Avión presidencial, un exceso neoliberal // Debió llamarse Salinas, Díaz o Iturbide
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que de regreso a su base en el aeropuerto de la Ciudad de México, el llamado avión presidencial sirvió de marco para la mañanera de ayer y dio pie para una detallada explicación sobre cuál ha sido el costo para los mexicanos pagadores de uno de los excesos neoliberales (López Obrador dixit), cuya adquisición ordenó el comandante Borolas durante su estancia en Los Pinos.
Cierto es que, como dice el mandatario, la lujosa aeronave es un exceso, pero sólo uno de los miles (con un enorme costo para la nación) que se cometieron durante el régimen neoliberal. Ayer, López Obrador dijo que tener un avión de ese costo es una desproporción, una especie de complejo. Y sí, de ese tamaño es el complejo de Calderón.
El mandatario mexicano detalló que por ese avión se iban a terminar de pagar cerca de 7 mil millones de pesos, porque fue un financiamiento. Nada más el costo de mantenimiento, de viajes al año, significa alrededor de 150 millones de pesos. Además, construir el hangar para alojarlo costó casi mil millones.
Según los neoliberales, el avión daba poder, era símbolo de fortaleza, pero no es así. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No lo da un avión lujoso. Era un gobierno de ricos, para ricos, con un pueblo pobre. Esa fue la forma de gobierno durante el periodo neoliberal. Ese fue el distintivo de los periodos neoliberales. Todo esto lo tenemos que estar subrayando, porque hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno. Añoran, aspiran a que continúen la corrupción, los privilegios. Esa es la característica de la oposición conservadora, dijo el mandatario.
En números cerrados (sin incluir mantenimiento, combustible, gastos por alimentación y bebidas de los pasajeros y conexos), 8 mil millones de pesos. Sólo para dar una idea de qué se trata, ese monto resulta ligeramente inferior al presupuesto 2020 de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 28 por ciento mayor al de la Secretaría de Economía; cuatro veces superior al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 60 por ciento por arriba del de la Secretaría de Turismo; una tercera parte del aprobado para el Conacyt, y sustancialmente más elevado al que ejerce un buen número de hospitales del sector salud.
¿Por qué no “avión Peña Nieto”?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en estricta justicia, no le era necesario al presidente López Obrador ir tan atrás en la historia de los perniciosos ocupantes del máximo poder político mexicano para proponer un nombre estigmatizante al avión presidencial donde ayer realizó de manera escenográfica su conferencia matutina de prensa.
Sí, claro: Agustín de Iturbide, o Antonio López de Santa Anna, o Carlos Salinas de Gortari (los tres nombres que AMLO presentó como irónica propuesta para rebautizar con estigma la nave aérea “José María Morelos y Pavón”), pero, ¿por qué no el más cercano y el auténticamente beneficiado con los excesos derivados de ese palacio flotante, Enrique Peña Nieto, poco mentado en las increpaciones tabasqueñas de la administración federal en curso?
Fue, en realidad, el exgobernador del Estado de México (su esposa, sus familias, sus allegados) quien disfrutó de la ofrenda postsexenal contratada por Felipe Calderón Hinojosa para que su sucesor esperado y concertado, el priista Peña Nieto, viajara y paseara con aires de primer mundo plus a costa de una nación desangrada y desfondada.
En mayo del presente año, la periodista Daniela Barragán, del portal Sin Embargo, publicó lo que mediante una solicitud de transparencia le informaron: Peña Nieto hizo en ese avión presidencial “83 viajes, en los que se detallan los gastos en dólares por un total de 16 millones 496 mil 168 dólares, aproximadamente 313 millones 427 mil 192 pesos. El viaje más costoso fue el de Nueva York (del 26 al 28 de septiembre de 2015, con un costo de 541 mil 813 dólares o su equivalente, 10 millones 294 mil 447 pesos), le siguen uno de seis días a Reino Unido e Irlanda, en 2015; otro de tres días también a Nueva York, en 2016, y uno más de cinco días a Londres, en 2013” (https://bit.ly/30NMFAi ).
¿Quiénes participaron en esos viajes? ¿Realmente solo fueron a los destinos reportados oficialmente? Bueno, Barragán apunta: “En la solicitud de información también se pidieron las bitácoras de viaje y la lista de pasajeros de cada viaje, tanto de la tripulación como funcionarios e invitados, pero debido a que esa información la tiene el Estado Mayor Presidencial, y está en ‘receso’, se declaró imposibilitado formal y materialmente para otorgarla”.
