La CDH acreditó que policías municipales del ayuntamiento de Puebla detuvieron de manera arbitraria a dos personas a principios de octubre de 2018; uno de los asegurados fue torturado, por lo que emitió una recomendación donde le pide a dicho gobierno reabrir la investigación a los efectivos involucrados.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (CDH) los hechos ocurrieron en los últimos días de la administración de Luis Banck Serrato, siendo secretario de Seguridad Pública municipal, Manuel Alonso García, pero el proceso fue concluido este año, por lo que tendrá que ser el actual gobierno de Claudia Rivera Vivanco el que deberá dar cumplimiento.
De acuerdo con el documento 10/2020, que derivó del expediente 5838/2018, la queja interpuesta por una de las mamas de las víctimas señaló que el 1 de octubre de hace 2 años dos personas (hombre y mujer), se dirigían en su automóvil luego de salir de un baño de vapor, cuando tres vehículos les cerraron el paso bajaron cinco personas, que en su momento fueron señalados como Policías Ministeriales por las víctimas.
Tras esto, ambos ciudadanos fueron detenidos cerca de las 4 de la tarde, sin embargo, los policías pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público hasta las 2:20 de la mañana del siguiente día, es decir, casi 10 horas después, por su posible participación en los delitos de cohecho, posesión de arma de fuego sin licencia y contra la salud.
Durante este tiempo, el hombre narró que previo a subirlo a la patrulla lo encañonaron con un arma 9 milímetros, le taparon la cabeza para llevárselo a otro lado donde le exigieron el dinero de un presunto robo millonario de relojes en una tienda de la zona comercial de Angelopolis.
Sin embargo, al no dar contestación a ello lo empezaron a golpear con puñetazos en el costado y culatazos en la cabeza y pecho, sumado a que le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y con una lámpara me daban toques en el cuello, lo que le causó lesiones físicas acreditas por personal médico, tiempo en que lo habían separado de su esposa.
Tras esto, fue después de las 2 de la mañana del 2 de octubre cuando dichas personas los entregaron a policías municipales, mismos que los trasladaron a las instalaciones de Rancho Colorado, para posteriormente llevarlo al hospital por los golpes que recibió mientras que a su pareja fue emitida a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ministeriales fueron señalados, pero FGE no lo acreditó
Por ello, tras investigar el caso y pedir información a las dependencias correspondientes el organismo autónomo a cargo de José Félix Cerezo Vélez, acreditó que hubo violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, integridad y seguridad personal por parte de cinco policías municipales.
La CDH explicó que, aunque se le pidió un informe a la FGE, toda vez que fueron señalados igual elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AIE), la Dirección de Derechos Humanos de dicho organismo dijo que no hay datos que acrediten su participación en los hechos, e incluso informó que quienes pusieron a disposición a los detenidos fueron efectivos municipales.
Tras esto, la CDH emitió al ayuntamiento capitalino a cargo de Claudia Rivera Vivanco una recomendación pidiendo que se proporcione a los afectados atención integral que incluya la atención médica y en su caso psicológica, que les permita superar las secuelas generadas por los hechos.
Que se reaperture el expediente administrativo del caso, a fin de que determine la resolución que conforme a derecho proceda; se colabore con la FGE en la investigación contra los policías involucrados y se instruya al personal de la seguridad pública a que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano.
Así como sean capacitados en materia de respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, mientras que a la FGE le pidió que continúe con la integración de las carpetas de investigación para que determine ejercicio de la acción penal por los hechos.
