Energía privada, depredadora // Cúpula empresarial histérica

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que la intención gubernamental no es acabar con las energías renovables ni finalizar la participación privada en la generación eléctrica, sino de poner orden (AMLO dixit) en el sector y erradicar los contratos leoninos que administraciones anteriores firmaron con distintos corporativos, especialmente foráneos.

Pero como la cúpula empresarial no quiere ceder un milímetro, ya puso el grito en el cielo y deja escuchar su desgastado coro: comunistas, monopolizadores, estatistas y demás cánticos históricamente superados. Sabe que el objetivo gubernamental no es acabar con la participación privada, sino poner fin al permanente atraco contra la nación, y por eso se rasga las vestiduras.

Uno de los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resume de qué se trata: en el periodo 2014-2016 –ya con la reforma energética en operación– la energía eólica producida por la Comisión Federal de Electricidad tuvo un costo promedio de 386.2 pesos por megavatio/hora, en tanto que la energía eólica adquirida a productores externos (privados) tuvo un precio promedio de mil 440 pesos por la misma medida (es decir, una diferencia de casi cuatro tantos, en beneficio de los particulares, claro está). Los precios de adquisición de la CFE son pactados en contratos con los productores externos, lo que no constituyen condiciones favorables para la empresa productiva del Estado”.

A ese precio la CFE debe comprar a los privados (así se firmaron los contratos por 25 años, renovables), es decir, a los mismos que cuando se establecieron en México presumieron que con sus modernos métodos de generación se lograrían ahorros sustanciales. ¿Resultado? Pérdidas para la ex paraestatal (más de 2 mil 600 millones de pesos sólo en el periodo señalado) y cada día más abultados recibos bimestrales para los consumidores.

En cualquier país del mundo lo anterior simple y sencillamente se llama atraco a la nación y a los consumidores, pero la siempre histérica cúpula empresarial –acostumbrada a los jugosos negocios a costillas de la nación– no tiene más recursos que recordar su pasado fundacional y gritar: ¡comunistas! Y todavía alguno de los integrantes de dicha cúpula se queja de que en México las tarifas eléctricas resultan 40 por ciento mayores a las vigentes en Estados Unidos. Entonces, bájenle al atraco y, sin duda, esas tarifas serán menores.

Aquí la columna completa

Siete gobernadores contra AMLO

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, señala que el pasado viernes, en Parras de la Fuente, Coahuila (lugar donde nació el iniciador de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero), se reunieron siete gobernadores bajo una denominación en apariencia circunscrita a los temas sanitarios del momento (“Reunión Interestatal Covid-19”) pero que, en realidad, constituye el mayor reto lanzado hasta ahora desde el propio plano institucional a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo las relacionadas con la salud pública.

Instalados en la casa Madero, la vinícola más antigua de América, que ha funcionado de manera ininterrumpida desde 1597, los titulares de los poderes ejecutivos de esas siete entidades plantearon que la Federación debe negociar con ellos ciertos gastos relacionados con la atención al coronavirus de esta temporada, pero también, y sobre todo, reiteraron su intención de empujar nuevas reglas de asignación de fondos desde el plano federal a los estados (la demanda de un nuevo pacto fiscal nacional) y se manifestaron contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que, a su entender, frena la inversión privada en energías limpias y contra el cual estarían por actuar incluso por la vía judicial.

El punto de partida de este frente de gobernadores ha sido el noreste, con el moreirista Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila (quien fue el anfitrión), el panista Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (quien leyó el comunicado final de la reunión) y el desfondado “independiente” Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León (quien busca ser punta de lanza del enardecido empresariado de esa entidad que cuenta con gran fuerza industrial).

A esta tercia norteña (aún sin el chihuahuense Javier Corral, quien sostiene un intento de entendimiento duradero con López Obrador) se sumó el panista duranguense, José Rosas Aispuro, político de bajo perfil. Hasta aquí está claro el posicionamiento regional adverso a lo que consideran políticas de privilegio de AMLO hacia el sur del país. En una línea parecida podrían estar la priista sonorense Claudia Pavlovich (aunque el PRI pretende mantenerse en tregua respecto a Palacio Nacional), el priista sinaloense Quirino Ordaz Coppel y el panista que gobierna Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Del chihuahuense Corral ya se habló líneas arriba. Un norte dominado por la oposición a López Obrador, como puede verse (hay quienes consideran que hasta el hoy despechado Jaime Bonilla Valdez, llegado al poder por la vía de Morena, podría hacer guiños a este nuevo sindicato de gobernadores).

Al bloque norteño se ha sumado una porción de los gobernadores del occidente del país, a la cabeza de ellos el supuestamente presidenciable Enrique Alfaro, de Jalisco (bien cargado de presupuesto, gracias al enorme endeudamiento que está contratando para su estado), además del tecnócrata priista-peñista Ignacio Peralta, de Colima, y el perredista-peñista Silvano Aureoles, de Michoacán. Hay otras tres entidades colindantes que no se han sumado (¿aún?), todas a cargo de panistas: Guanajuato, con Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; Nayarit, con el empresario Antonio Echavarría y Aguascalientes con Martín Orozco Sandoval.

Aquí la columna completa

Yeidckol, bajo investigación en Morena

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, concluyó una auditoría interna a la gestión de su antecesora Yeidckol Polevnsky, en la que se hizo una revisión sobre todos los gastos y pagos que realizó el partido durante los tres años que duró su presidencia, de diciembre de 2017 a enero de 2020. Y entre los resultados que arrojó la verificación de las cuentas y los reportes financieros hay varios contratos sobre los que pedirán explicaciones a la exdirigente, sobre todo uno de 900 millones de pesos que pagó en compra de inmuebles y mantenimiento a una empresa donde aparecen vinculados sus hijos.

