(Primera parte)
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante el segundo trimestre del año se perdieron a nivel global 400 millones de empleos, el equivalente a la suma total de la población de México, Brasil, Argentina y Chile. Cerca del 10 por ciento de la pérdida de empleos en el mundo ha ocurrido en Estados Unidos, donde 43 millones de personas, lo que representa una cuarta parte de la fuerza laboral total de aquel país, han solicitado seguro de desempleo.
Estas cifras resultan sumamente preocupantes si consideramos que, según la OMS, lo peor de la pandemia está por venir. Su director, Tedros Adhanom, acaba de declarar que Estados Unidos sigue siendo el principal foco del virus, con 2.5 millones de casos y 126 mil decesos. Y que, de hecho, es el continente americano el que registra la mitad de los casos a nivel global. Lo que significa que, de continuar así la tendencia, América será la región en la que el Covid registrará más contagios, más muertes y más desempleo.
El problema es que, a diferencia de Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos, incluido México, no cuenta con un seguro de desempleo para sortear la pandemia. Aquí, la única manera de sobrevivir sin empleo es buscando el sustento en el mercado informal, lo que hace imposible el confinamiento. Éste es, precisamente, el problema que estamos viviendo en México. Un reciente análisis de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), elaborado por Jaramillo-Bonilla (Nexos, 2020), señala que “la situación en México es tan grave como la de Estados Unidos: una de cada cuatro personas que laboraron hasta marzo, dejaron de trabajar (y recibir ingresos laborales) durante el mes de abril”.
Este análisis da cuenta que, con la pérdida de 12.5 millones de empleos entre marzo y abril, se habrían sumado 11 millones de mexicanas y mexicanos a las filas de la pobreza por ingresos, con lo que el número total de personas en esta condición se ubicaría en alrededor de 78 millones, lo que representa el 60 por ciento de la población, es decir, más de 20 millones de hogares (de los 34.7 millones totales).
Durante mayo, la población ocupada en condiciones de informalidad pasó de 20.7 a 22.6 millones. En tanto que el sector formal sufrió una reducción 22.6 a 21 millones, según cifras del INEGI. El crecimiento desproporcionado de la brecha laboral (a la cual me referiré en mi próxima entrega) y el consecuente aumento de la pobreza por ingresos han obligado a la población a buscar el sustento en actividades informales. Esto significa más gente en la calle trabajando y más gente utilizando el transporte público. En una palabra, más gente interactuando, es decir, combustible puro para el Covid.
Al igual que el resto de América Latina, la crisis de empleo ocasionada por la pandemia nos tiene atrapados en medio de un dilema que puede conducirnos a una auténtica crisis humanitaria: por un lado, tenemos la urgencia de reactivar la economía y recuperar el empleo e ingreso de las familias. Pero eso implica detener y aminorar el número de contagios, lo que solo se puede lograr si la gente se queda en casa.
El problema es que, por otro lado, los integrantes de al menos 22.6 millones de hogares no pueden quedarse en casa porque tienen la necesidad de salir a trabajar y generar algunos ingresos para subsistir. Lo que implica que no va a ser posible detener el crecimiento del virus y aminorar el número de casos, lo que significa que no va a ser posible reactivar la economía ni recuperar los empleos perdidos. Lo que a su vez se traducirá en más cierres de negocios, más desempleo, más pobreza por ingresos y, por tanto, más actividad informal.
Si no salimos de este impasse, pronto viviremos, justo en medio de lo peor de la pandemia, una verdadera crisis humanitaria marcada por el desempleo, la pobreza, la falta de alimentos y la inseguridad. ¡Urge un salario mínimo vital de emergencia!
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