Reforma electoral sin consenso
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que si algo hace falta en la LX Legislatura del Congreso del estado es oficio político para construir acuerdos y sacar una reforma electoral de consenso.
Lo ideal habría sido que antes de presentar su iniciativa de reformas a la Constitución del estado y al Código de Instituciones y Procesos Electorales, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política negociara con los demás coordinadores parlamentarios esos cambios a la legislación electoral.
Pero al no hacerlo así, Gabriel Biestro y los diputados que integran el bloque mayoritario integrado por las fracciones de Morena, el PT, el PES y el PVEM dejan entrever que su propuesta de reforma no busca mejorar la legislación electoral, sino hacer cambios que favorezcan sus intereses personales y de partido.
La eliminación de la figura denominada gran perdedor me parece errónea, pues lo que esta pretendía era premiar a los candidatos a diputados más competitivos, que no hubieran ganado en los distritos por los que fueron postulados por el principio de mayoría relativa.
Esta figura no mengua la representación proporcional, ni la pluralidad partidista, ni el acceso a la representación parlamentaria de los grupos minoritarios, como se argumenta en la iniciativa del diputado Biestro.
Entra IEE al pleito con Manzanilla
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que un nuevo round de sombra se han echado el gobernador Miguel Barbosa y el diputado federal Fernando Manzanilla, su antiguo colaborador, a partir de la publicación que el segundo ha hecho en redes sociales de la entrega de despensas o apoyos alimentarios, como él les llama, a personas de escasos recursos, y que compra, aquí está el dato importante, con recursos privados.
Lo importante es que, en este episodio de confrontación, ha sido involucrado un organismo que hasta antes de este suceso no se había mostrado como protector de los intereses políticos del mandatario, un hecho que los inquilinos de Casa Aguayo tendrían que estar interesados en cuidar frente al proceso electoral que se avecina.
Se trata del Instituto Electoral del Estado (IEE), que, quizá de manera apresurada, correteado por cumplir las indicaciones dictadas desde alguna importante secretaría, mandó un apercibimiento a Manzanilla pidiéndole que baje, o quite, de sus redes sociales, las fotografías y los videos que lo muestran obsequiando despensas a la gente.
En el acontecimiento hay dos rutas de análisis, una técnica y otra política.
La técnica desacredita al organismo electoral porque Manzanilla, al ser un legislador federal, escapa a su ámbito de competencia, además de que no puede solicitarle u ordenarle que baje ese material gráfico si el “apoyo alimentario” fue adquirido con recursos privados, no públicos.
Leyva Báthory, dos veces fue funcionaria morenovallista y ahora busca encabezar Sistema Anticorrupción
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que en la actualidad, el sitio de la administración pública que gana en cinismo y falta de ética es sin duda el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde sus miembros se ofenden que los tilden de ser un apéndice del llamado morenovallismo, pero resulta que entre sus integrantes ya tienen un acuerdo para que en noviembre próximo la presidencia del organismo recaiga en María del Carmen Leyva Báthory, quien tiene tres características esenciales: fue funcionaria en dos gobiernos del PAN, estuvo bajo las órdenes directas del morenovallista José Antonio Gali Fayad –como alcalde de la capital y gobernador del estado– y es una mujer cercana a los intereses de Enrique Cárdenas Sánchez, quien fue el candidato panista a la gubernatura en 2019.
Con ella se aplica el dicho: si camina como pato, granza como pato y parece un pato, pues es un pato. Esta funcionaria fue parte de dos gobiernos morenovallistas y llegó a su actual cargo de la mano de Gali Fayad, pues es claro que es parte de lo poco que queda del morenovallismo.
María Carmen Leyva Báthory, cuentan fuentes bien informadas, fue quien puso mayor énfasis en el documento que el CPC emitió públicamente la semana pasada para que sus integrantes salieran a decir que no tienen vínculos con ninguna fuerza política.
Por eso, se pude afirmar sin ningún miedo a la equivocación, es que en ese comité hay una falta absoluta de ética y congruencia de sus miembros, que son dos elementos fundamentales para el combate a la corrupción.
Leyva Báthory en particular, es defensora de dos aspectos nodales: de los intereses de dos administraciones públicas ligadas al PAN, cuando tendría que ser imparcial; así como de una red de funcionarios públicos dedicados al tema de la transparencia que están ligados al morenovallismo y siguen incrustados en el ayuntamiento de Puebla y en el Instituto de Transparencia, Acceso la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Tehuacán, no Puebla, la Joya de la Corona
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que ¿Cuál será la joya de la corona para el gobernador Luis Miguel Barbosa en la elección intermedia del 2021?
¿Puebla capital o su natal Tehuacán?
En la respuesta habremos de encontrar el rumbo que tomará esa elección, considerada por la clase política como la del referéndum del mandatario en turno.
¿Perder la capital significa quedarse sin la mayoría del Congreso del Estado?
No, no necesariamente.
Favorecen a empresa galista en Salud
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que en la Secretaría de Salud del estado, durante el brevísimo gobierno de Tony Gali, destacaba un personaje por el que pasaba todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con compras, contratos, proveedores y gestiones.
Su nombre: Miguel Cruz Bermejo.
Era el encargado de velar por los intereses económicos de Elías Abaíd, yerno del mandatario.
Famosos se volvieron los jugosos amarres que lograba al interior de la dependencia, para beneficio propio y el de su poderoso padrino.
Un modesto ejemplo de esto, fue el contrato abierto SSEP-DSG-LIC-018-01/2017 firmado con la empresa “Distribuidora Easy Lonch, S de R.L de C.V” por un monto total de 80 millones de pesos, referente a la “contratación del servicio de víveres para los Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para el año y medio que duró aquella administración.
Por fin, diputados eliminarán fuero
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que el fuero del cual gozan hoy los diputados fue concebido en el siglo pasado, como una protección para que éstos pudieran expresarse en tribuna sin miedo a ser perseguidos por sus declaraciones.
En esos años se mantenía la presunción de que los legisladores eran representantes de los intereses de sus votantes y por lo tanto llevarían ante el congreso las denuncias, quejas y solicitudes de sus representados.
Hoy las cosas han cambiado mucho. De entrada, difícilmente algún legislador es detenido por opinar o quejarse en las tribunas, por lo cual esta figura de protección, que también dio pie al abuso, es obsoleta.
La necesaria y urgente eliminación del fuero que gozan en Puebla los diputados, el gobernador, el auditor y los magistrados; se analizaría este lunes en comisiones y se votaría en el pleno esta misma semana. La propuesta sería una mezcla que incluya las cinco iniciativas en la materia que se mantenían en la congeladora.
De las cinco iniciativas, dos se arrastran desde la legislatura anterior, una fue presentada por la ex diputada Socorro Quezada y otra por el ex diputado Julián Peña.
