Aunque el gobierno estatal designó a una comisión para revisar el caso de represión policiaca que hubo en la junta auxiliar de Chalchihuapan en 2014, esta “ha tenido dificultades” para avanzar debido a que los afectados no han mostrado interés en ello.
Así lo señaló, en rueda de prensa este miércoles, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que este caso ha sido cerrado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que en su momento emitió recomendaciones, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Todas las instancias estatales lo tienen como cerrado, ya pasó a ser un discurso y cuando nosotros buscamos a los interesados directos no hay tanto interés a que lleguemos a reabrir el asunto”, pronunció.
Es necesario mencionar que el próximo 9 de julio se cumplirán 6 años de la represión que se dio en dicha demarcación por parte de policías estatales contra los habitantes que mantenían bloqueada la autopista Siglo XXI en protesta por las reformas a la Ley Orgánica Municipal que quitó a las juntas auxiliares los registros civiles.
Durante los hechos, una bala de goma impacto en la cabeza del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, lo que le ocasionó una herida de muerte, ya que tras ser traslado al hospital donde fue revisado, murió a los 8 días.
En septiembre pasado, el mandatario poblano señaló que el conflicto derivó de que los diputados de la Legislatura de 2011-2014 aprobaron la Ley del Uso legítimo de la fuerza, mejor conocida como “Ley Bala”, pero a pesar de los hechos no se hizo una investigación “como tenía que ser” y por ello tenía que reabrirse.
CNDH cerró el caso en enero de 2018
Cabe señalar que en enero de 2018 la CNDH determinó dar por concluido el caso, al afirmar que el gobierno estatal en ese entonces encabezado por Antonio Gali Fayad, dio “cumplimiento total” a los 11 puntos de la recomendación 2VG/2014 emitida por violaciones graves.
La investigación estuvo a cargo de la Sexta Visitaduría General del organismo nacional, la cual inició el expediente de responsabilidad administrativa correspondiente contra seis servidores públicos, en la que ninguno de ellos impugnó las sanciones que les impusieron.
