Urge cambio de modelo // Ex legisladores, nerviosos
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que en la medida en que la pandemia no ceda y se logre achatar la curva de contagios, la economía seguirá en pleno deterioro y los efectos sociales serán crecientes. Cómo estará la cosa, que hasta el siempre rígido Fondo Monetario Internacional insta a los gobiernos de aquí y allá a mantener y ampliar la canalización de fondos en apoyo de los grupos vulnerables, algo impensable en un organismo (¿ahora populista?) que ha tenido mucho que ver, precisamente, en la pauperización de millones de seres humanos.
A escala global el panorama es ingrato, pues nadie encuentra la fórmula para domar al monstruo, pero ¿cuál es el horizonte inmediato para México? El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico analiza el punto y de su resultado se toman los siguientes pasajes.
México enfrenta una recesión que provocará un cambio estructural sobre su economía y sociedad. La magnitud de la crisis ya se conoce: la mayor caída industrial desde 1934, situación que provocó una contracción de la economía en su conjunto que este año podría implicar un retroceso superior a 7 por ciento del producto interno bruto (PIB).
¿Cuál es el punto de partida? El freno aplicado entre marzo y julio a los motores de crecimiento y generación de empleo no sólo exacerbó la recesión, sino que ha generado incertidumbre sobre cuántas empresas (grandes, medianas y pequeñas) sobrevivirán y a partir de ello qué ocurrirá con el empleo, la inversión y el crecimiento del país durante el siguiente lustro.
De ese resultado dependerá la evolución de la pobreza y el bienestar de la sociedad mexicana: el gasto público asistencial no bastará para evitar la precarización; sólo el crecimiento económico lo puede lograr. Toda crisis es un depredador del bienestar social. Causa fragmentación y polarización, porque destruye empleo al erosionar la capacidad de inversión de las empresas y del propio gobierno.
INE: el menospeorismo
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que de consumarse hoy, como todo apuntaba hasta ayer en la noche, la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el criterio desfallecido del “menospeorismo”, la llamada Cuarta Transformación habrá desaprovechado clamorosamente una oportunidad, tal vez difícilmente repetible, de iniciar un proceso auténtico para desenmarañar y depurar uno de los nudos principales que han frenado el desarrollo democrático de la nación.
Apremiado por los tiempos jurídicos que le incitaron a una rápida resolución, entrampado por un mecanismo de toma de decisiones que no supo encauzar hacia el mandato de cambio político profundo que dictaron sus electores, el ebrardista Mario Delgado, es decir, el partido Morena en su vertiente legislativa en San Lázaro, podría ejecutar hoy alguna suerte de malabarismo político (con sus aliados, el Verde, el PT y el PES, con los que algo se habrá de ceder y negociar) para sacar adelante la votación en cuanto a las citadas consejerías electorales, pero no habrá hecho lo suficiente para impulsar la urgente revulsión en el INE que diera certidumbre a los delicados procesos comiciales en puerta e impulsara en los ciudadanos la confianza plena en la organización y resultados de esas jornadas electorales.
A dos años del arrollador triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, y a casi veinte y veintitrés meses, respectivamente, de ejercer el mando en los poderes ejecutivo y legislativo, parecería increíble e imperdonable el caer por propia creatividad en un problema cuya importancia y trascendencia requería planeación y ejecución oportunas y eficaces.
Las decisiones iniciales que tomó Delgado sobre el tema fueron de ingenuidad política o de excesivo deseo de quedar bien con segmentos civiles no morenistas, a los que entregó la representación de esa cámara para fines de evaluar a los aspirantes a ocupar en el INE los cuatro asientos mencionados.
Ese comité evaluador se constituyó con tres designaciones hechas por San Lázaro, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos más por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El método de evaluación fue decidido por esos siete integrantes y, según el doctor en derecho Juan José Cano Ugalde, los criterios eran más formales que de fondo, más enfocados en aspectos teóricos que en el análisis crítico de la realidad del INE, sin debate real, con tendencia a privilegiar una noción sesgada, conservadora o continuista de tal instituto (https://bit.ly/30DO8ZO y https://bit.ly/2CDbjvj ).
El círculo se cierra en torno a Ancira
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que tras la extradición de Emilio Lozoya, con un acuerdo que todo apunta lo convertirá en “testigo colaborador”, ahora las baterías de la Fiscalía General de la República y del Gobierno mexicano se enfocan todas a lograr la extradición de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México y coacusado de Lozoya en la compraventa de la planta de Agronitrogenados. Ancira no solo es pieza clave para el armado del maxiproceso que quiere abrir la FGR a partir de la información y pruebas que aporte el exdirector de Pemex en contra de varios personajes de la política mexicana, también el vínculo que puede conectar al expresidente Carlos Salinas de Gortari con toda esta trama de corrupción.
