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miércoles, septiembre 30, 2020
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Hay pruebas para vincular a Lozoya, dice FGR y PVEM defiende a diputado

Lozoya, con el agua al cuello // Los sobornos de Odebrecht

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que de tiempo atrás los nombres de los involucrados en el enjuague están más que cantados, pero Emilio Lozoya y su defensa siguen con el juego de que en su momento los darán a conocer ante la autoridad judicial, aunque en los hechos son largas y más largas, en medio de la reiterada versión de sus abogados de que el ex director de Petróleos Mexicanos es inocente.

Ayer, ante el juez Juan Carlos Ramírez Benítez –quien lleva la causa penal 261/2019–, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que Lozoya recibió 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para que los asesorara, relacionara con empresarios y políticos mexicanos, y beneficiara con la adjudicación de contratos de obra pública. Además, el indiciado su madre, esposa y hermana tuvieron participación en las transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito de los recursos pagados por Odebrecht, y parte de ese dinero fue utilizado para adquirir una residencia en Ixtapa Zihuatanejo ( La Jornada, Gustavo Castillo, Eduardo Murillo y César Arellano).

Existen pruebas, subrayó la FGR, para vincular a proceso a Lozoya, entre ellas, las denuncias formuladas por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, en las cuales se señala que la empresa brasileña se declaró culpable en una corte en Nueva York, Estados Unidos, de pagar sobornos, entre ellos 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano, de tal suerte que el ex director de la ahora empresa productiva del Estado violó los códigos de ética de los servidores públicos, porque no actuó con la probidad ni confidencialidad requerida, y muestra de ello fue no haber cumplido con los requisitos de licitación pública para la realización de trabajos en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, y haber adjudicado de manera directa una obra de más de mil millones de pesos (ídem).

Aquí la columna completa

Lozoya: todo conforme al libreto

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que hasta ahora ha sido más el ruido que las nueces, aunque ello no significa que, en otro momento procesal y político, no vaya a haber nueces.

Todo bajo control y conforme al libreto: la Fiscalía General de la República aportando datos, indicios y presuntas pruebas; Emilio Lozoya, ahora rebautizado para efectos judiciales como “ERLA” (sus siglas: Emilio Ricardo Lozoya Austin), declarándose no responsable ni culpable e invocando un “aparato organizado de poder” que lo habría obligado a delinquir, y los jueces, José Artemio Zuñiga Mendoza y Juan Carlos Ramírez Benítez, sobrellevando los protocolos de actuación a sabiendas de que todo desembocará en el trato de interés mutuo que han pactado la FGR y Palacio Nacional para que Lozoya no pise la cárcel, reciba “consideraciones” y termine como testigo colaborador.

De España a un hangar en la Ciudad de México y de ahí a un hospital privado (¿y luego, a casita?); de Agronitrogenados a Odebrecht, ¿pasando por el calderonizado Etileno XXI?; de gran corrupto a testigo colaborador, Lozoya ha ido fijando la narrativa de su defensa (declararse un “instrumento no doloso de un aparato organizado de poder alejado del derecho”, de lo cual dará nombres y cargos) a la par que el aparato organizado del poder actual le ha ido cumpliendo las promesas de buen trato y futuro desahogado.

Los dardos, ciertamente, apuntan a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, con Felipe Calderón Hinojosa como fuerte aspirante a entrar a la lista negra, además de otros personajes medianos y menores, de partidismo variopinto. Ya se verá cómo vienen los capítulos de esta serie de suspenso y emociones políticas.

Son pocos los diputados federales (46) y senadores (13) del Partido Revolucionario Institucional y ni siquiera atinan a ponerse de acuerdo en votaciones clave. Este martes, los representantes priistas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dos diputados y dos senadores, sufragaron en sentido distinto. Los primeros (la yucateca Dulce María Sauri Riancho y el coahuilense Rubén Moreira Valdés; ambos, exgobernadores de sus estados) se unieron a la propuesta de Morena para convocar a un periodo extraordinario de sesiones que permita desahogar temas, sobre todo los de interés del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los segundos (Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari y Manuel Añorve, ambos con interés político en Guerrero) se negaron a apoyar a Morena, como parte de lo que se ha llamado el “bloque de contención” al partido ahora en el poder. Con los votos de Sauri y Riancho se pudo convocar al citado periodo extraordinario de sesiones.

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Los camaleónicos tucanes de cola larga

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que los trapecistas y proxenetas políticos que dirigen al Partido Verde, Carlos Puente y Arturo Escobar, salieron ayer en una conferencia de prensa a defender al diputado federal de su partido, Ricardo Gallardo Cardona, ante las investigaciones que ha iniciado en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera, por operaciones con recursos de procedencia dudosa y presuntos vínculos con el crimen organizado. Defenderlo es su derecho y lo respeto, pero atacar y denostar a esta columna y mi trabajo periodístico por revelar, con base en documentos oficiales, lo que investiga la autoridad federal en su contra, es una bajeza y confirma la dudosa trayectoria de esos líderes verdes.

