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¿Alguien sabe algo de los auditores que descubrieron la Estafa Maestra y llegaron a trabajar a la 4T de Puebla?

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que una de las noticias que el nuevo gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta presumió con bombo y platillo en agosto de 2019 fue la contratación del equipo que supuestamente descubrió desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la llamada Estafa Maestra.

La especie incluso sorprendió a la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública del estado, Karen Berlanga Valdés, quien por la prensa se enteró que llegarían a reforzarla Víctor Santiago Enríquez, Griselda Galindo Gómez, Roberto Gutiérrez Gutiérrez, Nelia Rosas Mendo y Diana Ivonne López Sánchez.

Los medios barbosistas resaltaron que los cuatro primeros eran funcionarios expertos y no tardarían en documentar los negocios y corruptelas de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, ya que fueron parte del equipo que se encargó, bajo el mando de Muna Dora Buchahin Abulhosn, de sacar a luz pública desde la Dirección General de Auditoría Forense de la ASF los esquemas para desviar más de siete mil 700 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano (Sedatu) para concretar la Estafa Maestra.

A la Secretaría de la Función Pública del estado aterrizaron Víctor Santiago, quien estuvo al frente de la Dirección de Auditoría Forense tipo “B”, como subsecretario de Control y Auditoría; y Griselda Galindo, quien laboró como jefa de Departamento de la ASF, como directora de Auditoría y Control a Programas.

También Roberto Gutiérrez, quien se desempeñó como subdirector de Auditoría Forense tipo “A2”, como coordinador general de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública; y Nelia Rosas, quien en la ASF fue subdirectora de Auditoría Forense “B2”, como coordinadora general de Auditorías Especiales y Externas.

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¡No por favor! Diputados de Morena quieren reformar el trabajo de periodistas sin consultar a los propios periodistas

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que sin ser un tema toral en Puebla, de manera sorpresiva la bancada de Morena en el Congreso local anunció la presentación de una iniciativa para garantizar la integridad física, social y laboral de los periodistas, sin ofrecer detalles de cuál sería el sentido de una propuesta. Dicho anuncio de inicio genera mucho miedo, zozobra y malestar, por dos razones: por el mediocre trabajo legislativo de la fracción morenista –encabezada por Gabriel Biestro Medinilla– y porque siempre que el poder político se mete a querer regular a los medios de comunicación, todo acaba en un desastre que pone en riesgo el derecho constitucional de la libertad de expresión, entre otras garantías.

La fracción de Morena en Puebla si en algo ha destacado, es su similitud a los grupos parlamentarios que hubo durante el morenovallismo, pues los actuales diputados morenistas hacen leyes o reforman ordenamientos sin consultar a nadie, sin recurrir a la opinión o el diseño de las propuestas por parte de especialistas y siempre, con una alta dosis de soberbia, arrogancia e ignorancia. Prueba de ello es la recientemente aprobada Ley de Educación, que ha dejado más disgustos y cuestionamientos, que beneficios.

Quien dio a conocer que se va a presentar ese proyecto de reforma a favor de los periodistas de Puebla, fue la diputada Nora Merino Escamilla, quien para defender su participación destacó que ella fue reportera “por algunos meses”.

De entrada se cuestiona lo siguiente:

Más allá de que nadie percibe cuál fue el paso de Nora Escamilla en la prensa local, desde ahora ya se advierte que se quiere hacer dicho proyecto dandole la espalda al gremio de periodistas, al que supuestamente se quiere proteger. Y esa ya es una actitud autoriataria, pues no se responde a dos preguntas básicas: ¿Se necesita realmente una legislación en la materia? ¿Cuál es la opinión del conjunto de periodistas en Puebla, que se desenvuelven en un universo plural y diverso, en que nunca hay ideas dominantes?

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De mecha corta

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que las consecuencias de la pandemia del coronavirus a la salud y economía del país comienzan a despertar al temible Tigre que suele dar zarpazos a todo aquel o aquello que se le ponga al frente.

Basta una chispa (cualquier tema será siempre el pretexto) para que el hartazgo se traduzca en disturbios y saqueos.

En el país existen dos ejemplos ya: Jalisco (por la muerte de una persona que no llevaba el cubre bocas a manos de la policía) y la ciudad de México (grupos anarquistas causaron destrozos en tiendas para llevarse de todo y dárselos, a los menos, a quienes viven en la calle).

Todos azuzados también por la adelantada lucha por el poder en el 2021. En Puebla, hubo un incidente hace unos días en San Andrés Cholula. En Tonanzintla cuando policías encubiertos entraron a la iglesia para detener a unos extorsionadores. De pronto llegó Fuenteovejuna para exigir su linchamiento y quemar patrullas.

Focos rojos que se prenden en un país que ya está más polarizado que nunca.

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Derechos humanos ¿para quién?

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que la nueva modalidad de las marchas en la Ciudad de México contempla la presencia de visitadores de organismos defensores de derechos humanos para verificar si existen o no acciones de brutalidad policiaca o abuso de autoridad.

En los hechos, se trata de vigilar con lupa que los derechos humanos de quienes sistemáticamente violan los derechos humanos de otros, no sean tocados ni con el pétalo de una rosa.

Así de claro.

Aunque parezca políticamente incorrecto, es la verdad.

Actualmente, las marchas y manifestaciones han dejado a un lado sus auténticas reivindicaciones y han sido tomadas por asalto por reventadores profesionales que convierten un derecho elemental, el de la libre expresión, en un pretexto para la pillería y el destrozo.

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Del Ave Azul a la BOA neoliberal

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ¿Le pareció a usted que el tema de “la BOA” fue una estrategia original del gobierno federal? Le pregunto esto porque la idea del complot no es nueva, quizá los más jóvenes no lo sepan o no lo recuerden pero el viejo PRI, ese del que tanto reniega López Obrador, ya había inventado la fórmula.

Allá por la década de los 80s, cuando los escenarios electorales marcaban tendencias que atentaban contra la hegemonía tricolor, aparecía el “Ave Azul”.

Y no, el “Ave Azul” no era ningún plumífero exótico, era un supuesto documento confidencial. En él se decía que el PAN estaba perpetrando una estrategia sucia, desleal, para pegarle al gobierno y desestabilizarlo.

Se hablaba de una conjura clandestina en la que se daban los lineamientos para despojar al PRI del poder.

Hay que decirlo. En algún momento, el plan maquiavélico del PAN para desestabilizar al gobierno fue cierto. Generar reuniones secretas para planear las estrategias de desestabilización del PRI, eran la única forma de hacer crecer los movimientos políticos en contra del gobierno.

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