Con nueva ley, universidades no usarán educación como negocio: Barbosa
Con nueva ley, universidades no usarán educación como negocio: Barbosa. Foto: Gobierno de Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que la nueva Ley de Educación en Puebla aprobada por el Congreso local no busca violar la autonomía de la BUAP, si no que la institución no vea como un negocio la educación y evitar que haya “estafas maestras”.

Lo anterior, al cuestionarlo sobre si con esta ley, avalada por el Legislativo poblano la semana pasada, habría una inminente auditoría a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a lo que contestó que la rendición de cuentas y la transparencia debe ser permanente para los que usan recursos públicos.

Manifestó que su gobierno siempre será respetuoso de la autonomía universitaria y de los programas educativos de las instituciones privadas, por lo que no tiene la visión de meterse en los criterios educativos, al menos que no estuvieran apegadas a la Constitución.

“Esta nueva Ley de Educación en Puebla es una ley de avanzada, que no daña a los impartidores de la educación y si mejora las condiciones de la forma en que se hace llegar toda la educación a los estudiantes, no va a pasar nada, no va a pasar nada”, pronunció.

Indicó que para su administración la educación debe ser una actividad “absolutamente” democrática, accesible y que pueda ser vista como un derecho de toda persona y ser humano, eso es para nosotros la educación.

Fue aprobada en el Congreso por mayoría

Barbosa Huerta dejó clara su postura de que la educación no debe ser un negocio y nunca debe ser utilizada para lo que se usó en otros tiempos, al hacer énfasis en la Estafa Maestra, investigación que reveló como a través de universidades, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mil 670 millones de pesos en contratos ilegales.

Es necesario mencionar que la Ley Educación, aprobada por la mayoría de diputados locales, contempla que se podrán investigar los aumentos en las cuotas de particulares y estos no podrán condicionar la compra de uniformes y materiales.

Además de que se aplicarán multas de hasta 440 mil pesos a quienes retengan documentos por adeudos, y que las universidades públicas colaborarán en esquemas de fiscalización.