El Sistema Estatal Anticorrupción no lo dominan morenovallistas puros, sino la 4T barbosista
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que Por lo declarado esta mañana por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta respecto a los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) da la impresión que el Ejecutivo recibe información incorrecta o alguien lo engaña.
De entrada los comisionados no cobran 140 mil pesos mensuales, sino 104 mil y la decisión de pretender bajarles su remuneración a menos de 50 mil no la tomó la Junta de Gobierno del SEA, que no existe, sino la aplicó el secretario ejecutivo, Héctor Reyes Pacheco, que hace las veces de secretario técnico del Sistema.
Sin embargo éste sólo acató una instrucción que le dieron los que realmente controlan el SEA, los funcionarios del Comité Coordinador Estatal, es decir la secretaria de la Función Pública Laura Olivia Villaseñor Rosales y el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco José Romero Serrano.
Pero la de la idea, bajo la bandera de la austeridad republicana y la honestidad valiente, fue la secretaria de la Función Pública.
El Comité Coordinador Estatal tiene otros integrantes, pero que no pesan ni mandan como el comisionado presidente del CEPC, Daniel Alejandro Valdés Amaro, el Fiscal Especializado de Combate la Corrupción, Ulises Sandal Ramos Koprivitza, la presidenta del Instituto de Transparencia Laura Marcela Carcaño Ruiz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, María de Lourdes Dib y Álvarez.
Una serie de desencuentros marcó la relación Barbosa-Rivera en 2018
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que ya se supo.
Es inevitable no recurrir a la grilla política, como pide el mandatario estatal, cuando se trata de descifrar el comienzo de la mala relación que ahora mismo sostienen el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.
Si de por sí no había, dígase, la mejor química entre ellos, cuando fueron candidatos en la contienda electoral de 2018, porque una era morenista pura y el otro no, sino desertor del PRD, las diferencias se incrementaron y se volvieron prácticamente insalvables, como se mira hoy, después de la jornada electoral del 1 de julio de ese año.
El asunto que sirvió para dinamitar la comunicación entre los dos fueron las palabras que Rivera expresó, precisamente, a EL SOL DE PUEBLA, en una entrevista, y que daban cuenta del tipo de comunicación que sostendría con Martha Erika Alonso, en caso de que la impugnación presentada por Barbosa fracasara, como ocurrió.
Esa vez, Rivera sostuvo que mantendría una relación de respeto, cordial e institucional, aunque aclaró que pugnaría por el respeto a su gobierno y explicó que eso lo conseguiría gracias a que Morena había conseguido la mayoría en el Congreso local y a que el mismo partido, con López Obrador, se había hecho de la presidencia de la república.
Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción fue cómplice de la corrupción morenovallista
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción se sintieron ofendidos por la crítica del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de llamarlos un apéndice del morenovallismo. Sin embargo, el mayor cuestionamiento a los integrantes de ese órgano descentralizado –tal como se había advertido en este espacio, desde octubre del año pasado– es que es un cuerpo que se ha dedicado a obstaculizar si propia función, que es: combatir la corrupción.
Hace unos días los miembros de ese órgano mandaron un proyecto al Congreso para supuestamente mejorar el Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla. Esa acción, literalmente es el primer esfuerzo, en los últimos cuatro años, de demostrar que trabajan y que existen. Además, de justificar los altos salarios que perciben.
Y esa es una forma de corrupción, el haber guardado silencio cuatro años frente a los abusos, excesos, fraudes y robos ocurridos durante el morenovallismo. Tiempo en el que sus integrantes cobraron puntualmente sus salarios, para no hacer nada relevante en el ejercicio de su función pública.
Cuando Catalina Aguilar Oropeza, una destacada morenovallista, ocupó la presidencia del CEPC y dejó el cargo a finales de 2019, rindió un informe en el cual, lo único destacado, es haber reconocido que se había hecho el primer exhorto público para combatir la corrupción en el sector público del estado. Una confesión que rayaba en el cinismo y la falta de pudor, pues era exhibir que su labor –de los integrantes de ese órgano– en los últimos años fue ser “unos convidados de piedra”.
El CEPC se creó que en 2016, como parte de una réplica del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde su origen, el órgano se formó con integrantes que tenían tres orígenes: personajes que habían servido a los intereses de los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y de José Antonio Gali Fayad; o que tenían simpatías con el PAN; y algo curioso, algunos de ellos también han estado vinculados con Enrique Cárdenas Sánchez, quien fue candidato panista a la gubernatura.
Amy, una mujer adelantada a su tiempo
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que hablar hoy de una mujer empoderada podría parecer normal o al menos algo común, pero en 1980, cuando Amy Camacho contaba con 17 años, era algo extraordinario.
A sus 13 años, tras la muerte de su padre, Amy decidió que continuaría con el sueño del capitán Carlos Camacho y esa determinación la mantuvo incluso cuatro años más tarde cuando su madre, Louise Wardle, también falleció.
Amy era la mayor de los ocho hijos de la familia, sin embargo ante la ley era menor de edad. Esa vulnerabilidad llevó a hombres del poder a pensar en arrebatarle el parque de conservación animal.
Familiares muy cercanos al presidente José López Portillo utilizaron al IMSS para tratar de apropiarse del espacio y los animales que ya vivían en Valsequillo, a través de argucias legales como el embargo.
A Amy no le faltó valor, decidió que retendrían y defenderían el legado de sus padres, así que buscó al periodista Enrique Montero y le pidió ayuda. En esos años, Montero era el rey del rating, excelente gestor y contaba con las relaciones necesarias para garantizarle a la joven que ella y sus hermanos conservarían a los animales y el parque.
