Organizaciones que impulsaron la Ley General de Aguas, exigieron a la Cámara de Diputados que tome en cuenta las propuestas recabadas en los 35 foros estatales, entre ellos el de Puebla, donde se pidió que no haya cortes de agua y drenaje y una distribución equitativa.
Por una parte, el movimiento Agua Para Todos manifestó que si bien la iniciativa del diputado federal, Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, está centrada en los derechos humanos, la gestión pública y la participación ciudadana, hubo exclusiones y viola consensos generados en los foros estatales.
Entre ellos que no se contemplan mecanismos efectivos para la participación ciudadana-gubernamental; el Consejo Nacional sería consultivo y la Conagua nombraría sus integrantes y los Consejos Regionales serían dominados por grandes usuarios, aunque en estos últimos su participación se determinaría por el volumen de agua concesionada, no desde una perspectiva de derechos humanos y dando más poder a quien ya lo tiene.
Además de que perpetuaría las actuales dinámicas de compra, venta y especulación en concesiones y derechos al agua, y una dinámica bajo la cual una autoridad central “ajusta” la disponibilidad para favorecer un nuevo megaproyecto no sustentable, sumado a que no contempla mecanismos para corregir las graves dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento ni del abuso de poder.
De igual forma, hizo hincapié en que no contempla una Contraloría Social del Agua, ni prácticas eficientes y exigibles para que la autoridad en la materia sea obligada a corregir las dinámicas de sobreexplotación y acaparamiento de las aguas concesionadas, y fragmentaría y debilitaría a la Conagua, pues al crear un “Servicio Nacional Hídrico”, se invaden competencias del actual Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua.
Agregaron que igual mantendría prácticas discriminatorias en contra de pequeños concesionarios, al exigirles los mismos requisitos que a los grandes usuarios, y se mantendría la contaminación impune, al determinar que cada quien contratará su propio inspector, ya que tampoco cuenta con mecanismos para obligar la reparación de daños.
Exclusión de propuestas impide gobernanza del agua
Sobre el tema, Omar Jiménez Castro, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), en Puebla, expuso que, derivado del foro que se hizo, fueron entre siete y diez propuestas las que se presentaron y que “fueron rasuradas” en la iniciativa de ley, por lo que no se llegará a la “buena gobernanza” del agua por la que han pugnado.
Refirió que, entre los puntos que enlistó la ASA, están que no haya cortes de agua, ni de drenaje para uso doméstico y personal, que el costo de la tarifa sea proporcional, no haya estratificación dependiendo de la zona donde se viva, pues no hay cuidadnos de primera, ni de segunda.
Así como que sea prioritario el agua para riego, que se tenga una Fiscalía General del cuidado del agua, donde se tenga que combatir la corrupción de las grandes empresas que existen y que llegan a comprar a los gobiernos, que la distribución sea de manera democrática en un uso razonable y equitativa, y que la tarifa no sea mayor al 3 por ciento del ingreso mensual del usuario.
“Todo parece que le quieren seguir dejando abierto el candado a las empresas transnacionales y la iniciativa privada para que puedan seguir teniendo el acceso libre para la privatización del agua y eso ya no coincide con la iniciativa que se vino construyendo”, expresó.
Ley tiene avances, pero no es suficiente
Por otra parte, Agua Para Todos manifestó que entre los avances que se tienen con la nueva iniciativa es que se sientan las bases para el acceso equitativo y uso sustentable del agua a través de la participación ciudadana-gubernamental y se crean mecanismos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en su territorio.
De igual forma, no permite la privatización de sistemas municipales ni de obras hidráulicas, ni el uso de aguas nacionales para la extracción de hidrocarburos y que los Consejos Regionales propondrían ternas para el Director de su Organismo Regional, y podrían bloquear la autorización de concesiones que vulnerarían su derecho al agua
“Exigimos que se realice un dictamen a través de un proceso innovador centrado en el bien común por encima de los intereses particulares, que involucre a ambas Cámaras, pueblos, la ciudadanía, organismos de derechos humanos y dependencias del medio ambiente y del agua”, expuso Agua Para Todos.
