Para Jessica González Rodríguez, en la audiencia preliminar de la custodia de su hijo en 2017, se violaron sus derechos, pues estuvo sola y sin asesoría legal, lo cual permitió Claudet Gisela Escalante Espino del juzgado primero de oralidad en Mérida, Yucatán.
“Hubo algo mal, se supone que mis abogados deberían estar conmigo y nunca llegaron, no tuve acompañamiento legal, ahora sé que era responsabilidad del juez asignarme al menos un abogado de oficio o cancelar la audiencia, pero se violaron mis derechos porque estuve sin nadie y sin saber nada de leyes y él (el padre del menor) sí tuvo a sus abogados”, señaló González Rodríguez, quien actualmente radica en Cancún, Quintana Roo.
Esta madre relató a Ángulo 7 que esa misma juez del turno vespertino en el juzgado primero de oralidad le otorgó la guardia custodia provisional a su expareja y a ella, la convivencia con el pequeño cada 15 días, con una duración de cuatro horas sábado y otras cuatro en domingo, además de que debe dar una pensión de mil pesos mensuales.
La resolución a favor del padre del niño se dio a pesar de que había una denuncia previa por sustracción del menor por parte del señor, sin embargo, esto no fue suficiente prueba para la juez.
González Rodríguez recordó que el pasado 17 de junio de 2020 se cumplieron 5 años de que se llevaron a su hijo; actualmente tiene 7 años, pero tenía 2 cuando fue sustraído por su papá, quien se lo llevo un día y ya no lo regresó. Se trató de la segunda vez que lo intentaba, pues la primera ocasión, ella sabía dónde vivía.
La primera vez ocurrió en 2014, cuando se fue con el bebé a Mérida; según el testimonio de la madre fue hasta ese lugar por el bebé en compañía de sus padres y fueron los abuelos paternos del menor quienes se lo devolvieron, para ese momento González Rodríguez ya esperaba a su segundo bebé de su expareja.
Luego de que le regresaron al menor, ella junto con sus padres y sin saber cómo ubicarse en la ciudad de Mérida, llegaron al juzgado primero de oralidad con ayuda del GPS para presentar la denuncia por sustracción del menor, pero entonces el padre del niño ya estaba en el juzgado saludando a todos en ese lugar.
La madre relató que ahí no le quisieron hacer caso pues le dijeron que como ella vivía en Cancún allá debía denunciar, por lo que se retiró molesta; cuando regresó a Cancún, no quería que él volviera a ver a su hijo: “me daba miedo de que se lo llevara de nuevo, pero fueron los padres de su ex quienes la convencieron de permitirles ver al niño y esa fue la segunda vez que el padre sustrajo al menor”.
Contó que metió la denuncia por sustracción de menor y en 2016 le llegó una notificación en Cancún de un juicio de guardia y custodia promovido por el padre del niño. En noviembre de 2017, esta madre pudo volver a ver a su hijo, es decir, a dos años después de que se lo llevara.
Puede pasar un año sin avances
La madre acusó que cuando inició la denuncia por sustracción y el señor metió el juicio de guardia y custodia, en todo un año no se avanzó nada, ya que el proceso fue lento: en el juzgado no se movilizaron por darle ese seguimiento pronto al caso.
En la audiencia preliminar a finales de 2017 fue cuando ella tuvo que representarse sola, lo cual, a decir de González Rodríguez, quedó registrado en video.
Recordó que, durante el proceso, en el juzgado sabían que su hijo había sido sustraído y que no tenía comunicación con él.
Con malestar, narró que tardó un año pidiéndole a la jueza convivencia con el menor de edad, mientras que su expareja alegaba que el niño se encontraba con ella cuando esto no era así: “yo le dije que esto era falso y ella no me hizo caso, casi cuatro años después, el 21 de enero de 2019, la misma Escalante Espino le entrega la guardia custodia completa al señor con el mismo monto de pensión”, indicó.
En la sentencia, contó, nunca se consideró la denuncia de sustracción y aunque se tenía un nuevo régimen de convivencia no se lo dejaban ver a la madre; la señora González Rodríguez indicó que antes de que comenzara lo del Covid-19, logró ve a su hijo tres o cuatro veces, porque durante todo un año se alargó el cumplimiento de la sentencia y acusó que ya son 11 abogados los que han trabajado con ella, pero al final todos dejan el caso sin dar explicaciones.
Varios empleos perdidos
La madre del pequeño señaló que solicitó al juez un cambio de régimen de convivencia a una visita de un solo mes, porque ya había perdido tres empleos por los permisos para viajar y ver a su pequeño. Otras cuestiones que le complicaban las finanzas fue que además tiene que estar pagando la pensión y viajar a la ciudad de Mérida que implica un gasto aproximado de 3 mil pesos cada 15 días (avión, viáticos y hotel). Eran 6 mil al mes, más los 3 mil de pensión, daban un gasto de 9 mil mensuales, acotó.
González Rodríguez aseguró que todo esto la afectó no solo económicamente sino psicológicamente, al afirmar que sufre depresión y tener pérdida constante de peso.
Acusó que ella notó que en el juzgado pasa algo extraño, pues su expareja conoce a varios trabajadores de ahí, incluso, se enteró que él tiene una relación con una de las trabajadoras de entrega-recepción de las convivencias, algo que ellas tienen prohibido. Ante lo cual aseguró que tiene pruebas, pero no se las aceptan en el juzgado.
Indicó que ya en enero de 2020 se metió un amparo indirecto en contra el juez del caso para que se conduzca de manera objetiva y se logró que se aceptara la denuncia y el amparo contra el juez pero nos rechazan la denuncia contra el padre del niño.
Con tristeza, señaló que no se le hace justo que, en cuatro años, ella no ha podido pasar tiempo con el menor, pero él, pese a no cumplir con las visitas, no se le ha castigado: “Mi hijo actualmente es un niño bastante reprimido que cambia drásticamente de humor, no me llama mamá…”, acotó.
