Mercado laboral, en la lona// Colapsó desde hace décadas

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en la Jornada, indica que la pandemia ha obligado a realizar cambios sustanciales no sólo en la vida cotidiana, sino en un amplio abanico de actividades privadas y gubernamentales, y entre estas últimas destaca la forma de medir el acontecer económico y social del país. Primero fue el censo poblacional 2020, el cual, por primera vez desde que se lleva a cabo tal medición, se realizó mitad en campo y mitad por teléfono, dada la emergencia sanitaria.

Ahora el Inegi sorprende al divulgar los resultados de su primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), levantada en abril de 2020, la cual cuenta con un diseño estadístico y técnicas de levantamiento diferentes a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por lo que las cifras que ofrece no son estrictamente comparables en su forma de implementarse con la ENOE ni con la amplitud y precisión estadística a que da lugar la muestra de esta última.

Aclarada la metodología, a primera vista el resultado de la ETOE es catastrófico: en abril pasado alrededor de 12 millones de mexicanos económicamente activos quedaron fuera del mercado laboral (aunque el Inegi aclara que el “intervalo de confianza se mueve entre el límite inferior de 9.1 millones y el límite superior 14.9 millones). ¿La razón? Principalmente, por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo.

Terrible, sin duda, pero no es lo mismo empleo que ocupación, porque el primer término implica laborar en el sector formal de la economía y el segundo en la informalidad absoluta. Ello, porque el registro del IMSS reconoce que en abril pasado se cancelaron 555 mil empleos formales, de tal suerte que –de acuerdo con la encuesta telefónica del Inegi– alrededor de 10 millones 500 mil mexicanos en la informalidad quedaron en el aire (sin ingreso) en el mes de referencia.

Es decir, esos 10.5 millones de mexicanos (y existen muchísimos más) nunca estuvieron en el mercado laboral, entendido éste como el sector formal de la economía, en donde el trabajador tiene contrato y todas las prestaciones de ley, comenzando con el derecho a la salud. Lo demás –los que sobreviven en la informalidad– es la selva, armada y promovida por los gobiernos neoliberales para dar –decían– competitividad a la economía nacional, a costillas de la precarización y el hambre de millones de mexicanos.


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Tren Maya: AMLO, contento

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, señala que es natural que Andrés Manuel López Obrador haya mostrado contento a la hora de dar por iniciados los trabajos de un tramo del Tren Maya. Este proyecto es uno de los principales de su administración y en su ruta se han levantado varios obstáculos, entre ellos el presupuestal, agravado por la crisis económica derivada del covid-19.

Ayer, luego de un largo viaje por carretera y de una polémica desatención al semáforo sanitario que en rojo por toda aquella zona debería llevar a la abstención de actividades que pudieran provocar contagios, el político tabasqueño advirtió que la construcción del citado tren deberá realizarse en el tiempo y con los montos presupuestales convenidos, sin las famosas “ampliaciones” con cargo al erario que en otros sexenios significaban corrupción cabalgante.

No todo es, sin embargo, vía libre. Falta la resolución judicial de las quejas de comunidades indígenas que exigen consultas públicas legales y verdaderas sobre el tema (más la probable oposición física a la ejecución de las obras) y el desenlace de los problemas económicos y presupuestales que se van agravando en el país. Por lo pronto, el presidente de México pudo cumplir el protocolo amable, la ceremonia oficial, con la sonrisa en el rostro convencido de la dimensión histórica del proyecto de desarrollo económico en el sur del país a partir del famoso tren.

No gozan de credibilidad en forma el aparato de gobierno de Morelos, que encabeza el exjugador profesional de futbol, Cuauhtémoc Blanco, ni los órganos presuntamente autónomos como la fiscalía general del estado, pero aun así ayer comenzó a tomar cuerpo la versión de que fue la propia esposa la responsable del asesinato de un exfuncionario peñista, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, involucrado en un insólito expediente judicial de transferencia triangulada de recursos federales a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.

Identificada como Bethzabee y ya en prisión, la ahora viuda habría organizado la ejecución de Gamboa Lozano y otros de sus familiares, según la información oficial dada a conocer. Con esta línea de investigación podría decaer o desviarse la interpretación que pretendía asociar los crímenes sucedidos en el municipio de Temixco con un obligatorio silenciamiento de quien mucho podría haber declarado contra Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Manlio Fabio Beltrones.