Gallardo, también denunciado por evasión fiscal
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en el contexto de la disputa por la Gubernatura de San Luis Potosí que se renueva el próximo año, al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona le están reviviendo antiguas denuncias que cuestionan su honestidad y la legalidad de sus actividades políticas.
Además de la denuncia que preparan en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los movimientos financieros del legislador y su familia, en la que mencionan presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en la Procuraduría Fiscal federal hay otra denuncia por defraudación fiscal equiparada en el pago de ISR por 7 millones de pesos que, acusan, Gallardo Cardona no pagó al SAT del ejercicio fiscal de 2012.
El asunto va en que la Procuraduría Fiscal interpuso un juicio de amparo indirecto el pasado 1 de julio, en el que solicita a los magistrados del Tribunal Unitario del Noveno Circuito con residencia en San Luis Potosí, la protección de la Justicia Federal para que se subsanen “violaciones de derechos humanos y garantías fundamentales” cometidas contra la parte quejosa, que es la PFF, y pide que se invalide la declaratoria del “no ejercicio de la acción penal” en contra de Ricardo Gallardo.
Pero detrás de toda esta historia de denuncias y acusaciones en contra del actual diputado federal por el PVEM, al que la UIF investiga por sus movimientos financieros y la Procuraduría Fiscal por presuntas evasiones, está, sin menoscabo de las denuncias oficiales y el curso que tomen, una guerra política desatada por la Gubernatura de San Luis Potosí.
Gallardo es uno de los aspirantes declarados al Gobierno estatal y ya figura en varias encuestas de empresas como Consulta Mitofsky, Gabinete de Comunicación y otras en primer lugar de preferencias, seguido del aspirante del PAN, Xavier Nava, actual alcalde de la ciudad de San Luis Potosí.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Apúrenle. La Unidad de Inteligencia Financiera investigó a una serie de empresas acusadas de especular con envíos de alimentos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La pesquisa es asistida por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros, según declaró Santiago Nieto, titular de la UIF. Al menos una empresa mexicana habría recibido millones de barriles de crudo venezolano bajo un pacto de petróleo por alimentos. Hasta ahora ninguna de las siete compañías mexicanas y personas físicas, que despacharon despensas al gobierno de Maduro, a través de empresas fantasmas, y que establecieron un acuerdo reparatorio ilegal con la Procuraduría General de la República, en 2018, recibió alguna acción penal ni el bloqueo de sus cuentas. ¿Prescribirán estos delitos?
2. Problema de fondo. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo a senadores que 85% de los sindicatos federales ya modificó sus estatutos para permitir el voto libre y secreto de los trabajadores, mecanismos de rendición de cuentas para impulsar mayor número de mujeres en sus órganos de dirección. Sin embargo, consideró un reto lograr que ocurra lo mismo a nivel local, ya que sólo 9.5% de los sindicatos registrados en los estados ha realizado esos cambios. De los más de 2 mil sindicatos federales que tiene el país, sólo 168 han realizado la legitimación de sus contratos colectivos, y 144 están inscritos para hacerlo en los próximos meses, una vez que se pase a semáforo amarillo. Alcalde tiene ese tema pendiente: limpiar el sindicalismo. ¿Podrá?
3. Exageraciones. En estos días si algo ha llamado la atención es lo ostentoso de la aeronave presidencial José María Morelos y Pavón. Pero más allá del lujo, está el dinero que se debe invertir en su uso y mantenimiento. De escándalo para un país que requiere de austeridad para sustentar el desarrollo. Entre 2016 y 2018 el gobierno federal gastó en el avión 408 millones 489 mil 560.12 pesos por 122 giras nacionales y 36 internacionales, informó Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena. Detalló los gastos de mantenimiento por parte de la administración pasada para mantener la aeronave adquirida en 2012 por el gobierno de Felipe Calderón. Y en su último año de mandato, Enrique Peña gastó 176 millones 891 mil 656 pesos en 37 viajes nacionales, 10 internacionales y el mantenimiento de la aeronave. El glamour presidencial. ¿Y los beneficios?
