Puebla es uno de los 12 estados del país en las que se carece de un marco jurídico apropiado para la defensa de los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos y es de los cuatro que mantienen disposiciones que regularon el uso de la fuerza pública en manifestaciones.
Así lo dio a conocer el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) en su “Informe libertad de expresión en México 2020”, en el que se incluyó el “Índice Estatal de Libertad de Expresión 2020”; Puebla se ubicó en el sexto lugar del ranking con una calificación de 5.08, mientras que el primer lugar lo tuvo Guanajuato con 5.82 y en último figuró Sonora con 2.04.
Casede señaló que además de Puebla, los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas también carecen de leyes apropiadas para la defensa de trabajadores de medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos.
Es decir que en estos estados cumplen en el papel con la adopción de principios de derechos humanos, pero no desarrollan normas ni instituciones para garantizar su efectividad.
Precisó que Puebla, el Estado de México, Morelos y Quintana Roo mantienen disposiciones que regularon el uso de la fuerza pública para casos de asambleas, manifestaciones o reuniones que consideren violentas o ilegales.
Sin reacción rápida para medidas urgentes
Para realizar el índice se analizaron tres dimensiones: 1. Marco legal de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos; 2. Pluralismo en los medios de comunicación y 3. Seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, además de 11 indicadores y 22 variables.
Fue en la dimensión de marco legal en el que Puebla reprobó con un puntaje de 1.7, en este rubro el estado se ubicó en el puesto 21. En la tema de pluralismo en los medios apareció en el lugar 16 con una calificación de 4.75 y en el rubro de seguridad de periodistas y activistas obtuvo un 8.8 colocándose en el peldaño siete.
El estudio del colectivo puntualizó que Puebla, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Tamaulipas pese a tener: monitoreo de riesgos y agresiones e Implementación y seguimiento de medidas de protección y prevención, ninguno cuenta con reacción rápida para la implementación de medidas urgentes.
Los estados que registran el mayor porcentaje de denuncias por delitos contra ambas poblaciones (defensores de derechos humanos y periodistas) son Veracruz (8.9 por ciento), Chiapas (8.1 por ciento), Michoacán (7.3 por ciento), Yucatán (6.8 por ciento) y Oaxaca (6.2 por ciento).
Por su parte, Puebla, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas están por debajo del 1 por ciento de las denuncias por estos delitos.
