Quejas por… aplicar la ley // Lozoya comienza a hablar
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que como diría el filósofo de Atlacomulco, no hay chile que les embone. Emilio Lozoya, en calidad de delincuente y a petición del gobierno mexicano, fue capturado en España, enchiquerado en aquel país y extraditado bajo la figura de testigo colaborador, pero parece que a ciertos grupos políticos el procedimiento no les gustó, por mucho que, en su momento, sus respectivos partidos promovieron y aprobaron modificaciones para que tal procedimiento fuera legal. Y lo es.
El presidente López Obrador dice estar de acuerdo “con la Fiscalía General de la República de que se inicien estos procedimientos… y si existe el marco legal en el país debe de aplicarse, porque así se obtiene información. Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco. Se presentaba nada más o se sabía de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco”.
Entonces, dijo el mandatario, “el hecho de que haya este procedimiento, por el cual se le puedan incluso reducir castigos o penas –si lo establece la ley, desde luego– a cambio de que aporte información de implicados, porque no es uno, siempre es una red. ¿O qué?, ¿las bandas nada más son las del crimen organizado? No, también la delincuencia de cuello blanco, son redes, en algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación”.
¿Qué establece la ley respectiva? (la Federal de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, en vigor desde el 5 de diciembre de 2012 y aprobada por panistas, priístas y perredistas). Simple: Testigo colaborador es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad.
Y dicha ley distingue entre lo que es la víctima del delito, el ofendido de un delito, el testigo incidental y los testigos colaboradores, que son los delincuentes, que se acogen a este sistema, mal conocidos como testigos protegidos y en la mayor parte del país víctimas, porque quedan desprotegidos por la impunidad y viene a llenar una laguna, porque no había un sistema de protección a los testigos protegidos. Las modificaciones a la ley fueron promovidas por diputados panistas, priístas y perredistas, y aprobadas por el pleno de San Lázaro.
IFE-INE, demanda de cambios reales
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que resulta de una desmemoria mayúscula pretender la defensa e incluso el elogio del aparato de organización antes llamado Instituto Federal Electoral (IFE) y, luego de 2014, Instituto Nacional Electoral (INE).
Exagerado consumidor de recursos públicos, con una estructura operativa que más allá del brillo de algunos de sus consejeros ciudadanos permitió la convalidación de procesos oscuros o abiertamente adulterados, el IFE nació en 1990 como respuesta de la administración de Carlos Salinas Gortari a las acusaciones de fraude en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de un frente cuyo núcleo fue de expriistas e izquierdistas. El primer presidente del IFE fue el entonces secretario de gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, maestro político de Manlio Fabio Beltrones.
En 1996, ya con Ernesto Zedillo Ponce de León en plan de modernizar mediante una “despriización” (él estableció la “sana distancia” entre la presidencia de la República y el PRI), el IFE dejó de ser presidido por el secretario de gobernación en turno, que era el mexiquense Emilio Chuayffet, para dar paso a un ciudadano con antecedentes de participación en organizaciones sindicales y partidistas de izquierda, Isaac José Woldenberg Karakowsky, a quien sucedió en 2003 Luis Carlos Ugalde (impulsado por la profesora Elba Esther Gordillo), el responsable histórico del fraude electoral de 2006, con Felipe Calderón Hinojosa como beneficiario.
Luego de Ugalde quedó por unos meses Andrés Albo y, por un lapso de más de cinco años, Leonardo Valdés Zurita, a quien correspondió cerrar los ojos ante el cúmulo de irregularidades cometidos por la mafia política que con carretadas de dinero se hizo de la presidencia de la República para que Enrique Peña Nieto la utilizara como mecanismo de retribución económica y política a esa suerte de sindicato político del crimen que le llevó a Los Pinos.
En 2014, como respuesta a ese evidente deterioro del que ya era llamado Instituto del Fraude Electoral, se realizó una reforma constitucional que amplió facultades a un “nuevo” órgano que se denominó Instituto Nacional Electoral, presidido por un académico especializado en asuntos electorales y relacionado políticamente con ciertos segmentos de izquierda, Lorenzo Córdova Vianello, a quien tocó dar por válida la victoria arrolladora de Andrés Manuel López Obrador y una amplia plantilla de candidatos a puestos de elección popular, en una final en la que el partido en el poder, el PRI, se allanó con rapidez para ser el primero en reconocer el triunfo del tabasqueño y evitar cualquier turbulencia.
