CDH exhibe corte de agua ilegal en Tlatlauquitepec por no cooperar para obra

En represalia por no cooperar para una obra en Tlatlauquitepec, en 2019, la Comuna cortó el agua potable a un ciudadano, por lo que la CDH pidió reinstalarle el servicio, mientras que en Tehuacán, el organismo acreditó omisión del Cereso tras la muerte de un reo en 2016.

Esto, de acuerdo con los documentos publicados en la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, en los que se detalla un caso fue en diciembre del año pasado y el otro es desde 2016, y en ambos casos hubo violaciones a las garantías individuales.

En la recomendación 4/2020, asentada en el expediente 1056/2020, se detalló que el inspector e integrantes del Comité de Agua Potable, de la localidad de Cuautlamingo, en Tlatlauquitepec suspendieron el servicio de agua potable debido a que no realizó la cooperación para el proyecto de una obra pública, a pesar de que el afectado se encontraba al corriente de su pago de dicho servicio.

La contribución era para el embalastramiento de los caminos de la comunidad, con costo de un millón 850 mil pesos, considerando “aptas para cooperar” a 196 personas, cada una, con 460 pesos, además de que la asamblea determinó el método de pago, a fin de que se cubriera el monto antes del 20 de diciembre.

El ciudadano se inconformó en la CDH, que dio seguimiento y, en marzo de este año, pidió un informe a la Comuna, mismo que fue contestado por la Sindicatura en el que se argumentó que las comunidades que integran el municipio cuentan con autoridades locales, como lo son las inspectorías y los comités de Agua Potable, las cuales se rigen por usos y costumbres que son adoptados por la misma comunidad.

Además, dijo, se les permite lograr una sana convivencia y a su vez dotar de los servicios públicos a los que tienen derecho sus integrantes, sumado a que el quejoso consintió el acuerdo establecido en el acta de asamblea misma en la que se establecía una sanción para los que incumplieran con ello.

Edil no acepta propuesta de conciliación

Derivado de esto, el organismo autónomo buscó con el presidente municipal, Porfirio Loeza Aguilar, una conciliación para resarcir los derechos vulnerados, sin embargo, el edil no la aceptó al señalar que de hacerlo se afectaría la esfera jurídica de los habitantes de Cuautlamingo.

Por ello, basándose en el artículo 102 del Reglamento Interno de la CDH, se notificó que cuando la autoridad o servidor público no acepte la propuesta de conciliación formulada será acreedor a una recomendación, misma en la que se acreditó la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al agua.

Por ello, el ayuntamiento de Tlatlauquitepec deberá reinstalar el agua potable en el domicilio del afectado; diseñar un mecanismo para lograr que el vital líquido sea brindado por como un servicio municipal, tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución federal y se inicie un procedimiento administrativo de investigación correspondiente a través de la Contraloría contra el personal que fue omiso en los hechos.

Penal de Tehuacán no garantizó derecho a la vida 

El otro caso es el de la recomendación 5/2020, basada en expediente: 71/2016, en la que se establece que el 1 de enero de hace 4 años un recluso del penal de Tehuacán murió luego de que fue herido con un arma punzocortante por otro de los internos en el área de comedores.

De acuerdo con los hechos, la herida se hizo con un objeto de madera con punta de aproximadamente 25 centímetros de longitud en la parte izquierda del abdomen, por lo que el afectado fue trasladado al Hospital General del municipio, donde tras ser revisado fue dado de alta al considerar que no era grave, pero sí requería estrecha vigilancia.

Luego, fue regresado al penal en el área de Clasificación, Observación de Conductas y Vigilancia Continua para su observación, no obstante, dos días después, cerca de las 7 de la mañana, un custodio del Cereso se percató que otros reclusos estaban azotando las rejas de dicha área.

Derivado de ello, al revisar la celda, una persona que compartía el lugar con el ahora occiso informó que dicha persona al parecer había fallecido, sin que se percatara de la hora del deceso, lo cual fue acreditado por personal del penal.

Por este caso, la CDH acreditó la violación al derecho humano a la vida, a la integridad y seguridad personal, e hizo énfasis en que, si bien los hechos fueron ejecutados por servidores públicos de la administración municipal pasada, tendrá que ser la actual la que dé cumplimiento.

Además, la autoridad municipal deberá proporcionar a los familiares directos del occiso atención psicológica que permita su rehabilitación y superación de las secuelas provocadas por los hechos; la reparación de los daños causados acorde con lo que establece la Ley General de Víctimas y se instruya al personal del área de médica, de seguridad y custodia del penal para que se sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano.

Finalmente, que los funcionarios sean capacitados sobre la protección de los derechos humanos; se colabore con la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de la carpeta de investigación por los hechos y se inicie un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, en contra de los servidores públicos responsables.