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Optimismo y economía // Jueces, aliados del crimen

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada e n la Jornada, indica que por optimismo no paramos, y el presidente López Obrador está convencido de que en materia económica ya tocamos fondo y hay indicadores buenos; vamos hacia arriba y vamos a salir adelante; puedo decir con seguridad que a partir de julio empezamos a recuperarnos y ésa es una muy buena noticia. Música para los oídos, pero con pies en la tierra.

Desde mediados de 2018 se sabía que la caída económica en México y en el mundo era cuestión de meses, pero llegó el ya famoso bicho y aceleró el deterioro. Desde aquel año nadie se atrevió a pronosticar ya no se diga un periodo de jauja, sino una estabilidad medianamente aceptable y manejable, pero llegó el Covid-19 y arrasó. A nivel global todo está destartalado, aunque cierto es que tarde que temprano el planeta superará las terribles condiciones en que se encuentra. Más nos vale.

En vía de mientras, y siempre con el objetivo de apoyar a las familias más necesitadas, el presidente López Obrador anunció que se inició un operativo para entregar por anticipado cuatro meses de pensión a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Esto significa destinar más de 40 mil millones de pesos para que nuestros adultos mayores tengan algo de ingresos, que tengan algo que los ayude. El erario al servicio de los ciudadanos, no de los grandes corporativos.

Entonces, debemos ser optimistas, sí, pero con todas las reservas del caso. Por ejemplo, el Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– advierte que la inercia de la economía es recesiva, por lo que se requieren de nuevas medidas de política económica para superar el momento que vive el país; la economía mexicana vive un momento que definirá la tendencia de su evolución durante los próximos tres años.

En su conjunto, los indicadores adelantado y coincidente presentan el camino por seguir: la reactivación de la economía mexicana dependerá del soporte que se otorgue al sector productivo, es decir, del entorno y de los apoyos que se generen para el sector real de la economía: la creación de empleo depende de la producción que se realice en el país, ya sea para el mercado interno o para la exportación. La comercialización de esa producción tiene una estrecha relación con la capacidad de compra de la población.

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Peña y sus partidas secretas

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el periodista Pablo Ferri ha publicado en el diario español El País dos entregas sobre irregularidades y opacidad en el manejo de dinero público destinado a tareas de procuración de justicia, con el mentiroso Jesús Murillo Karam como titular, y de asuntos de seguridad nacional, con los secretarios peñistas de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida, como principales responsables de gastos excesivos y sin la comprobación adecuada.

En un primer trabajo periodístico, Ferri dio a conocer que durante el paso de Murillo Karam por la Procuraduría General de la República se extrajeron de manera irregular unos 102 millones de pesos (7.8 millones de dólares conforme a la cotización de aquella fecha) correspondientes a una especie de partida secreta destinada a asuntos generales de “seguridad”. Luis Lagarde, también hidalguense, fue el encargado de retirar en efectivo los depósitos previos que en paquetes de cinco millones de pesos se iban depositando de manera sistemática (https://bit.ly/2BBrh8G ). La averiguación previa sobre este tema está en vías de ser “judicializada”, según reportaron fuentes de la ahora Fiscalía General de la República. Este podría ser el caso por el cual Murillo Karam podría ser consignado judicialmente.

En una segunda entrega se ha informado que en la administración de Peña Nieto se gastaron unos 52,750 millones de pesos de una partida secreta conocida como “gastos de seguridad pública y nacional”. Según el reporte de Ferri, “la naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos”. La mayor parte de esos “gastos” (unos 40 mil millones de los 52.7) fueron hechos por los secretarios Osorio Chong y Navarrete, sobre todo para órganos de extraordinaria opacidad en su manejo de dinero: la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la operación de los centros penitenciarios federales.

Los señalamientos periodísticos en mención abren la puerta a indagatorias más profundas. Además, confirman que el ejercicio de la función pública durante el peñismo fue un ejercicio concertado de corrupción, con la “procuración de justicia” y la “guerra contra el narco” como grandes negocios para políticos y “servidores públicos” que utilizaron los recursos de la nación sin mayor control real.

Por otra parte: el poder judicial, en los estados de la República y en su expresión federal, constituyen una de las zonas de mayor reticencia al intento de minar la corrupción. Ministros, magistrados, jueces y circundante personal calificado han defendido, hasta ahora con éxito, la operación “independiente” de tal ámbito que es uno de los tres que en teoría deberían garantizar el buen funcionamiento de la nación.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. No exageren. La subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, a cargo de Alejandro Encinas, afirmó que hay estados y municipios que siguen aplicando medidas restrictivas a la ciudadanía, violando sus garantías. “Los retenes, cierres de fronteras y de carreteras son restricciones severas al derecho al libre tránsito. La CDMX, estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General para establecer cordones sanitarios”, externó. Incluso, si se argumentara que pudieran tener competencia, estas medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad. Saberlo sirve de algo, pero las autoridades, ¿lo entienden?

2. Manos a la obra. Tras la liberación de El Mochomo, presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hubo corrupción, por lo que informó que se inició una investigación contra la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, María del Socorro Castillo Sánchez, quien ordenó la libertad de José Ángel N. Ayer se dieron a conocer unos audios en los que se escucha a Francelia Salgado Patiño, madre de El Mochomo, hablar con un hombre sobre el avance de la negociación para liberar a su hijo y, en una parte, ésta le dice: “Acuérdese que quedamos, que como dicen dando y dando…”, haciendo una clara alusión a que no le entregarían dinero, presuntamente a la jueza, hasta que liberaran a su hijo. Aunque El Mochomo está arraigado, los audios revelan el nivel de corrupción que aún hay en las instituciones que deben impartir justicia. Que no quede impune, caiga quien caiga.

3. Instituciones vetustas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer su Plan Sectorial 2020-2024, en el que reconoce la necesidad de reestructuración de organismos como Caminos y Puentes Federales; el Sistema Satelital Mexsat y Correos de México. En lo que respecta a este último se observa un decrecimiento del 44% en los ingresos por envío de correspondencia en los últimos 7 años. En materia de telecomunicaciones, algunas de las metas son incrementar el uso del servicio de internet, al pasar del 65.7 al 77.2% del total de la población. Aumentar la cobertura de servicios de banda ancha, al pasar de 87.3 al 95% de la población. Ampliar el uso del servicio de internet entre los grupos en situación de vulnerabilidad, al pasar de 37.2 a 52.8 por ciento. Mucho trabajo para el secretario Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT. ¡A darle a la modernidad!

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