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lunes, septiembre 28, 2020
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El peligro de las “covidfiestas” y las cifras de corrupción del Inegi

Gali Fayad sigue en Puebla

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que antes de que se sigan publicando más novelas periodísticas sobre la supuesta orden de aprehensión emitida en contra del ex gobernador de Puebla y su repentina huida a un lugar de Europa, junto con varios integrantes de su familia, me permito informar a la amable clientela de este blog lo siguiente:

José Antonio Gali Fayad no ha salido de Puebla, está guardado en su residencia de La Vista respetando hasta donde le es posible el quédate en casa, y tampoco tiene una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, por lo que sus abogados tampoco tramitan ante un juzgado federal un amparo.

Lo mismo sucede con su esposa Dinorah y sus hijos. Todos están en Puebla, esperando el fin de la contingencia o la reanudación de actividades en lo que se ha denominado la nueva normalidad.

Gali Fayad, por cierto, sigue trabajando en la próxima Expo Congreso de Smart City que tendrá lugar en Mérida, Yucatán.

El evento estaba previsto para el mes de marzo, pero con motivo de la emergencia sanitaria tuvo que posponerse y ahora se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre en la capital yucateca. ¡Bomba!

Aquí la columna completa

Todos sabían de las “covidfiestas”, menos las autoridades

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que las llamadas “covidfiestas” no es un asunto menor, pues se sabe que han sido solo dos o tres, que son las que se tendrían identificadas las autoridades, sino por lo menos se han producido unas dos docenas de estas reuniones. Ha trascendido que atrás de la organización hay cuatro redes de intereses, que son: sonideros, narcomenudistas, los propietarios de antros y sobre todo, negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas por consignación.

Para la realización de estos eventos se han combinado tres factores: el afán de unos de hacer negocios; la insensatez –o mejor dicho la idiotez– e ignorancia de los asistentes que se creen la falacia difundida en redes sociales de “la inmunidad del rebaño”, y la pobre actuación de autoridades municipales para detectar las reuniones.

El asunto se ha sabido por la fiesta de Tecamachalco, del pasado 17 de mayo, en que se salió todo de control y el festejo culminó con el asesinato de una joven, que apareció en la alberca del salón social que se utilizó y registraba un fuerte golpe en las costillas, que al parecer le cegó la vida. Ello es reflejo de que el encuentro no solamente fue una violación a la cuarentena del Covid–19, sino también hubo violencia y consumo de drogas, y muy probablemente actividades de redes de trata de personas.

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Dichas fiestas se convocan mediante redes sociales y se sabe que los principales organizadores son estas empresas dedicadas a surtir de bebidas alcohólicas por consignación. Me explico: cuando alguien realiza un evento social llama a quienes prestan dicho servicio y éstos llevan las bebidas, y todo lo que se necesita para su consumo. Al final se les paga lo que se acabó consumiendo.

Se sabe que algunas de estas empresas acapararon importantes volúmenes de cerveza y cuando hizo crisis la escasez de esta bebida fermentada, primero promocionaron que tenían dicho producto. Luego saltaron a violar las restricciones y empezaron a realizar fiestas, que originalmente llamaron “pool party”, pues se hacían en casas o solones con alberca.

Aquí la columna completa

Un decreto histórico y el choque de trenes

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que ete día, cuando el gobernador Luis Miguel Barbosa publique el decreto en el que se establece el retraso en el arranque de Volkswagen y el sector automotriz por el pico de contagios y muertes en la entidad, podrá marcarle a la secretaria florero de Gobernación y decirle que el que avisa no traiciona.

Les dijo al gabinete federal que tomaría medidas, y las tomó. A eso lo orillaron y en vez de dar un paso atrás, dio uno adelante.

Ese decreto será un cisma, un boquete histórico para el centralismo con el que López Obrador diseñó su 4T: gobernadores tapetes, floreros, incapaces de hacer valer su soberanía estatal. Se lo habíamos anticipado antes que nadie este choque de trenes.

AMLO supuso, además, que los gobernadores pagarían los pecados cometidos por el gobierno federal antes, durante y después de la pandemia. Que los iba a exhibir como mansos y luego regresarlos a la cuadrilla.

Con Barbosa, por lo menos, se equivocaron en su lectura política, en su personalidad y en su juego estratégico.

Aquí la columna completa

Inegi, la corrupción y AMLO

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la bandera de campaña de AMLO siempre fue acabar con la maldita corrupción en México, que a su decir, era la madre de todos los males que padece el país.

Erradicarla permitiría tener un sistema de salud más robusto, habría mayor creación de empleos, disminuiría la inseguridad y la riqueza en México se distribuiría de manera más equitativa.

Durante 18 años ese fue su estandarte, su grito de guerra. Frases como aquella en la que aseguraba que “barrería” la corrupción como las escaleras, de arriba hacia abajo, eran comunes en sus discursos de campaña.

Al llegar al gobierno, López Obrador insistió en que el peor de los males en México, era toda la corrupción que sus antecesores habían solapado.

Muchas de las decisiones que tomó –y que fueron seriamente cuestionadas- como la erradicación del Seguro Popular, fueron justificadas por el propio presidente bajo la premisa de que esos programas eran parte de una corrupción que dañaba al país.

Aquí la columna completa

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