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Entre el SAT y la UIF, tiemblan los empresarios

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la imagen de grandes consorcios nacionales y extranjeros, como Femsa y Walmart entregando sus cheques al SAT por adeudos millonarios que antes no reconocían o litigaban en los tribunales, es un buen referente de cómo el endurecimiento de la política fiscal del Gobierno de López Obrador está dando resultados.

Ante el temor de una demanda judicial o una exhibición pública como deudores del fisco, algo que afectaría no solo su imagen sino sus acciones en los mercados financieros, los grandes contribuyentes han comenzado a doblar las manos y han reconocido adeudos que en otros tiempos se negaban a aceptar y preferían mandar a sus despachos de abogados fiscalistas, ya sea a impugnarlos legalmente y ganar tiempo o incluso a pedir “favores” o condonaciones en los más altos niveles del Gobierno, donde solían tener un trato preferencial.

A partir de que el propio Presidente hiciera pública la existencia de una lista con los 15 grandes deudores que le debían al SAT cerca de 50 mil millones de pesos y les sugiriera pagar sus adeudos con la amenaza velada de iniciar acciones legales, los grandes contribuyentes empezaron a aflojar y decidieron pagar “voluntariamente” antes de ser exhibidos o señalados públicamente.

La mano dura de Raquel Buenrostro desde el SAT es el brazo ejecutor, pero la decisión de cobrarles y amagarlos públicamente fue solo del Presidente.

La otra pinza por la que el Gobierno está apretando a los contribuyentes es la persecución de la evasión a través de empresas de outsourcing ilegales, y en ese caso el ejecutor es Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso más reciente es el del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, acusado junto con su hermano y su cuñado, de lavado de dinero y defraudación fiscal por cerca de mil 100 millones de pesos.


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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Ayuda oportuna. Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, realizó nombramientos para reforzar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Designó a Luis Gutiérrez Reyes como promotor y constructor del portal Nómina Transparente, de la plataforma Denuncia Paisano, y actor clave en la construcción de los sistemas y plataformas para los programas de los Ciudadanos Denunciantes Alertadores Internos de la Corrupción y el Padrón de Integridad Empresarial. Entre otros, nombró como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos a Manuel García Garfias y al frente del Órgano Interno de Control de la SFP designó a Hiram Benjamín Rubio Guzmán. En la Dirección General de de Tecnologías de la Información optó por Armando Andrade Díaz. Equipo completo… ¿Ahora sí se pondrá a trabajar en los muchos casos pendientes?

2. Gobernar a la fuerza. Luis Miguel Barbosa, mandatario poblano, emitió otro decreto, ahora para ordenar que en Puebla se mantenga la sana distancia, el confinamiento, el uso obligatorio de cubrebocas, el programa Hoy No Circula y las regulaciones en el transporte público. Luego de informar que el fin de semana se acumularon 343 casos positivos de covid-19 y la muerte de 31 personas, indicó que la curva de contagios es alta, sin embargo, muchos habitantes retornaron a sus actividades. Ya armó un alboroto para hacerse cargo de la educación privada y ahora sus prácticas comienzan a ser incómodas. Genoveva Huerta, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, señaló que nunca será comparsa de una persona que ha hecho del ejercicio de gobierno una venganza personal. Todos lo notan, señor.

3. ¿Palabras al viento? El Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva del Congreso se reunió con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para revisar el avance de la armonización legislativa local de la reforma en materia de violencia política de género. Se acordó continuar el impulso a dicha armonización con los legislativos locales, no obstante, Córdova subrayó que, independientemente de la homologación legislativa, el INE emitirá lineamientos generales y una facultad de atracción para garantizar que todos los estados cumplan. Precisó que el INE garantizará la paridad horizontal en la reelección porque “competir por la reelección es un derecho de las y los legisladores electos, no una decisión de los partidos”. Si va por la igualdad, tiene tiempo de sobra. Que luego no venga con pretextos.


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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que en diversas áreas de gobierno comenzó a circular un diagnóstico elaborado por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez, en el que advierte que de aplicar el recorte de 75 por ciento que le exige Hacienda, tendría que cancelar todas sus operaciones sustanciales y se enfilaría a desaparecer, pues implica el despido de personal y dejar de pagar la renta de todos los Centros de Atención Integral en el país.

Que cientos de cooperativistas de Cruz Azul negaron que se hubieran descongelado las cuentas intervenidas por la UIF, dato que confirmó anoche la jueza Laura Gutiérrez de Velasco, por lo que no cobraron su quincena y denunciaron “traición” de los abogados Guillermo Barradas y Roberto García, que les dieron la espalda para representar “a quienes se quieren apropiar ilegalmente de la cooperativa”, como Víctor Garcés.

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