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El cinismo de Calderón y Guanajuato unido contra el crimen

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Guanajuato y los “entendimientos”

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que no es usual en México que un político fuertemente confrontado con otro acepte abiertamente una equivocación y diga que se dispone a enmendar. Al menos en el escenario público eso sucedió ayer en Irapuato, donde Diego Sinhue Rodríguez, panista que gobierna Guanajuato, reconoció el error de ausentarse por sistema de las reuniones matutinas de seguridad pública con representantes de las fuerzas federales correspondientes al gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador.

En tiempos tan caracterizados por el endurecimiento de posiciones políticas e ideológicas resulta loable que contrincantes acerados tracen posibilidades de entendimiento, para bien de sus representados (un ejemplo de esas virtudes inmediatas de la diplomacia se acaba de registrar en Washington, durante la visita del presidente mexicano al estadunidense).

Sin embargo, como sucedió en la capital del vecino país norteño, las postulaciones escénicas y discursivas no son vías automáticas ni necesariamente eficaces para la solución de un problema como, en este caso, el que se vive en Guanajuato (sobre este punto, puede verse el análisis de Arnoldo Cuéllar, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, @poplabmx: https://youtu.be/xnuCUwd6d08 ).

Entregada durante casi treinta años a los políticos panistas como pago inicial por el reconocimiento “de facto” que hicieron de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, Guanajuato es una entidad estructuralmente dominada por prácticas políticas, policiacas y judiciales que han permitido el ascenso de grupos delictivos, en particular el Cartel de Santa Rosa de Lima, dirigido por José Antonio Yépez, alias el Marro, cuya detención parecería ahora más cercana si se coordinan los recursos estatales y federales, aunque ello no necesariamente significaría un cambio, más allá del facial, respecto a la realidad guanajuatense regida por la corrupción política, el contubernio de mandos policiacos con los delictivos y la persistencia de negocios de robo de combustible y los demás que son propios del crimen organizado.

Es evidente que en ese contexto se necesita más que unas horas de presunto entendimiento entre poderes en pugna creciente. El gobernador Rodríguez cedió una aparente victoria al presidente López Obrador (que, además, podrán usar los panistas para “demostrar” que son capaces de rectificar, mientras a su contraparte morenista la acusan de una cerrazón total), pero se quedó, por lo pronto, con una especie de tregua o retiro de banderas de guerra del obradorismo contra el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa (once años en el cargo y aún le quedan siete más, conforme a decisión del congreso local, de mayoría panista).

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Caso Lozoya, ¿bomba pareja o selectiva?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que a unas horas del arribo de Emilio Lozoya Austin a territorio mexicano, el nerviosismo se apoderó de buena parte de la clase política mexicana, ante los pronósticos de un “terremoto” que -en palabras del líder de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal- “sacudirá a la política nacional” con videos y revelaciones sobre pago de sobornos en efectivo, favores y hasta transferencias de recursos públicos en el año 2013 que habrían beneficiado a políticos, en su mayoría diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM en las anteriores legislaturas, incluidos algunos que hoy son gobernadores estatales y otros que fueron candidatos presidenciales.

A estas alturas, cuando hoy a la una de la tarde aterrice el avión de la FGR que traerá desde España al exdirector de Pemex para enfrentar su proceso legal, no queda duda de que lo que traerá bajo el brazo Lozoya Ausrin tendrá el impacto de una “bomba política”, cuya onda expansiva alcanzará incluso el proceso electoral del 2021 y pondrá al descubierto la forma poco ortodoxa como operaba el grupo político de Enrique Peña Nieto en aras de conseguir sus objetivos.

Lo único que falta saber es si esa “bomba” será pareja y para todos los que aparezcan involucrados en los videos, grabaciones y señalamientos directos que hará Emilio Lozoya, o si se tratará de un “impacto selectivo” en el que se filtrará y seleccionará a quienes sí exhiben e imputan pública y judicialmente, dependiendo del partido al que pertenezcan y del beneficio político o electoral que signifiquen esos nombres. Del paquete de “información” que ofreció Lozoya Austin en su negociación, se sabe de al menos tres tipos de “aportaciones”, unas son conversaciones telefónicas y presenciales grabadas con exdiputados y senadores, sobre todo los que formaban parte de las comisiones de Energía en ambas cámaras, y también con algunos gobernadores estatales de esa época; otros son videos de algunos legisladores grabados en su oficina y algunos más son solo señalamientos.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. No me ayudes, compadre. Ante la urgencia de una democracia pulcra, el INE debe ser perfeccionado. Como institución ciudadana ha perdido confiabilidad. Y ante la propuesta de ajustar la maquinaria del órgano, el expresidente Felipe Calderón salió en su defensa. “La credibilidad de las elecciones depende de un INE autónomo”, escribió, con el hashtag #YoDefiendoAlINE, pero fue rápidamente vapuleado. Lo que se necesita es una renovación y transformación profunda del instituto electoral para que nunca más se vuelvan a solapar a usurpadores, como pasó en 2006. Califican de cinismo hablar así cuando Calderón y Vicente Fox, a ojos de la oposición, vulneraron la democracia en 2006 y la retrasaron 12 años. Con este tipo de promotores, beneficiarios de fraude electoral, y John Ackerman como reparador del instituto, ¿para qué quiere defensores el INE?

2. El canto de la política. De exfuncionario a extraditado, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, llegará entre miércoles y jueves a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hace unos días que Lozoya está dispuesto a declarar sobre los nombres de quienes estuvieron coludidos en delitos, y se dice que hay hasta legisladores involucrados. Interesantes comparecencias nos esperan. Mientras el PRI busca su reposicionamiento en redes sociales, con miles de cuentas y bots en una red dedicadas a reforzar la imagen del “revolucionario institucional”, Lozoya, una de sus irónicas efigies, ya cruza el Atlántico para sepultar al tricolor. ¿Cuántos acompañarán a Lozoya?

3. Ya encarrerados… Armando Guadiana, senador de Morena, propuso desaparecer cuatro instituciones. El coahuilense presentó una iniciativa de reforma constitucional ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual contempla reformas a los artículos 41, 102 y 105 de la Constitución. Plantea integrar a la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación, el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y, en su lugar, crear un Consejo Nacional de Derechos Humanos. Este organismo, según Guadiana, contaría con siete comisionados que estarían en el cargo por 10 años y tendría autonomía, independencia, personalidad jurídica y patrimonio propio. Stop! No a la destrucción, bájenle dos rayitas a su creatividad.

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