En contra de lo que dice el demagogo líder nacional del PVEM, Carlos Puente, en este espacio no hablamos de manera “irresponsable” y mucho menos sobre supuestos al mencionar una investigación federal en contra del diputado Gallardo Cardona. Lo que publicamos el pasado lunes en este espacio está contenido todo en un documento oficial que reseña las transferencias financieras de más de 22 empresas vinculadas a la familia del legislador y en las que las autoridades federales rastrean temas de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con grupos delictivos como Los Zetas y el cártel de Juárez.

Miente el señor Puente cuando dice que lo publicado parte de supuestos y ocurrencias mías. Hay un documento detallado que me fue proporcionado por fuentes oficiales y que confirma el rastreo de cuentas financieras que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En atención al rigor y la ética periodística yo mismo busqué al señor Ricardo Gallardo el día de la publicación de la columna y le pedí que me diera su versión de los señalamientos y datos financieros mencionados en el citado reporte oficial.

Así que Carlos Puente, con todo respeto, no le acepto que me acuse ni descalifique por hacer mi trabajo y mucho menos que me quiera dar lecciones de ética y de “responsabilidad”. Puente y Escobar, además de haber sido feroces críticos de AMLO y de su movimiento, fueron ambos senadores cuando se aprobaron las llamadas “reformas estructurales” de Peña Nieto, a las que apoyaron incondicionalmente, y en las que según el líder del Senado, Ricardo Monreal, hubo “pagos de sobornos para la aprobación de todas esas reformas”. Pero especialmente en la reforma energética, que hoy está bajo la lupa por lo que está a punto de salir en el proceso judicial contra Lozoya.

Carlos Puente fue integrante de la Comisión de Energía y el 29 de septiembre de 2015, en sesión del Senado donde comparecía el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, decía orgulloso: “En estos tres años, bajo el liderazgo del presidente Peña Nieto, el país ha vuelto a caminar con un rumbo claro, rumbo para probar cada una de las reformas transformadoras que fueron analizadas y debatidas desde este salón de sesiones”. ¿Su voto entonces a favor de la reforma energética y de otras más en el sexenio peñanietista fue por pura convicción, diputado Puente?

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Pataleos. Martí Batres no supera su fracasado intento de reelección como presidente de la Mesa Directiva del Senado. Ahora se quiso cobrar a la mala en el periodo extraordinario y llevó la contraria a sus compañeros de la mayoría legislativa en la votación del dictamen de la terna para elegir al magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Federal Electoral. Actuó con el hígado, pues fue el que, en su momento, resolvió en favor del proceso del que salió electa la ahora dirigente Mónica Fernández. Ayer, ya electo Rubén Jesús Lara Patrón como magistrado, Batres argumentó para sí mismo contra la terna, sin sustento. En la votación se sumaron 86 votos a favor, de un total de 102. El berrinchudo continúa su racha de errores y esta vez ni los suyos, los radicales, le siguieron. ¿Alguien que lo ubique en la realidad?

2. Resurrección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regresó los derechos partidistas dentro de Morena a Alejandro Rojas Díaz Durán, tras revocar la suspensión por seis meses que le aplicó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por supuestos actos anticipados de campaña. Los magistrados consideraron que el órgano partidista no valoró las pruebas en el procedimiento y no se acreditó que hubiera realizado actos anticipados de campaña, en el procedimiento de renovación de dirigencias de Morena. En abril, militantes morenistas interpusieron quejas contra Rojas por usurpación de funciones y manipulación de voluntades, al realizar actos de proselitismo y campaña a su favor. Volvió con ímpetu: “Cuando sea presidente de Morena impulsaré 3 programas estratégicos para seguir apoyando a nuestro Presidente”. ¿Llegará?

3. Para el face. La senadora del PAN, Martha Márquez, hizo gala de sus capacidades histriónicas y se convirtió en un personaje opositor para la foto, el video o las redes sociales. Tomó el escaño de Mónica Fernández, presidenta del Senado, y la sesión reinició con retraso. La panista mostró una pancarta con la leyenda “los mexicanos están tomando las calles, yo el Senado”, en demanda de que también se apruebe en el extraordinario el Ingreso Básico Universal de 3 mil presos mensuales para desempleados y comerciantes afectados por la crisis económica. Las senadoras Citlalli Hernández, de Morena, y Nancy de la Sierra, del PT, intentaron arrancarle la manta, al igual que Antares Vázquez, quien sí logró su propósito. Jaloneos, protagonismos, dimes, diretes. La política a su más bajo nivel.

Aquí la columna completa

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