Por fallas metodológicas y no visitar todas las colonias como parte del censo de Bienestar para tener un diagnóstico de las familias, y que Ángulo 7 exhibió en el caso de Puebla, especialistas coincidieron en que Inegi debe hacer un nuevo estudio.
Lo anterior, porque refirieron que cuando este tipo de proyectos no son hechos por entidades especializadas, los resultados “dejan mucho qué desear”. Primero, porque dependen de quienes dirigen el censo en cada estado: sus filias y fobias.
En segundo lugar, porque los encuestadores, en este caso “Servidores de la Nación” no tienen una metodología rigurosa ni la experiencia en el campo para la visita de las viviendas, además de que se requerían de herramientas “técnicas sólidas” para encuestar en las zonas urbanas y rurales.
De acuerdo con el documento de metodología del censo, el estudio tomó como base para su labor de campo el marco geoestadístico nacional, diseñado por el Inegi, que permite tener la localización exacta de las zonas de impacto, cuyo uso, no obstante, no se vio reflejado en la realización del censo, ya que, al menos en Puebla, vecinos acusaron que fue hecho “a medias”, como documentó este medio.
Necesario rigor técnico
Mara Estrada Jiménez, coordinadora de la Licenciatura de Economía y Finanzas de Ibero Puebla, expuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debió ser considerado desde un inicio, por ser un órgano enfocado en la estadística y desarrollar estudios para el impacto de políticas sociales.
Subrayó que esto no significa que Bienestar no tenga las condiciones, sino que se requiere de “muchísima especificidad, en términos de rigor técnico”.
“Inegi tiene todo el capital humano y la infraestructura para realizar cualquier censo, por lo que el gobierno federal debería solicitarle el mismo (…) se requiere de metodologías específicas para realizarlo. Inegi tiene la capacidad, sin embargo requiere de un presupuesto específico y la logística”, comentó.
“Amiguismos” pudieron afectar estudio
Lo anterior, después de que se le preguntó, al igual que a los otros especialistas, sobre las quejas que hubo del censo de la Secretaría de Bienestar –realizado de octubre de 2018 a abril de 2019– respecto a que no se hizo en todas las colonias y se repitieron padrones ya existentes.
Agregó que este tipo de estudios deben realizarse con “mucho cuidado”, ya que, al estar a cargo de una dependencia de gobierno, situaciones de “amiguismo” pueden impedir contratar a gente especializada, así como una realización rigurosa.
Dijo que conocer el diagnóstico de las familias mexicanas es importante no solo para saber qué programas sociales requieren, sino también para conocer si producen algún producto o hacen artesanías y necesitan de algún crédito para impulsarlos.
Lo anterior porque ha habido muchas quejas de la falta de créditos por parte de ciudadanos que tienen algún tipo de micronegocio formal sin asegurados o informal.
Cuestionarios no coinciden con entrevistados
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que de acuerdo con datos de Bienestar, publicados en mayo, 17 mil 680 “Servidores de la Nación” recorrieron el país para levantar 48 millones 683 cuestionarios en hogares y centros de educación media-superior, en los cuales, entrevistaron a 32 millones 594 mil 37 de individuos; en cuanto a Puebla, fueron visitadas un millón 352 mil 703 casas y centros, así como fueron levantados 3 millones 57 mil 524 cuestionarios, a un millón 785 mil 109 “personas únicas”.
Al respecto, Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), señaló que la cantidad de cuestionarios emitidos no fue equivalente al número de entrevistados.
Explicó que una sola persona pudo haber contestado más de un cuestionario distinto en función a los programas sociales de interés, lo que pudo generar duplicidad de información.
También, la experta puntualizó que el trabajo de la Secretaría de Bienestar federal había sido opaca con relación a la metodología y los criterios empleados para levantar el estudio, pues fue hasta finales de mayo cuando la dependencia hizo pública cierta información en la página www.gob.mx/programasintegrales, pero la misma no aclara completamente las dudas.
Censo careció de personal especializado, aseguran
Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencia Política de Ibero Puebla, abundó en que una de las fallas fue que el estudio no lo realizó personal especializado, pues precisó que la diferencia entre una encuesta y un censo, es que este último “debe incluir al universo completo de la población a la que estás analizando”.
“Se levantaron las listas de posibles beneficiarios acudiendo a unidades territoriales, viendo quiénes vivían ahí, sin que esto pueda llamarse un censo. Lo que estaban haciendo, más bien, es un listado de beneficiados potencial. Y esto tiene muchos problemas porque no está garantizado que la población objetivo que esté cubierta”, detalló.
Puntualizó que los encuestadores principalmente acudieron a zonas marginadas, siendo que “mucha gente en pobreza, que necesita ayuda, no necesariamente vive en esas áreas”.
Al igual que Ramón Pérez, coincidió en que dicha labor fue realizada por personas ligadas al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes, comentó, son especialistas en términos políticos, mas no en levantamientos técnicos.