Tener a la presidenta del DIF en la nómina y cobros a ambulantes sin registrarlos en la Tesorería son algunas de las irregularidades denunciadas por regidores contra la gestión del alcalde de Rafael Lara Grajales, José Alejandro Vera Palacios, a quien buscan que el Congreso local destituya.
Así lo informó, en entrevista con este medio, el asesor jurídico de tres regidoras del Cabildo, Alejandro Tapia Cortés, quien señaló que la esposa del edil, Adriana Suárez Ramírez, la que está cobrando como presidenta del DIF, a pesar de ser un cargo honorario.
Precisó que tiene conocimiento que el organismo municipal recibe el 15 por ciento del presupuesto total del ayuntamiento, que es de 31 millones 53 mil 152, es decir, le etiquetaron este año 4 millones 657 mil 972.8 pesos.
Refirió que, si bien saben que el DIF se encarga de apoyar a los sectores vulnerables en el municipio, que le toque esa cantidad es mucho, ya que es más de lo que se destina a rubros como seguridad, infraestructura, lo que ha generado que no se vean “avances” en la demarcación.
Aunado a esto, dijo, que, aunque en un principio se tenía firmado un convenio para la entrega de desayunos fríos y calientes en escuelas, no se tuvo registró de que hayan llegado, lo que se suma a que el organismo buscó cambiar de proveedor, pero sin detalles de cuánto costará.
Respecto al cobro que hacen a los ambulantes, dijo que la Comuna está permitiendo la instalación de los comerciantes con un permiso, el cual les cuesta 200 pesos, sin embargo, los recibos que entregan están impresos con montos de 20 pesos.
Refirió que si bien no se sabe cuál es el padrón de comerciantes que tiene el ayuntamiento, es más lo que se “clavan” que lo que entra a las arcas municipales, sin que la Tesorería quiera dar un informe de esta situación.
Servicio de alumbrado se lo dio a su hermano
De igual forma, Tapia Cortés manifestó que Vera Palacios ha actuado en nepotismo, ya que cuando inició la administración se tenía un convenio con una empresa por el servicio de alumbrado público, el cual no mantuvo con el argumento de que analizarían si seguiría o no.
No obstante, afirmó que esto solo fue para darles largas para que su hermano, del que no mencionó su nombre, constituyera una empresa y le dieran el contrato de dicho servicio, el cual ha trascendido que fue por 1.5 millones de pesos.
Al cuestionarlo sobre si hay pruebas de estas irregularidades, el litigante señaló que debido a que el ayuntamiento ha sido opaco no se han podido conseguir, ya que el tesorero, del que no dio su nombre, es amigo de su hijo, mientras que el contralor, quien tampoco dijo como se llama es “muy amigo” del alcalde.
Por ello, aunque se pida alguna información, no la dan y hasta lo defienden, sumado a que los regidores han presentado solicitudes de información vía transparencia al menos en dos ocasiones, pero que tampoco han sido contestadas.
