(Segunda parte)
Como lo he señalado en varias ocasiones, el Covid no solo ha sido letal para la salud de miles de mexicanos, sino también para las empresas y el empleo. Recientemente, el Inegi informó que la población ocupada en el país bajó de 57.4 millones de personas en marzo de este año, a 45.4 millones de personas en abril; en tanto que la Comisión Económica para América Latina (Cepal), advirtió que en México la pandemia obligará el cierre definitivo de alrededor de 500 mil empresas formales, lo que se traducirá en la pérdida de 8.5 millones de empleos.
Por su parte, el Coneval prevé que para el segundo trimestre de este 2020 la pobreza laboral habrá aumentado de 37.3% a 45.8% y que la tasa de desempleo llegará a 5.4%. Según el organismo, los efectos potenciales de la actual coyuntura sanitaria podrían incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales la pobreza laboral, lo que significaría un aumento de la población en situación de pobreza extrema por ingresos de entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020.
Jaramillo-Bonilla (Nexos, 2020) sostiene que, entre marzo y abril, la llamada “brecha laboral” en México, pasó de 12.7 a 33.1 millones de personas. Aunque con los datos publicados en junio por el Inegi, el dato de la brecha laboral se amplió a 34.3 millones de nuevos empleos. Esto implica que, según este análisis, se tendrían que generar 21.2 millones para regresar al nivel previo a la crisis del Covid.
Es claro que el desempleo ocasionado por la pandemia nos puede conducir a una auténtica crisis humanitaria. Por ello, diversos organismos internacionales han sugerido que México debe adoptar medidas urgentes para atender esta situación, entre las cuales se destaca la creación de un salario mínimo vital de emergencia.
Tomando en cuenta la experiencia internacional, en México, integrantes de diversos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, hemos generado distintas propuestas para que el Estado Mexicano garantice a las y los mexicanos un “Ingreso Básico Universal”, un “Ingreso Básico Ciudadano” o un “Seguro de desempleo para trabajadores formales e informales”.
En general, las propuestas se centran en la entrega de un monto de dinero determinado durante un periodo de tiempo previamente establecido, a las personas que se vieron afectadas económicamente a causa de la actual contingencia sanitaria. La idea es que este monto garantice un ingreso mínimo básico por encima del límite de la pobreza establecido por el Coneval.
Para lograr lo anterior, en la iniciativa de ley que presenté en la Cámara de Diputados, propuse facultar al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias en caso de existir condiciones extraordinarias que obliguen a la suspensión de actividades públicas de carácter comercial o profesional, como de hecho ha ocurrido por la pandemia. Lo que implica, a su vez, reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que, en el supuesto anterior, el Estado deberá garantizar un Ingreso Mínimo de Emergencia para el Bienestar de las y los mexicanos. Asimismo, propuse que las personas que sean beneficiarios de programas sociales solo reciban una aportación suficiente hasta coincidir con la Línea de Bienestar publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Acompañando esta iniciativa, presenté un punto de acuerdo solicitando a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y a la Junta de Coordinación Política, la discusión inmediata de las diferentes propuestas que se han presentado, en este mismo sentido, por los diferentes partidos políticos, en la que también participe el gobierno federal a través de las secretarías de Hacienda, Trabajo y Economía.
No podemos esperar más. La velocidad con la que nos sigue golpeando la pandemia y el impacto económico que está dejando a su paso, nos obliga a tomar decisiones urgentes para evitar que esta emergencia derive en una crisis humanitaria de consecuencias irreversibles.
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