Pero hay además un elemento político que lleva a acelerar la petición de extradición contra el empresario salinista, actualmente libre bajo fianza en España: la molestia particular que Ancira causó en Palacio Nacional cuando declaró en España, durante la vista judicial de su juicio la mañana del 10 de marzo de 2020, y criticó fuertemente al presidente López Obrador y a su Gobierno. “López Obrador es un mitómano del tamaño de Hitler”, dijo el empresario mexicano, quien pidió no ser extraditado porque “México es un país sin leyes” y él aseguró ser “víctima y un daño colateral”, de la intención del Presidente para golpear al anterior Gobierno, además de que acusó al Mandatario mexicano de que con sus acusaciones los está llevando a la quiebra.
Esas y otras duras frases en contra del presidente López Obrador, dichas por Ancira Elizondo ante los magistrados de la Audiencia Nacional española, fueron tomadas como un reto del empresario acerero al Gobierno de la 4T que hoy tiene como prioridad extraditarlo y hacer que responda en México ya no solo por los 500 millones de dólares de sobreprecio que obtuvo por la venta fraudulenta de su planta Agronitrogenados, sino por otras demandas y acusaciones que le están preparando para intentar sumarlas a las causas de extradición.
Una de ellas, por ejemplo, son los mil 500 millones de pesos que adeuda Alonso Ancira a la Federación por concepto de falta de pagos de agua de sus empresas, de adeudos a la Comisión Federal de Electricidad e incluso de adeudos fiscales al SAT. La cuenta y los detalles están en manos de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que analiza la forma de sumar esas demandas por incumplimientos de pagos al proceso que se sigue en contra de Ancira Elizondo.
Pero no es la única, a raíz de que fue detenido y de que se agravaron los problemas financieros para Altos Hornos de México, al empresario le han surgido nuevas denuncias como la que interpuso en su contra el Sindicato de Trabajadores Mineros, por el pago de cuotas sindicales retenido a los trabajadores. En total le reclamaban un adeudo de 372 millones 636 mil pesos.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. El abismo. Campeche traía problemas económicos insalvables desde que inició la administración de Carlos Miguel Aysa González, gobernador sustituto, pero la pandemia de covid-19 acentuó la recesión económica que se arrastraba desde hace tres lustros. No pudo pasarle nada peor al estado que la combinación coronavirus-Aysa. Va tan mal su gestión, que Campeche reprueba seis de los ocho indicadores de los semáforos económicos de la organización México ¿Cómo vamos? Presenta “foco rojo” en crecimiento económico, empleos formales, pobreza laboral, informalidad, desigualdad laboral y ocupación del gobierno, mientras que en deuda pública y productividad está en “amarillo”. Lo peor no son los colores de las cifras, sino el rojo del coraje que tienen los campechanos. Pura desilusión.
2. Fuertes indicios. Los habitantes de Ecatepec, en el Estado de México, se quejan de su presidente municipal, no sólo porque no atiende la criminalidad, el desempleo o las necesidades básicas de sus pobladores, sino, además, lo consideran el peor gobierno municipal y piden al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador ponga orden, ante las acusaciones contra Fernando Vilchis, el presidente municipal. Cuentan que junto con Esmeralda Vallejo, titular del DIF, tienen a gran parte de su familia en la nómina. Por si fuera poco, el gobierno de Ecatepec es visto como el más represor. Y para acabarla de amolar, ya es famosa la intolerancia de Vilchis, a quien no le gusta que le digan sus errores y bloquea en redes sociales a los internautas; por cierto, una acción fuera de la ley.
3. La justicia del billetazo. En un desesperado intento por evitar el proceso penal y la extradición de Estados Unidos a México, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha tramitado desde 2017 al menos 30 amparos, los cuales han sido rechazados por distintos juzgados federales. El gobernador Javier Corral dio a conocer que la investigación por peculado y corrupción involucra a miembros de su familia, principalmente esposa, hijos, hermanos y hermanas. Hasta el momento se le ha negado la protección de la justicia federal y se han ratificado las órdenes de aprehensión libradas por jueces de Control en el estado, pero valdría la pena saber qué juez no va a aguantar el corrupto cañonazo millonario.