AMLO: cascabel al gato // Iberdrola y neoliberales
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que los gobiernos neoliberales se apasionaron por los espejitos –y algo de oro, desde luego– que les ofrecieron las grandes empresas españolas que se avecindaron en México –las cuales se sirvieron con la cuchara más grande– y con ellas fueron más que generosos: todo les dieron y nada les reclamaron, de tal suerte que las finanzas de esos corporativos crecieron como la espuma, como en el caso de Repsol y OHL. No es gratuito, por ejemplo, que trasnacionales financieras como BBVA obtengan en México 40 por ciento de sus utilidades globales o que la energética Iberdrola tenga en nuestro país 20 por ciento de su capacidad instalada (el doble que en Estados Unidos y casi la misma proporción que en su nación de origen, de acuerdo con su propia información). Siempre han respetado las reglas, pero las suyas, nada más.
Días atrás, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) actualizó las tarifas de interconexión para las empresas privadas llamadas auto abastecedoras de energía eléctrica, y el aumento fue de entre 427 y 811 por ciento, lo que da idea de la ínfima cantidad que dichos consorcios pagaban y el creciente subsidio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debía pagar para tenerlas apapachadas, siempre de acuerdo con los generosos contratos firmados con los gobiernos neoliberales.
Y no sólo eso: la CFE denunció la existencia de un mercado negro o paralelo (de las empresas privadas) en la venta de energía eléctrica a través de simulación de sociedades de autoabastecimiento, lo que ocasionó que en los tres últimos años la empresa del Estado dejara de percibir cerca de 23 mil millones de pesos, y, desnudados, los consorcios involucrados solo atinaron a exigir certeza jurídica y estado de derecho, es decir, garantías para mantener intacta la rapiña que los gobiernos neoliberales les avalaron.
En este contexto, ayer el presidente López Obrador dijo que “algunas empresas del sector eléctrico están inconformes, debido a que se está poniendo orden; ya no se les permite hacer y deshacer. Ya hemos hablado de que abusaban, que vendían la energía eléctrica muy cara a la CFE, se les tenía que dar hasta subsidios y todos esos contratos los obtuvieron mediante el influyentismo, sobre todo las empresas extranjeras y en particular –y esto no tiene nada que ver con el pueblo español– las empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron. Antes, por esos abusos, el que pagaba los platos rotos era el pueblo de México, porque constantemente aumentaban el precio de la luz como el de las gasolinas. Les iba muy bien a los empresarios, sobre todo a los extranjeros, pero le iba muy mal al pueblo de México”.
Entonces, dijo el mandatario, “ahora se están revisando normas y los contratos leoninos; hay una campaña en contra de nuestro gobierno por las propias empresas. Es muy claro que el periódico El País de España está defendiendo a las empresas españolas, pero pueden cuestionarnos un día sí y el otro también, pero no vamos a seguir permitiendo el robo y el saqueo”.
AMLO: “ni un paso atrás”
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el martes en Tlaxcala, y ayer en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfatizó que no dará “ni un paso atrás” en sus políticas en general y, en particular, en la lucha contra la corrupción.
Las palabras del político tabasqueño tienen como contexto las protestas que en días recientes se han organizado en su contra. Por una parte, el Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), que coordina manifestaciones a bordo de vehículos automotores. Por otro lado, expresiones locales de descontento, como sucedió el lunes en Veracruz, con familiares de desaparecidos que no fueron atendidos por el presidente (quien luego explicó que las medidas de distanciamiento social le impiden ser abordado directamente por grupos sociales) y uno de los cuales gritó que, en cambio, AMLO sí ha tenido tiempo para atender a la madre de un narcotraficante (en referencia a lo sucedido en Sinaloa con la progenitora de Joaquín Loera, el Chapo).
En Tlaxcala, el presidente viajero señaló: “los voceros del conservadurismo, la prensa conservadora, está muy atenta de todo lo que hago. Si bajo el vidrio, ¿por qué bajo el vidrio? Si saludo, ¿por qué saludo? Si no saludo, ¿por qué no saludo? Todo”. Y añadió: “Como ya no mandan los potentados en México, como ya no se permite la corrupción, están muy molestos. Y estos medios, que callaban cuando saqueaban al país, pues ahora son opositores. Eso es lo que está sucediendo. Tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones, porque están muy encorajados, muy enojados” (https://bit.ly/2Yc8vxp ).
En San Pedro Cholula, Puebla, luego de protestas sonoras de miembros de Antorcha Campesina, López Obrador se refirió a ellas, y las adjudicó a que ahora los apoyos económicos a la gente se entregan de manera directa y completa, no como antes en que tal dinero o mercancía “no llegaba o llegaba incompleto, llegaba con moche, con piquete de ojo”.
Ahí se explayó: “Ahora ya no se permite la corrupción. Pueden estar gritando, puede haber manifestaciones de automovilistas (…) Pueden hacer y deshacer, echar a andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas, pero no vamos a dar ni un paso atrás, se acabó la corrupción, no se permite robar (…) ni con gritos ni con sombrerazos, ni con insultos ni con nada. Cero corrupción, cero impunidad” (https://bit.ly/3hGJGBd ).
