre legisladores. Le apoyan diputados de Aguascalientes, Durango, Sonora, Campeche, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Nayarit, Campeche, Baja Sur y Michoacán, y se espera que en las próximas horas sume adeptos. Delgado afirmó que utilizar la encuesta legitimaría el proceso. Se aclara el camino, y este cierre de filas de diputados federales y locales apabulla a los otros aspirantes. Que se vayan despidiendo.
2. Espinacas. Gran trabajo el que hace Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero necesita fortalecerse. Es por ello que pidió al Congreso reformas que permitan la disposición de dinero asegurado y no reclamado y que los fideicomisos sean considerados vulnerables a actos de corrupción. Además, expuso la urgencia por la definición del alcance de la extinción de dominio y la ley de instituciones de crédito para la disposición de sumas aseguradas y no reclamadas, ya que detalló que dentro de los recursos congelados por la UIF, hay dos mil millones de pesos sin reclamar y no hay facultades para ejercer la extinción de dominio, que podrían ser usados para la sociedad. Con herramientas precisas y confiables se entregarían mejores cuentas. No es un superhéroe. Apóyenlo.
3. Nueva estrategia. La detención de El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en un operativo en el que no se hizo un solo disparo ni se utilizó la violencia muestra la forma cómo deben de actuar los grupos de seguridad, tanto públicos como privados. Iván Ivanovich, de origen serbio y naturalizado mexicano, experto en protección ejecutiva y autor del libro Protección Ejecutiva en el siglo XXI. La Nueva Doctrina, señala que a este tipo de delincuentes hay que combatirlos usando métodos no convencionales. Es decir, los secuestradores, terroristas y asesinos actúan de manera no convencional. A lo largo de la historia las estrategias convencionales casi nunca dieron resultados contra los enemigos que actúan sigilosamente desde las sombras. Un diez a los encargados de atrapar a El Marro.