En 2018, policías municipales de Juan Galindo y Tecali de Herrara agredieron físicamente a personas que habían detenido, haciendo uso excesivo de la fuerza, lo cual fue acreditado por la CDH de Puebla, por lo que emitió recomendaciones para ambos ayuntamientos.
Esto, de acuerdo con los documentos publicados en la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), a cargo de José Félix Cerezo Vélez, en los que se detallan que, aunque los hechos ocurrieron en las administraciones municipales anteriores, tendrán que ser las actuales las que tendrán que acatar las medidas emitidas.
El primero de los casos es el asentado con el número 03/2020 derivado del expediente 3297/2018, en el que se especifica que en mayo de hace 2 años elementos de seguridad de la Comuna de Juan Galindo se hicieron de palabras con un guitarrista afuera de un bar, por lo que intentaron llevárselo, lo que ocasionó que tres personas, una de ellas mujer, lo intentaran defender.
Los efectivos agredieron a los cuatro ciudadanos, con quienes hubo jaloneos y golpes para que los subieran a la patrulla, haciendo uso excesivo de la fuerza, pues aunque una era mujer, les dijeron que el trato era igual para todos.
Derivado de esto, los agraviados fueron puestos a disposición del Juez Calificador, quien omitió iniciar el procedimiento correspondiente y, pese a ello, impuso una sanción administrativa no individualizada para cada uno de los detenidos sin estar fundada, pues tuvieron que pagar 6 mil pesos.
No obstante, la CDH afirmó que no hay constancias que integran el expediente, además de que se advierte que la autoridad detalló la forma en que supuestamente ocurrieron los hechos, pero no remitió las pruebas que lo justifiquen, ya que al pedir información la entonces síndica municipal únicamente realizó señalamientos, pero ya después de los hechos.
A esto se suma que, luego de que fueron revisadas, en las recetas médicas de las cuatro personas detenidas, presentaron diversas lesiones, consistentes en contusiones en miembros superiores del cuerpo, derivado de los golpes recibidos.
En Tecali, golpearon a uno de los detenidos
El otro caso es el 6/2020, sentado con el expediente 7026/2018 en el que se especificó que elementos de seguridad de Tecali de Herrera, en noviembre de 2018, recibieron un reporte telefónico sobre unos sujetos rompiendo los cristales de un cajero automático en el centro de municipio, donde al llegar detectaron a personas involucradas en los hechos, quienes se dieron a la fuga y se inició una persecución.
Luego de ello, lograron detener el vehículo en el que viajaban tres ciudadanos, quienes solicitaron hacer una llamada para pedir dinero; posteriormente les ofrecieron 5 mil pesos a cada policía para dejarlos libres, por lo que los pusieron a disposición del Ministerio Publico de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, la comisión acreditó que a uno de ellos, los elementos lo golpearon en diversas partes del cuerpo, causándole lesiones que consistieron en escoriaciones y una posible fractura del brazo izquierdo.
Al solicitar información, la síndica municipal negó los hechos y remitió el acta de aviso al Ministerio Publico, justificando la actuación de los efectivos, pero quedó acreditado que una vez que se ejercitó acción penal contra las tres personas por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y cohecho, sólo a uno de ellos le vincularon por cohecho, lo cual fue arbitrario, ya que actuaron en contravención a los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
CDH pide reparar el daño a afectados
Por ambos casos, la CDH manifestó que los policías de dichos municipios cometieron actos que generaron la violación a los derechos humanos a la legalidad, integridad y seguridad personal de los detenidos, por lo que emitió las siguientes recomendaciones:
Proporcionar atención médica y psicológica para restablecer su integridad física y que permita su rehabilitación, así como la superación de las secuelas que fueron provocadas por tales hechos; se dé vista a la Contraloría municipal de ambos ayuntamientos para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los policías responsables.
Además, que las Comunas colaboren con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la denuncia e integración de la carpeta de investigación relativa a los hechos; se emita una circular en la que se informe a los efectivos a que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano y se brinde capacitación relativa al respeto y protección de las garantías individuales.
Sumado a esto, al ayuntamiento de Juan Galindo se le pidió reparar los daños ocasionados y proporcione la indemnización económica a las cuatro personas que fueron detenidas.