¿Quién mató al juez y a su esposa?
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que si en la Fuenteovejuna del gran Lope de Vega la respuesta a la pregunta de ¿quién mató al comendador? tiene una respuesta colectiva que no apunta al autor material del asesinato sino a una colectividad que lo protege, lo encubre y le facilitó el homicidio, en el lamentable y brutal homicidio del juez federal Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas, está claro que hay un homicida directo que bien podría ser del crimen organizado contra el que el juzgador había actuado y dictado sentencias, pero también hay otros que, a querer o no, facilitaron la ejecución a sangre fría que, en su propio domicilio, sufrió el funcionario del Poder Judicial Federal.
Porque después de haber estado en Guadalajara como Juez de Amparo, Villegas Ortiz sí conoció del amparo de “El Menchito” Rubén Oseguera González, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, y fue él quien ordenó su traslado de Oaxaca al penal de Puente Grande en Jalisco. En marzo de 2018, cuando era juez sexto de Distrito en Procesos Penales, Villegas Ortiz le ordenó al área de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Gobernación, con un oficio, que “sin pretexto alguno, en un plazo de cinco días, se traslade al procesado Rubén Oseguera González”, e incluso amenazaba el juzgador con que si no se cumplía el traslado del “Menchito” a Guadalajara “se ordenara el arresto por 12 horas” del funcionario responsable de Segob.
En los circuitos judiciales de Guadalajara se comenta de otro amparo que habría llevado el juez Uriel Villegas en aquella época sobre un caso relacionado con un Valencia, familiar directo de la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, Rosalinda González Valencia “La Jefa”. Aparentemente aquel caso no se resolvió favorablemente para la familia de “El Mencho” y eso molestó al capo y a su organización.
Con esos antecedentes, y después de haber llevado esos juicios de “alto perfil” en Jalisco, el 1 de febrero de este año el juez Uriel fue designado por el Consejo de la Judicatura Federal como juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Colima. En la Judicatura hay, entre otras, dos comisiones: la de Adscripción y la de Vigilancia. A la Comisión de Adscripciones le corresponde decidir a qué Circuitos (estados) deben ser adscritos jueces y magistrados y ahí llama mucho la atención que a este juez se le mandara a Colima, lugar de operación, control y territorio del líder del CJNG, que aunque nació en Aguililla, Michoacán, casi en los límites con Jalisco y Colima, junto con su familia política de los Valencia, hizo del puerto de Manzanillo y de la capital colimense dos de sus centros de operación estratégicos.
Por su parte, la Comisión de Vigilancia del CJF, a cargo del consejero Jorge Cruz Ramos, es la que decide poner o quitar escoltas a los jueces y magistrados, conforme a criterios más de afinidad que con base en evaluación de riesgos. Esa Comisión decidió retirarle todo tipo de seguridad. Ayer miércoles en varios medios se recibieron llamadas de las áreas de Seguridad del Gobierno federal en donde se afirmaba que el mismo juez Uriel Villegas había solicitado “por escrito” que se le retirará la protección, consistente en una camioneta blindada y un par de escoltas que lo cuidaban las 24 horas del día.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Que sea real. El gobierno federal propondrá que se castigue con cárcel a aquellos servidores que desde los Centros Integradores del Desarrollo manipulen los apoyos gubernamentales y promuevan el fraude electoral, advirtió Gabriel García, coordinador de los Programas del Bienestar. Explicó el objetivo del gobierno con la conformación de 13 mil 512 CID, los cuales deberán estar en operación este 1º de diciembre y que sustituirán a los centros de atención, así como las funciones de 20 mil servidores que los atenderán. Destacó que quienes intentan defraudar con los apoyos, los ciudadanos los están denunciando, pero si se presentaran irregularidades, advirtió “irá la cárcel, punto”. Que la contundencia de sus palabras se lleve a la vida real.
2. Contra los resbalones. Para que la aplicación de justicia no tenga obstáculos, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que debe mejorar la coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Manifestó que también se debe entender que son criterios distintos porque son dos dependencias diferentes, con funciones claras, establecidas por la ley. “El titular de la UIF puede hacer una investigación, denunciar, presentar pruebas, denuncias, pero es la Fiscalía la encargada de atender estos casos”. Más coordinación entre estas dependencias y ahora sí, ¡agárrense! Santiago Nieto, de la UIF, y Alejandro Gertz Manero, de la FGR, tienen la palabra. Criminales dentro o fuera de las prisiones.
3. Limpieza. El gobierno de México no modificará su esquema de entrega de becas, pensiones o apoyos económicos, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el contrario, aseguró que seguirán entregándose directamente de la Tesorería a los beneficiarios. “Esto no les gusta a quienes estaban acostumbrados a jinetear, a manejar el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable”. Afirmó que su administración está lista para enfrentar la oposición a esa estrategia de reparto de recursos a los sectores más vulnerables de la población. “Pueden hacer y deshacer, echar a andar campañas de desprestigio, pero no vamos a dar ni un paso atrás. Se acabó la corrupción, no se permite robar”. ¿Entendido?