El padrino, pero de los Lozoya
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que cuando el Presidente citó mal el viernes pasado la obra clásica de Mario Puzo, El Padrino, para decir que don Vito Corleone había mandado a estudiar a su hijo al extranjero –cosa que en realidad nunca sucedió en la novela– muchos pensaron que era solo uno más de los errores e imprecisiones que suele cometer el Mandatario en sus largas alocuciones mañaneras; pero los cercanos de Palacio Nacional dicen que en realidad López Obrador estaba mandando un mensaje cifrado y con destinatario preciso: el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
“Está como el asunto de los que van a estudiar al extranjero, el hijo del Padrino, según la novela de Mario Puzo, estudió en el extranjero, lo mandaba ‘El Padrino’. Y así los que más daño le han hecho al país, son los que supuestamente tienen más conocimiento sobre el manejo de la economía, son los que han acabado con el país”, dijo el Mandatario en su conferencia del 17 de julio en Manzanillo Colima. La alusión a Salinas de Gortari, a quien quería comparar con Vito Corleone, fue aún más clara y directa, cuando les comentó a los reporteros: “Hay uno de ellos que yo le llamó el padre de la desigualdad moderna, que fue Presidente y estudió en Harvard, ahí les dejo de tarea que investiguen quién fue”.
La comparación entre Carlos Salinas y “El Padrino”, de Puzo fue totalmente intencionada; no fue una ocurrencia ni algo que se le haya ocurrido en el momento a López Obrador. El expresidente es, de hecho, padrino de bautizo de uno de los hermanos de Emilio Lozoya, Juan Jesús Javier Lozoya Austin, y tuvo siempre una relación muy cercana con el exdirector de Pemex por el compadrazgo con su padre, Emilio Lozoya Thalmann, excompañero de la Facultad de Economía de Salinas de Gortari, junto con Manuel Camacho, y exdirector del IMSS y exsecretario de Gobierno durante el sexenio salinista.
A ese “padrino” se refería en realidad el Presidente. Porque cada vez es más claro que, más que a Enrique Peña, a quien Lozoya ofreció “poner” o “acusar” como uno de los artífices de la corrupción en Pemex es al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien se acercó en el sexenio pasado al hijo de su compadre para proponerle “negocios” y recomendar a inversionistas que estaban interesados en participar en las rondas petroleras que la reforma energética del peñismo abrió para la explotación de la riqueza petrolera del país.
La manera en la que van a involucrar a Salinas de Gortari en la corrupción de Pemex sería a través del empresario Alonso Ancira, actualmente preso en España y acusado junto con Lozoya de la operación fraudulenta en la venta de la planta de Agronitrogenados.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Como ganarse la lotería. El caso Odebrecht representa un caso emblemático de corrupción en Latinoamérica y hoy, que es investigado en México, permitirá conocer los alcances que tuvo en el involucramiento de servidores públicos, afirmó el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Recordó esta trama de corrupción se extendió a, al menos, nueve países de la región, que, tras sus propias investigaciones, se castigó a decenas de políticos, hoy toca hacer su parte a México tras la extradición de Emilio Lozoya. “Existe la posibilidad, hoy, de descubrir en México quiénes estuvieron involucrados en esos actos de corrupción porque en nuestro país, hasta este momento, no hay nadie detenido, salvo Lozoya. Se espera demasiado al exprimir a este exfuncionario. ¿O sólo es un vano anhelo generalizado?
2. Esmero. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, demandó a la Fiscalía General de la República cuidar la salud, así como la vida, del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, debido a la información que posee sobre grandes actos de corrupción cometidos, presuntamente, a lo largo del sexenio pasado y que implicarían a un gran número de políticos. También respaldó la decisión de la FGR de mantener como testigo colaborador a Lozoya porque es una manera de obtener información no sólo para que todos los responsables de un delito vayan a la cárcel, sino también para evitar que conductas delictivas e indebidas vuelvan a repetirse en la historia de México. “Se vale” hacer uso de la figura jurídica y legal para acabar con “la peste” que representa para México la corrupción, aseveró el mandatario. Se les acabó la mina de oro.
3. Políticos en peligro de extinción. La regidora de Comondú, Baja California Sur, presumió en redes sociales el platillo que está por comer: una tortuga caguama en su caparazón. Erika Celene Venalonzo Camacho publicó una fotografía del ejemplar en peligro de extinción cocinado con verduras junto al siguiente mensaje: “A comer!!!”, acompañado de un emoji de carita feliz. Ante las críticas, la política de Morena aseguró que se trataba de una fotografía de hace 50 años. Las reacciones no se hicieron esperar, pues la imagen es digital y de alta calidad, algo impensable en los años 50, fue bautizada como #LadyCaguama. De acuerdo con el Código Penal Federal, se habría ganado una pena de uno a nueve años de prisión, pero siendo de Morena, seguramente buscará impunidad. Otro yerro morenista. Uno más.