Como anillo al dedo
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 le ha caído al gobierno del estado, y en especial a la secretaria de Administración, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, como anillo al dedo para incumplir con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
En lo que va del año, el gobierno del estado se ha rehusado a transparentar qué bienes y servicios ha pagado o contratado, a qué montos y a qué proveedores, frente al cómplice silencio de las instancias encargadas de la rendición de cuentas, en particular el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (ItaiPue).
Los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con la honrosa excepción de los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC), se han hecho tontos para exigir por lo menos una explicación sobre la opacidad del portal de Transparencia Covid-19, donde se supone que la administración barbosista iba a detallar los gastos extraordinarios que ha tenido que realizar para atender la contingencia sanitaria.
En este contexto llama la atención la publicación de un acuerdo el pasado lunes 29 de junio en el Periódico Oficial del estado, donde los secretarios de Gobernación, Planeación y Finanzas, Administración, Función Pública, Economía, Infraestructura y Salud, expiden lo que denominan “Lineamientos para las Acciones Administrativas Extraordinarias, en materia de Adjudicaciones, Contrataciones y Adquisiciones de Obra Pública, Bienes y Servicios, derivadas de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19), para incentivar una pronta recuperación económica, que genere Bienestar Social”.
Dicho acuerdo, que más bien parece una excusa para incumplir la Ley de Adquisiciones por causas de fuerza mayor, es una justificación para que estas dependencias adquieran o contraten bienes, servicios y obra pública sin necesidad de convocar a licitaciones públicas.
Frágil y sin fundamento, el acuerdo que removió a los dirigentes de Morena Puebla
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la disputa por la dirigencia de Morena en Puebla está muy lejos de terminar pues, aunque aparentemente se ha concretado la remoción de Mario Bracamonte González y Eduardo Arturo Carreño Ortiz, como delegado y secretario de organización del partido, respectivamente, el conflicto se ha alargado y ahora llegará a los tribunales, ya que los agraviados tienen todos los elementos jurídicos para defenderse y echar abajo su supuesta destitución.
Tal situación exhibe el desastre que está provocando Alfonso Ramírez Cuéllar al frente de la dirección nacional de Morena, que lejos de conseguir la cohesión e institucionalidad del partido, ha generado en unas pocas semanas una avalancha de confrontaciones y divisiones que seguramente harán crisis en el próximo proceso de selección de candidato a diputados y alcaldes.
Hace unos días la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió un acuerdo de la dirigencia nacional de Morena mediante el cual se remueve a varios delegados del partido, en distintos estados del país, entre ellos Puebla. Lo que hizo el INE, solamente fue acatar el cambio que comunicaba dicha fuerza política y por esa razón borró de su listado de dirigentes a Bracamonte y Carreño para el caso de la entidad poblana.
Lejos de que ese movimiento diera certeza jurídica a Morena Puebla, se le acabó de dar instrumentos a los dirigentes removidos para que echen abajo esa determinación que se adoptó el pasado 22 de mayo por el CEN morenista y por ende, se sigue profundizando la crisis de la fuerza política de izquierda más importante del país.
¿Qué sustenta el anterior dicho? Algo muy sencillo, en su deseo de Alfonso Ramírez Cuéllar de cobrar venganzas contra todos aquellos que era cercanos a Yeidckol Polevnsky, la líder destituida de este partido, se cometieron yerros jurídicos de primaria. Estos son algunos de esos vicios:
La simulación, otra pandemia
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que si alguna explicación hay que buscar para que Puebla se mantenga en el pico más alto de la epidemia, frente otras entidades que van de salida, nada más que usar la palabra simulación.
Eso, y no otra cosa, fue lo que se hizo en la entidad. Si quiere hallar a los responsables, nada más ubique a los más feroces críticos que ahora reclaman la inmediata reapertura económica.
El caso más evidente fue expuesto esta semana por el INEGI: Volkswagen y AUDI, empresas alemanas que debieron cumplir con la suspensión de operaciones ante la pandemia, produjeron más de 11 mil vehículos en el mes de junio.
Está claro que el decreto gubernamental fue echado a la basura y que sus acciones de capacitación, ocultaron en realidad el arranque de sus operaciones. El resultado fue un centenar de contagiados y tres muertos.
Oooootra evidente simulación se registró en el comercio y servicios. Mientras a los negocios establecidos se les impuso camisa de fuerza, los ambulantes gozaron de cabal salud en la mayoría de los municipios.
Los temas escabrosos
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que qué bueno que en el contexto de la visita del presidente López Obrador, el gobierno mexicano haya exigido un reporte de la famosa operación “Rápido y Furioso”.
Esa aberración oficial operada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, que tuvo como consecuencia la venta de armas a las bandas de la delincuencia organizada mexicana, supuestamente para rastrearlas y así darle forma a operativos conjuntos de combate a estos grupos.
Más de 2 mil 500 estaban consideradas en el programa, pero bajo una logística similar, muchas más fueron vendidas de forma ilícita.
Desde el gobierno norteamericano, se diseñó un multimillonario negocio de venta armas a delincuentes nacionales, que dejó como saldo una logística que sin duda sigue siendo utilizada para garantizar que los grupos de facto cuenten con arsenales de tecnología de punta para realizar sus actividades delictivas.
Conocer a fondo lo anterior, saber con precisión quiénes y cómo se involucraron, desde distintas instancias oficiales en ambos países, explicaría en buena parte de la complicada realidad que vivimos en México en materia de crimen organizado.
El adiós al fuero, una promesa cumplida
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que el fuero ese manto protector que en los últimos años los diputados y gobernadores de Puebla utilizaban para protegerse al violar la ley, por fin fue eliminado.
Ayer, con una votación que tuvo algunas complicaciones técnicas, en parte por el home office, los diputados de Puebla aprobaron una iniciativa con la cual los legisladores, el auditor, los magistrados y hasta el gobernador, deberán rendir cuentas en caso de que se les señale por cometer algún abuso o presunto delito.
El tema era prioritario para el gobernador Miguel Barbosa, así lo dejó de manifiesto cuando solicitó al Poder Legislativo que consideraran un voto a favor para, acabar con los privilegios de una clase política que por años sintió que el brazo de la justicia no la alcanzaría.
Sí bien el mérito histórico será de los legisladores, lo cierto es que la idea de eliminar el fuero era una propuesta que desde hace algunos años y desde diferentes tribunas impulsó el gobernador.
Enhorabuena para los poblanos que por fin podremos exigir cuentas a personajes que se sentían blindados.