Como cada año, ha llegado la época de lluvias y, con ella, la temporada de huracanes. La diferencia es que, en esta ocasión, el país transitará por este periodo en medio del momento más crítico de la pandemia por Covid-19.
El Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han pronosticado la llegada de varios ciclones tropicales que afectarán territorio mexicano entre junio y noviembre de este año. De los 37 ciclones que tiene previstos la Conagua —18 en el Pacífico y 19 en el Atlántico— 8 ó 9 de ellos podrían alcanzar proporciones devastadoras en la escala Saffir-Simpson.
De acuerdo con el Índice de Riesgo 2018, realizado por la organización Germanwatch, en México un promedio de 142 personas pierde la vida cada año debido a desastres climáticos. Aunado a esto, las inundaciones generan pérdidas por 230 millones de dólares cada año y alrededor de 22 millones de personas se encuentran expuestas al riesgo ocasionado por los fuertes aluviones.
Un informe del Centro Nacional de Prevención de Desastres establece que los fenómenos de origen hidrometeorológico son los que generan un mayor número de población afectada por daños en viviendas, unidades de salud y unidades económicas.
En nuestro país, durante cada temporada de lluvias escuchamos historias lamentables de deslaves, comunidades incomunicadas, casas que se inundan y cosechas que se pierden. Tan solo en Puebla existen 133 municipios susceptibles de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos, siendo las regiones de la Sierra Norte y Sierra Nororiental las más afectadas. Específicamente seis municipios, Amixtlán, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, Zacatlán y Zautla, conjuntan los 4 riesgos por concurrencia de fenómenos hidrometereológicos: deslizamientos, derrumbes, granizadas e inundaciones.
Los fenómenos hidrometeorológicos generan graves afectaciones al patrimonio de las personas; y en este momento en el que el país atraviesa por una grave crisis de salud y una severa recesión económica, es imperativo contar con un plan para prevenir y actuar de manera resiliente, frente a la amenaza de estos fenómenos.
Pensando en ello, presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a las autoridades federales responsables y a los gobiernos estatales, a emprender acciones preventivas en esta temporada de lluvias y huracanes, considerando el factor Covid-19 en la implementación de protocolos.
En este sentido, propuse que los 32 gobiernos de las entidades federativas a conformen brigadas de Protección Civil, en conjunto con sus homólogos municipales, para generar un programa preventivo de vigilancia de laderas y zonas de riesgo por concurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, así como el mapeo de viviendas en peligro debido a su cercanía con cerros y zonas de riesgo. Esto permitirá determinar aquellos casos en donde sea necesaria una eventual evacuación de personas, así como la instrumentación de medidas preventivas de contagio de Covid-19.
Para ello, es fundamental que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, emita un Plan de Prevención con lineamientos técnicos con la finalidad de disminuir, en la medida de lo posible, el riesgo de contagios de Covid-19, en caso de existir alguna contingencia medioambiental.
En estos momentos críticos, sociedad y gobierno debemos trabajar juntos en las labores preventivas —rutas de evacuación, preparación de albergues, protocolos de higiene y sana distancia— para estar en condiciones de proporcionar refugio seguro a aquellas familias que puedan resultar afectadas en esta temporada de huracanes.
Tengamos presente que la única manera de enfrentar el riesgo es mediante la prevención y reacción inmediata, en caso de emergencia. Las y los mexicanos hemos logrado desarrollar una sólida cultura de la prevención que debemos aprovechar y consolidar.
La experiencia nos ha enseñado que la mejor fórmula para una protección civil de vanguardia es una sociedad y un gobierno previsores, autoridades bien coordinadas y trabajando en estrecha comunicación con una sociedad civil bien organizada e informada.
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