De acuerdo con fuentes internas de Morena, que conocen los resultados de la auditoría, esa es una de las principales razones por las que el CEN ha citado para mañana martes tanto a Yeidckol Polevnsky como a quien fuera su secretario de Finanzas, Joel Frías, para que ambos expliquen, por separado, los diversos contratos y pagos en los que se presumen irregularidades graves, que van desde el presunto tráfico de influencias, por la contratación de empresas vinculadas a una hija y un hijo de la entonces presidenta, hasta sospechas de corrupción.

El primer citado en la casona de Chihuahua 216, donde se encuentran las oficinas del CEN, es el extitular de Finanzas, quien comparecerá por la mañana ante los miembros de la dirigencia para ser interrogado y dar su versión y explicaciones, y después de que él termine iniciará la comparecencia de Polevnsky, quien también será interrogada para que explique, entre otros, ese contrato por 900 millones de pesos y las distintas irregularidades que arrojó la auditoría a su dirigencia de tres años.

El pasado 27 de enero, un día después de ser electo en votación por el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que iniciaría una auditoría al periodo en que Polevnsky fungió como secretaria general en funciones de presidenta, para conocer “el manejo de los recursos económicos”. Para ello, dijo, se contrataría a un despacho externo al que se le dio acceso a todos los registros financieros, bancarios y contables de la gestión de su antecesora, que comenzó a ejercer las funciones de la presidencia del partido el 12 de diciembre de 2017, cuando el entonces dirigente, Andrés Manuel López Obrador, solicitó licencia para irse como candidato a la Presidencia de la República por el partido.

Ya entonces Ramírez Cuéllar, cuya elección como presidente se atribuye a una alianza entre el grupo de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunciaba como su primera acción de presidente la investigación de Yeidckol, quien en ese entonces se negaba a reconocer su elección, pero aclaraba que no se trataba de una persecución política: “Lo que queremos es que quede todo claro, todo transparente, de tal forma que le podamos rendir un informe a la militancia de la situación que en estos momentos tiene Morena. No es ni cacería de brujas, simple y sencillamente es para tener claridad de qué es lo que estamos recibiendo”, aclaró el diputado federal con licencia.

Aquí la columna completa

El hombre cuyo silencio valió 700 millones

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, señala que el domingo 5 de junio de 2016 se celebraron comicios para gobernador en el estado de Chihuahua. Meses antes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría transferido 275 millones de pesos al gobernador César Duarte Jáquez, con el probable propósito de financiar la campaña de su partido, el Revolucionario Institucional.

Así lo habría confesado Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Finanzas de esa entidad. Su testimonio sirvió para rastrear una de las muchas operaciones de financiamiento ilícito que el partido tricolor recibió del tesoro federal durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Un actor clave en esta operación fue presuntamente Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces alto funcionario nacional de esa fuerza política.

Según Herrera Corral, otro actor principal fue Alonso Isaac Gamboa Lozano, quien en 2016 se desempeñaba como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.

Este hombre, asesinado el jueves de la semana pasada, durante el primer semestre de 2016 habría recibido instrucciones de su jefe, Luis Videgaray Caso, para firmar un supuesto convenio de “Fortalecimiento Financiero”, a favor del tesoro estatal de Chihuahua, mediante el cual se transfirieron los 275 millones de pesos que habrían sido invertidos en las elecciones de aquel mismo año.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Activismo insano. Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, reveló que iniciará investigaciones a un buen número de políticos que, a raíz de la alerta sanitaria, se han dedicado a promoverse. Son, dijo, decenas de diputados locales y federales, senadores y alcaldes, quienes reparten despensas, cubrebocas, caretas y gel antibacterial para, a través de la Unidad de lo Contencioso, determinar si constituyen una violación a la ley por promoción personalizada con recursos públicos. “Lo malo es que estos apoyos se distribuyen en cajas o bolsas rotuladas con los nombres de los servidores públicos y con los colores de sus partidos”, dijo. ¿Cómo lo va a evitar?, ¿con multas que acaban saliendo de los recursos públicos? Llamarlos al orden es imposible, así que el INE está obligado a mostrar quién manda en materia electoral. ¿Los políticos, pasados de listos?

2. Desastre petrolero. Mala racha la de Octavio Romero Oropeza, director de Pemex. No sale de un problema y entra a otro. Lo más grave es la caída de los precios del petróleo, en medio de una crisis sanitaria a nivel global, con todos los efectos económicos que esto conlleva. Pero a eso hay que sumarle que Pemex registra, hasta el momento, seis mil 380 casos sospechosos de coronavirus, por lo que ha realizado dos mil 380 pruebas de diagnóstico, con las cuales se ha logrado descartar 989 casos y confirmar mil 391. Hasta el momento registra 190 defunciones. Pero a esto hay que sumarle el gravísimo error que ha enlutado a varias decenas de familias, por haberles aplicado medicamentos caducos. Morena, en Pemex, nomás no levanta.

3. Dolor de cabeza. El diputado Enrique Ochoa, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, junto con la bancada del PRI, pidió a la Secretaría de Energía que deje sin efectos de manera inmediata el acuerdo que suspende la generación de energías limpias por parte de inversionistas privados. Argumenta que la nueva política eléctrica “no cumple con los principios establecidos en la Constitución” ni se apega a las leyes en la materia y los tratados internacionales. Los priistas exhortaron a la Sener a que se abstenga de invadir las facultades que correspondan a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía. Acusan que la actual política en esa materia incumple múltiples artículos de las leyes al respecto. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, tiene la palabra. Sale del problema o se aferra a él. Veremos.

Aquí la columna completa