¿Y dónde estaba la Cofece?// Contratos leoninos a granel
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se puso brava e interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estimar que la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional emitida por la Secretaría de Energía violenta los principios esenciales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución, de modo que afecta su mandato e invade su esfera de competencia.
El ente autónomo asegura que tal política afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que éste opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector. En pocas palabras, compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista y otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica, lo que, a su juicio, impide promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.
Qué ruda, pero la primera duda que surge es si esa institución considera como eficiencia y libre competencia que las generadoras privadas de energía eléctrica se enriquezcan a costillas del erario, precisamente por contar con ventajas en favor de ciertos participantes y disminuir la capacidad de competir de otros; es decir, lo mismo que impugna en su controversia constitucional.
Por ejemplo, ¿libre competencia es que las empresas privadas paguen ínfimas tarifas de interconexión para que sea la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios quienes cubran la diferencia? ¿Libre competencia es avalar condiciones en extremo injustas para el Estado mexicano, con el fin de que las ganancias privadas crezcan como la espuma, a la par que el monto que deben pagar los consumidores de energía eléctrica?
Desde septiembre de 2013, Alejandra Palacios Prieto preside la Cofece, una itamita que fue directora de proyectos de buen gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad, organismo privado en el que (¡sorpresa!) aparece la siempre larga mano de Claudio X. González y la de otros barones (entre ellos algunos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios) altamente beneficiados por los gobiernos neoliberales, que no brillan precisamente por su amor a la libre competencia.
El guardián y el INE
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que solo se ha hecho explícito lo que lleva meses latente: el presidente de la República desconfía profundamente del aparato directivo del Instituto Nacional Electoral (INE) y en particular de su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello. A la vez, ese aparato directivo y los partidos, políticos y personajes contrarios a las políticas del citado presidente de la República desconfían profundamente de las intenciones del político tabasqueño.
Ayer, en su conferencia matutina de prensa, Andrés Manuel López Obrador soltó un mandoble declarativo de consecuencias progresivas. Se declaró investido como guardián de la pureza electoral, cruzado contra el fraude en los comicios venideros y crítico abierto de las complicidades, ineficacias o abierta tracalería de consejeros y funcionarios del INE que no han podido frenar atracos a la voluntad popular, entre ellos en 2006 (como Instituto Federal Electoral, con Felipe Calderón como beneficiario del fraude escandaloso) y en 2012 con Enrique Peña Nieto como “triunfador” gracias a ríos de dinero provenientes de políticos mafiosos. El INE, antes IFE, poco tiene para decir en su defensa ante el ojo vigilante de López Obrador.
La conversión en centinela electoral de máximo nivel del jefe político de Morena (aunque él diga, como ordenan los manuales, que no se mete en la vida interna de los partidos) acelera el discurso y las reacciones operativas de sus adversarios, que consideran dictatorial que el muy poderoso titular del Poder Ejecutivo Federal pretenda someter a su escrutinio las acciones de un organismo constitucional autónomo. Lo menos que arguyen contra el tabasqueño es que busca colocarse como juez y parte del complejo proceso electoral del año entrante.
Aun cuando Lorenzo Córdova ofrece resistencia, sobre todo retórica, lo cierto es que el INE está en un proceso de cambios por razón no solo de calendario: cuatro de sus once consejeros dejaron sus asientos el pasado tres de abril, entre ellos Marco Antonio Baños, quien ejercía un poder, favorable a posiciones priistas o similares, por encima del propio Córdova. Los nuevos ocupantes llevarán el sello de Palacio Nacional y, a pesar de que el citado Córdova fue electo para presidir el consejo general hasta abril de 2023, la correlación interna de fuerzas y la presión escrutadora del obradorismo podrían llevarlo a dejar la presidencia del INE y quedar solo como consejero.
De ser así, la de ayer fue apenas el anuncio de una batalla que pasará por el control real del INE, el otorgamiento de registro a nuevos partidos (con el calderonista México Libre en lista negra marca García Luna) y nuevas formas de conducir las complicadas elecciones intermedias del año próximo (y prepararse para las de mayor disputa, las presidenciales de 2024).
