Rocío en el ojo de la tormenta
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que en medio de rayos, truenos y centellas de empresarios, inversionistas y hasta países por la publicación del acuerdo para la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se siente segura y confiada porque su “pararrayos” está ubicado justo en el Palacio Nacional, donde la respaldan totalmente en una decisión tan polémica como impugnable a través de las vías legales.
Y cuando apenas empieza lo que amenaza con ser todo un tema de demandas e indemizaciones para el Gobierno de López Obrador –ayer lunes se otorgaron las dos primeras suspensiones provisionales– los detractores de Nahle en el sector energético, que no son pocos, empiezan a sacarle “asuntos” a la titular de Sener. Primero fue el tema de su compadre, José Quintanilla Ayache, que había recibido un millonario contrato del IMSS en la Ciudad de México para la compra de ventiladores para el coronavirus, a través de su empresa Bidcom Energy, que tenía menos de un año de creada y con un capital inicial de 50 mil pesos; después del escándalo del hijo de Bartlett, al compadre de Nahle le fue cancelado de inmediato ese contrato por la Dirección del Seguro Social, pero ahora los reflectores apuntan a los contratos de la Refinería de Dos Bocas, donde la secretaria Nahle es algo así como la responsable directa de esta obra por encargo presidencial.
Empresas que han participado en las licitaciones para las distintas etapas de Dos Bocas, se quejan de “favoritismo” de “tráfico de influencias” en la asignación de contratos en algunas etapas y apuntan en concreto a Juan Carlos Fong. Empresarios y contratistas de Pemex reconocen a Juan Carlos Fong, como amigo cercano del esposo de Nahle, José Luis Peña, y quien se presenta como “operador de Peña y Nahle”. Fong es dueño de la empresa Construcciones y Reparaciones del Sur, que forma parte del consorcio Huerta Madre, que en conjunto con la holandesa Van Ord, “ganaron” a través de una licitación restringida el dragado de Dos Bocas (5 mil millones de pesos).
Los señalamientos de presunto tráfico de influencias tienen que ver con que cuando Huerta Madre ganó este contrato, tenía una semana de haberse constituido, integrada por Construcciones y Reparaciones del Sur, propiedad de Fong, Constructora Santadreu, propiedad de Manuel Santandreu, que preside el consorcio, así como Comercializadora de Productos, Servicios y Maquinaria Jiménez Falcón.
Uno de los tres participantes a esa “licitación restringida” fue Grupo Boskails, quien se inconformó formalmente con la entrega del contrato, porque entre varias inconsistencias dio a conocer que el capital para crear Grupo Huerta Madre es de 60 mil pesos, “lo cual limita su capacidad técnica y económica para cumplir con el servicio que se requiere en Dos Bocas”. Ese es el argumento en la queja oficial, pero fuera de eso, las empresas aseguran que Juan Carlos Fong presume ante posibles clientes que él es “el contacto” para lograr “los acuerdos”, incluyendo la Lista de Ganadores del Paquete 5, el último concurso del proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Morena y la extrema riqueza
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, abrió la polémica nacional mediante un comunicado de prensa que alarmó a quienes creyeron entender ahí una propuesta peligrosa para su patrimonio. En particular, generó gran inquietud el uso del verbo “entrar”, en un párrafo del segundo punto de la propuesta del diputado con licencia que ahora dirige al partido presuntamente en el poder.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según propuso Ramírez Cuéllar, “debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”.
Aun cuando la atención pública se concentró en las líneas arriba citadas, en realidad forman parte de un planteamiento de cinco puntos que trata de empujar un diálogo hacia un Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional que, con la vista puesta en la innegable crisis sanitaria y económica que vive el país y que de manera previsible se agudizará, intenta promover un consenso para nuevas reglas de convivencia social, basadas en el concepto de bienestar (https://bit.ly/3dZzjWI ).
Ramírez Cuéllar explicó ayer ( Astillero Informa: https://bit.ly/3dWoZOZ ) que su propuesta no implica el entrar físicamente a los domicilios de los mexicanos para verificar el patrimonio de cada cual. Además, explicó que ciento cuarenta mil mexicanos son dueños del cincuenta por ciento de la riqueza nacional y, en términos generales, se aprovechan de sus posibilidades de “planeación fiscal” para pagar impuestos en menor medida que el resto de la población.
El diputado federal con licencia (presidía la comisión de presupuesto público en San Lázaro) aseguró que la terrible desigualdad económica y social que vive el país obliga a pensar en términos de progresividad fiscal (es decir, que más contribuya en impuestos quien más riqueza concentre), llegando a plantear que “si no hay esta progresividad fiscal, el estado de bienestar social va a ser simple y sencillamente un sueño”.
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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala indica que 1. Toda la razón. Alfonso Ramírez Cuéllar, el líder provisional de Morena, lanzó una propuesta descabellada: que el Inegi mida la riqueza de los ciudadanos. “No es cacería de brujas”, advirtió. “Así como se mide la pobreza, también que se mida la concentración de la riqueza”, dijo, pero su idea fue rápidamente rechazada por todos los sectores, incluyendo a los morenistas. “No estamos buscando ni expropiar ni quitar fortunas, sino ir reduciendo esta brecha enorme entre los que tienen muchísimos miles de millones de dólares y los que no tienen nada”, aseguró. Propone un acuerdo de unidad nacional que incluya en la Constitución el concepto de “Estado de bienestar”. Tómenle la palabra. Asegura que “tenemos miles de millones de dólares que son una riqueza inobservada”. ¿Y si comenzamos por la familia de Manuel Bartlett?, ¿de cuántos millones “inobservados” estaríamos hablando?
2. Apagafuegos. Ante el planteamiento de Morena de dar nuevas atribuciones al Inegi para medir la riqueza, Ricardo Monreal, líder de la Jucopo y de la bancada de Morena en el Senado, enfría el asunto de manera tajante. Solucionar es su costumbre. No existen iniciativas para otorgar y ampliar facultades del instituto ni al SAT para verificar el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos. Con la cabeza fría, apela a la prudencia, pese a que Morena es mayoría legislativa, y advierte que antes de tomar decisiones se escucharán las voces de todos los sectores. La propuesta no ha sido revisada ni discutida en las bases políticas del partido. Propone no abandonar el diálogo. Conciliar y construir acuerdos, no irse por la libre es lo suyo. Siempre pensando en todos. Cautela y responsabilidad por el bien común.
3. ¿Y después? El fallo histórico a favor de la legalidad y la democracia por parte de la SCJN no se debe quedar sólo ahí. Hay que castigar a quienes aprobaron la Ley Bonilla, una flagrante violación a la constitucionalidad, independientemente de que hay exlegisladores que cínicamente siguen ocupando una curul o desempeñan un cargo público en Baja California. De aquellos hoy tan cuestionados, actualmente legislan María Trinidad Vaca Chacón, quien ocupa una curul gracias a la paridad política, ha brincado de partido en partido y ahora se ostenta como independiente y, por si fuera poco, ¡preside la Comisión de Derechos Humanos! Víctor Manuel Morán fue quien en julio del 2019 presentó la iniciativa y ahora rechaza ofrecer una disculpa, como lo solicitan diversos actores políticos en el estado.
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