Universidades privadas coincidieron en que la nueva Ley de Educación poblana es ambigua, aunque discreparon en que, con ella, se busque la enajenación de sus bienes; en tanto, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, propuso tramitar una acción de inconstitucionalidad.
En entrevista, el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), José Baños Ardavín, señaló que la legislación fue realizada “a espaldas de la población, sin ningún espacio a la reflexión” que integrara a las instituciones educativas.
Lo anterior porque la nueva norma está respaldada en la Ley General de Educación, la cual, establece en el artículo 99 que los bienes e inmuebles destinados a las escuelas públicas o que pertenecen a privadas deberán ser regulados por la Federación, con el fin de que estos cumplan con requisitos de calidad; también señala que los gobiernos estatales deberán armonizar dicha base a su respectivas leyes.
El Legislativo poblano apropió el 99, pero en el artículo 105, ante lo que Baños Ardavín mencionó armonizar no significa “un copiar y pegar”, pues la homologación federal tiene postulados que “no son los más adecuados”, por lo que sería labor del Congreso estatal esclarecer los parámetros y adaptar dicha legislación a las características de la educación en el estado, enriqueciéndose de la “perspectiva local”.
Destacó que cuando se promulgó la ley federal, las instituciones educativas señalaron que también que también era poco clara, ante lo cual, les dijeron que con estas normas no se pretendía poner en juego los bienes particulares; no obstante, el rector objetó dicha afirmación, pues consideró que “cuando tienes tienes que explicar una ley una y otra vez”, se demuestra que no es clara.
Resaltó que la modificación afecta a las más de 3 mil 400 instituciones que operan en la entidad, afectando, incluso “los intereses de los padres de familia”; esto, pues precisó que la ley no integró propuestas para fortalecer la educación, como el rol de los padres de familia y las condiciones de la educación a distancia, poniendo como ejemplo la situación que se vive por el Covid-19.
Ley no busca apropiarse de inmuebles, señalan
Por su parte, José Guadalupe Sánchez Aviña, catedrático de la Ibero, también coincidió en que la ley poblana se presta a diversas interpretaciones, aunque descartó que el 105 sea una expropiación de bienes, pues dicho artículo también indica que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares forman parte del Sistema Educativo Estatal.
Esto, ya que agregó que por el hecho de formar parte de un servicio educativo que se integra al sistema mexicano, como lo es la validación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las instituciones están obligadas a seguir una serie de regulaciones para que el servicio sea de calidad, sin importar que sea pública o privada; precisó que la ley se refiere a una pertenencia al sistema y no de una propiedad del bienes, pese a que la ley señala explícitamente “inmuebles”.
Ante los señalamientos de una posible expropiación de bienes a las universidades privadas, comentó que son expresiones “temerarias” y que habría que tener cuidado con dichas reacciones, ya que pueden rayar en la “irresponsabilidad” si no están fundamentadas.
No obstante, reconoció que la falta de claridad en la ley, se debe al lenguaje empleado en su redacción, que se presta a su interpretación, lo cual, ha contribuido a generar la controversia.
Sobre este punto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta rechazó, en su conferencia matutina de este martes, que busque adueñarse de las propiedades de las escuelas privadas, pues aseguró que el objetivo es evitar abusos por parte de las escuelas y asegurar que los inmuebles sean destinados a fines educativos.
A lo anterior, sumó que el Consorcio Universitario está “creando una cortina humo” por verse afectados sus intereses, siendo que está integrado por la Upaep, Udlap, Anáhuac y la BUAP, siendo ésta última la que más se opone a la ley por sujetarla a auditorías externas.
Ley de Puebla, contraria la general: Monreal
En tanto, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, se opuso a la armonización del mandatario poblano, argumentando que la reforma local es contraria al “espíritu” de la Ley de Educación federal, la cual, irían en contra de lo establecido en la Constitución General.
Si bien precisó que desde su posición en el Senado no puede hacer nada al respecto, argumentó que se puede promover una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de evitar su aplicación.
Abundó en que el “verdadero objetivo” de la ley nacional era respetar a las instituciones privadas y fortalecer el papel del Estado en vigilar el orden de las universidades, con planes, programas y orientaciones que no violen la constitución en materia de principios educativos, por lo que “ni se intenta ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas”.