PrimerPlano-LoQueDicenLasColumnasDe-Puebla

Premian a funcionaria de Leo Paisano nombrándola Oficial Mayor de la SEP

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta sigue dando palos de ciego en la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública del estado, a la que acaba de llegar una funcionaria de bajo perfil y negros antecedentes: María Cecilia Sánchez Bringas.

Se trata de la que fuera directora de Ingresos del ayuntamiento de San Andrés Cholula en los cuatro años ocho meses de la corrupta gestión del panista Leoncio Paisano Arias.

La nueva funcionaria designada personalmente por el gobernador Barbosa sustituye a María Inés Núñez Monreal, prima del senador Ricardo Monreal Ávila y quien antes de venir a Puebla laboró para el gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, como directora del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos (Itesco), donde fue acusada de cometer anomalías por 139 millones de pesos.

La Unidad de Administración y Finanzas de la SEP sustituyó a la Oficialía Mayor de esta dependencia, de la que fue titular Óscar Chapa Palomeque, actualmente preso por haber autorizado y pagado a sobrecosto la elaboración de uniformes escolares en 2019.

A su paso por el ayuntamiento de San Andrés Cholula, Sánchez Bringas no fue ajena a las acusaciones de corrupción. En marzo de 2016 fue acusada de desfalco por tres cajeros de la Tesorería Municipal por disponer ilegalmente de dinero de las cuentas del impuesto predial y de las cajas para préstamos personales.

Aquí la columna completa

¿Desafuero con dedicatoria?

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que una duda quedó sembrada en la clase política local, donde confluyen personajes de todos los colores y sabores y de todas las ramificaciones generacionales, una vez que los diputados de la mayoría morenista y sus aliados aprobaron la reforma constitucional para eliminar el fuero del gobernador, el auditor superior del estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los propios legisladores.

¿Quitar el fuero a estos personajes obedece a un genuino interés del gobernador Luis Miguel Barbosa por obsequiar un poco de equidad a ciudadanos mundanos frente a los poderosos servidores públicos, lo ha hecho, como alertan académicos y empresarios este día en las páginas de EL SOL DE PUEBLA, para contar con un arma política adicional en contra de sus detractores, o para ajustar cuentas con algunos de los funcionarios del pasado que hasta esta semana gozaban de inmunidad constitucional?

Por supuesto, los legisladores afines al régimen en el poder argumentan la primera de las motivaciones y recurren a las promesas que hiciera Miguel Barbosa en campaña para confirmar su dicho, que se trata de una medida que tiene como única finalidad dotar de mayores elementos de fuerza y equidad a la justicia.

El propio gobernador usó ese razonamiento en su conferencia de prensa mañanera este jueves, donde no solo celebró la acción de los 28 legisladores locales que aprobaron la reforma, de 41 que integran el Congreso del Estado, sino que insistió en la puesta en marcha de una nueva etapa democrática para el estado, donde poco a poco, según esto, se irán eliminando los privilegios de la clase gobernante.

Sin embargo, ya sabe usted que en esto de la política siempre hay “peros” y “asegunes”, o pelos en la sopa, para decirlo de manera más coloquial, el mismo Barbosa realizó una expresión que obliga a pensar en una reforma con dedicatoria para algunos de los morenovallistas que hoy continúan, aunque sea agazapados, en el ejercicio del poder.

Aquí la columna completa

Los que fingieron, los que se corrompieron y los que desnudaron el caso Chalchihuapan

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que a seis años del acto más emblemático de la represión morenovallista, que es el caso Chalchihuapan, es también importante hacer un recuento que en aquella ocasión hubo muchos políticos que fingieron y/o se corrompieron para aparentar que les interesaba esclarecer la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo –que fue asesinado en esa episodio obscuro–, también hubo los que no se quisieron enfrentarse con el entonces mandatario Rafael Moreno Valle Rosas y los que lograron desenmascarar las mentiras oficiales del gobernador de Puebla más autoritario de las últimas cuatro décadas.

Conocedores del tema, narran que en las dos semanas posteriores al 9 de julio de 2014, fecha de la represión al pueblo de Chalchihuapan, una serie de operadores de la extinta Secretaría General de Gobierno –entonces a cargo de Luis Maldonado Venegas– empezaron a visitar a activistas de derechos humanos, abogados que se involucraron en este caso, a legisladores, dirigentes partidistas, medios de comunicación y hasta líderes nacionales de fuerzas políticas, para intentarlos convencer a fuerza de entregar beneficios económicos de la “verdad histórica” del morenovallismo.

Era una “verdad oficial” absurda e infame, inventada por el entonces procurador de Justicia, Víctor Carrancá, de que el niño Tehuatlie lo habían matado los pobladores de Chalchihuapan con un cohetón y que además, el menor había participado en el enfrentamiento con la policía.

Al final la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desnudó este episodio y demostró que el pequeño era ajeno al conflicto y que murió a causa de un proyectil lanzado por la Policía Estatal. Pero esta intervención se dio gracias a la presión de un grupo de senadores, no por voluntad propia del ombudsman de ese momento Raúl Plascencia Villanueva.

Frente a esto hechos, lo que más destaca es el silencio ominoso que hubo y sigue habiendo del Partido Acción Nacional, que pese a ser una agrupación política que pregona la oscurantista doctrina social de la iglesia Católica, guardó un silencio cómplice frente a un artero asesinato de un niño inocente.

Aquí la columna completa

Tehuacán, cuesta arriba

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ahora que se notificó al Cabildo de Tehuacán sobre la intención para lograr su disolución y que entraría en funciones un Concejo Municipal, es momento de reconocer que la segunda ciudad más importante de Puebla se encuentra sumergida en un pozo, principalmente por la inseguridad y sus últimos malos gobernantes.

El municipio que colinda con Veracruz cuenta con una importante industria textil, también con una de las refresqueras más reconocidas del país, hay atractivos turísticos, pero el desarrollo se ha vuelto cada vez más difícil.

Ese diagnóstico lo conoce y muy bien el gobernador Miguel Barbosa, no sólo porque es su tierra natal, sino porque continuamente se traslada a Tehuacán, en donde continúa escuchando la voz de los tehuacaneros.

El próximo lunes será importante escuchar qué es lo que el alcalde suplente, la síndico y los regidores del municipio de Tehuacán responden ante las inquietudes de los diputados. En las preguntas y en las respuestas podremos entender de qué tamaño es el daño al erario y también si detrás de esta histórica resolución se encuentran razones jurídicas o simplemente políticas.

Por lo pronto a los tehuacaneros les preocupa nuevamente la situación de gobernanza en su municipio porque entre la salida abrupta de Felipe Patjane, quien actualmente se encuentra recluido, y los seis meses que se quedaron sin alcalde, las cosas no pintan bien.

Aquí la columna completa