Gabinete: enroques y ajedrez electoral
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el extraño enroque anunciado el lunes por el presidente López Obrador, en el que saca a Rabindranath Salazar del Banco del Bienestar para meter a Diana Álvarez Maury, mientras al senador morelense lo manda a la subsecretaría de Gobernación, es el inicio de los movimientos de ajedrez político en el Gabinete con miras a las elecciones de 2021. Si al presentar al Boa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a la lucha electoral, ayer con este intercambio de posiciones comienza a mover sus fichas y alfiles para la batalla que sabe decisiva: la mayoría en la Cámara de Diputados y de las 15 gubernaturas en disputa.
Rabindranath es un político cercano al Presidente y a su principal operador Gabriel García Hernández. Trabaja de cerca con ambos desde antes de que se fundara Morena y fue de los perredistas que no dudaron en seguir a Andrés Manuel en su nuevo proyecto.
Fue el senador con licencia por Morelos quien contrató como asesores y contratistas en ese proceso de ampliación del Banco, a los tabasqueños Carlos Cabal Peniche, exbanquero beneficiado por el Fobaproa, y Alejandro del Valle, exoperador de programas electorales con Arturo Montiel, en una maniobra autorizada también por Gabriel García Hernández. Hoy que el Presidente lo saca de ahí para mandarlo a Gobernación, el movimiento dista mucho de ser un “castigo” y más bien parece una salida estratégica para que Salazar vaya a operar ahora desde una posición política y, de paso, a reforzar con un hombre cercano al Presidente al maltrecho y maltratado equipo de la secretaria Olga Sánchez Cordero.
En ese sentido, la llegada de Salazar a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático sin duda está ligada a las recientes renuncias de Mónica Maccise al Conapred y Mara Gómez a la CEAV, las cuales molestaron mucho al Presidente.
Hay finalmente otra interpretación de la llegada de Salazar a una posición política después de estar como director de la banca social. El senador morelense fue originalmente enviado como superdelegado a Morelos, luego de que su candidatura a Gobernador, que ya estaba definida, le fue arrebatada por la alianza de Morena con Cuauhtémoc Blanco y el PES. Luego cuando llegó como delegado al estado, la animadversión y rechazo del Gobernador fueron tan fuertes que hasta le pidió su cambio inmediato al Presidente. Hoy, cuando Cuauh-
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Obstáculos. El grupo parlamentario del PAN anunció la presentación de amparos individuales en contra del decreto presidencial que dispuso la participación indefinida de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a fin de obligar a que esa participación se regule en las leyes. Los senadores Damián Zepeda y Kenia López informaron que sus 25 compañeros panistas comenzaron a presentar estos amparos individuales, a fin de que el gobierno federal ajuste la decisión a lo que establece la Constitución. López, incluso, llamó a la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, a presentar también una controversia ante la Suprema Corte, igual que lo hizo Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, para que se abra la discusión sobre la constitucionalidad del decreto. ¿La violencia se desborda y pretenden detener esta iniciativa?, ¿de qué lado están?
2. Ojos bien abiertos. La delegación de la Unión Europea en México, así como los embajadores de Noruega y Suiza, condenaron los asesinatos del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, ocurridos el pasado 16 de junio en Colima. De igual forma, el asesinato de la diputada de Morena, Francis Anel Bueno Sánchez, el 3 de junio, igual en Colima. “Llamamos a las autoridades mexicanas competentes para que sigan desplegando todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes en los dos casos con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que los jueces y miembros elegidos de la legislatura, que se dedican a asegurar el Estado de derecho y la democracia, puedan hacerlo sin temer por su vida”, señaló la UE. José Ignacio Peralta Sánchez, el gobernador, debe darle celeridad al asunto o el tema le va a estallar en las manos.
3. Movimiento magistral. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un “enroque republicano” a su gabinete. Acompañado de los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, designó como nueva directora del Banco del Bienestar a Diana Álvarez Maury. “Hemos tomado la decisión en conjunto, de manera consensuada, de llevar a cabo un enroque para que Diana Álvarez sea la próxima directora del Banco del Bienestar, una institución fundamental para el desarrollo del país, y Rabindranath Salazar va a pasar a la subsecretaría de Gobernación”. Todo bien, mientras entreguen resultados republicanos y no le fallen; como otros.