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Si la 4T lopezobradorista quiere avanzar en la anulación del modelo neoliberal salinista y construir una nueva economía de bienestar social, tendrá que entrarle de lleno a la reforma al artículo 25 constitucional que definió De la Madrid en 1983 y que tuvo tres objetivos neoliberales: regresar la economía mixta que quebró la expropiación de la banca, sentar las bases para la privatización de empresas públicas y darle rango constitucional a la empresa privada que vive de las utilidades especulativas y no del servicio social.

La reforma del 25 constitucional –fortalecida con las reformas a los artículos 26, 27 y 28– fue el pivote que hizo virar al Estado de la Revolución Mexicana a un Estado neoliberal de mercado. Por cierto, la reforma se hizo al vapor en el congreso y fue promulgada el 3 de febrero de 1983, a escasos 65 días de haber tomado posesión. El operador de la reforma desde el gabinete presidencial sobre el legislativo y cuya firma consta al calce de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación fue Manuel Bartlett Díaz en su carácter de secretario de Gobernación del gabinete delamadridista, por lo que le toca algo de la responsabilidad de haber instaurado el neoliberalismo hoy maldecido.

Esa reforma permitió la privatización de la banca, la venta de empresas públicas que conformaban el sector paraestatal, la privatización del ejido, la constitucionalización de los empresarios, el Tratado de Comercio Libre con los EE. UU., entre otros sectores que dejaron de ser del Estado de la Revolución Mexicana. En este sentido, De la Madrid y Salinas construyeron el Estado ecualizador, es decir, el Estado que estabilizaba la relación con los empresarios como sector equiparable a las funciones sociales de los sectores publico y social. Con este ascenso de los empresarios a rango constitucional, su papel en la economía dejó de ser utilitaria, aunque en los hechos, de 1983 al 2018, los empresarios siguieron rigiéndose por la tasa de utilidad y no por el servicio social, como lo revelan las cifras de distribución inequitativa de la riqueza social.

La clave de las reformas de De la Madrid facilitaron al gobierno de Salinas de Gortari la privatización de empresas públicas para construir una nueva clase empresarial desde el seno del Estado, como lo ejemplifica el caso toral de la entrega de Teléfonos de México al empresario salinista Carlos Slim Helú para convertirlo en el hombre más rico de México y entre los mas ricos del mundo. Lo mismo ocurrió con las empresas siderúrgicas, bancarias, aéreas y turísticas que eran del Estado y se cedieron al sector privado, todas ellas, por cierto, con un papel clave en el modelo de desarrollo, aunque acreditadas en las reformas como «no estratégicas ni prioritarias».

Para revertir el modelo neoliberal construido al amparo de las reformas de los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari se requiere la reforma del artículo 25 constitucional para regresar al dominio del Estado sobre el desarrollo, ya no como rector pasivo sino como eje de un modelo de economía social-publica. El modelo de economía mixta a nivel constitucional obliga al Estado a incluir en la planeación del desarrollo al sector privado, pero reconociendo que los empresarios no son órdenes religiosas que vivan para hacer el bien, sino que constituyen unidades de producción que requieren de utilidades para la reinversión.

El caso más sensible de la disputa por la rectoría del modelo de desarrollo fue el sector financiero, cuyos bancos fueron expropiados en 1982 por causa de utilidad pública y para dotar al Estado del preciado mecanismo de financiamiento del desarrollo, alejando a los bancos de su modelo especulativo para el enriquecimiento de una casta. Sin embargo, el gobierno de De la Madrid dejó que se pudriera el modelo de banca del Estado sin supervisiones estrictas y los banqueros-funcionarios resultados más gastadores que los privados. Con ese pretexto, Salinas de Gortari privatizó la banca y construyó una nueva plutocracia que hoy domina el financiamiento del desarrollo basado en utilidades bancarias.

La 4T del presidente López Obrador depende de la reforma a las reformas constitucionales de De la Madrid y Salinas de Gortari para liquidar al Estado neoliberal y reconstruir el Estado social. Sin este Estado social, la 4T no podrá alcanzar sus objetivos.

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