Entre familiares de personas desaparecidas sólo el 20.92 por ciento declararon contar con un empleo formal antes de la crisis sanitaria por Covid-19, el 40.1 por ciento señaló estar en la informalidad, 18.8 no tenían trabajo y 4 por ciento dijo estar jubilado.
Así lo dio a conocer el reporte “Información sobre el impacto de la crisis sanitaria por la epidemia de Covid-19 sobre las y los familiares de personas desaparecidas y personas localizadas sin vida en México”, elaborado por Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Idheas) y el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas.
Para este estudio se realizaron 700 encuestas a personas de 19 entidades (Puebla, Guerrero, Veracruz, Nayarit, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas.
La mayoría de las y los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida que participaron en la encuesta refirieron pertenecer a uno o varios grupos en situación de vulnerabilidad, con una mayor proporción de mujeres (87.83 por ciento del total), personas adultas mayores de edad (14.84), personas en situación de desplazamiento forzado interno (7.27).
También participaron en menor medida las personas indígenas (1.78 por ciento), población de la comunidad LGBT (1.19), migrantes (0.74), refugiadas (0.45) y niños o adolescentes (0.45 por ciento).
4 de cada 10 con atención de salud
El 40.80 por ciento de las personas encuestadas declararon que generalmente no reciben atención médica para la atención de su salud física o mental, mientras que el 16.62 por ciento señaló no haberlo necesitado.
El 39.17 por ciento las personas encuestadas señalaron que su vivienda es arrendada, mientras que 19.58 por ciento declararon que es prestada. El 41.25 por ciento declaró vivir en una vivienda propia.
Las personas encuestadas señalaron como actividad cotidiana la búsqueda sin vida de personas desaparecidas (60.98), la búsqueda en vida (54.15), la participación en mesas de trabajo con autoridades (49.26), en manifestaciones públicas (41.54) y en eventos como foros, talleres de capacitación (38.72 por ciento).
