En el Congreso de Puebla, se presentó una iniciativa para que durante casos de emergencias o catástrofe se aleje de sus agresores a mujeres víctimas de violencia y trasladarlas a estancias o refugios, pues dicho delito va en aumento durante esta contingencia.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Muciño Muñoz, propuso el pasado lunes durante comisiones agregar una fracción X al artículo 51 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De esa manera, busca que la legislación también contemple que “durante el confinamiento derivado de una epidemia, situación de emergencia o catástrofe” las mujeres víctimas de violencia sean “separadas y alejadas de manera inmediata” de sus agresores.
En caso de que se apruebe la iniciativa, también se tendrá que trasladar a la víctima a “casas de medio camino” –estancias que brindan terapia terapéutica– y refugios, aunque no se especifica la manera en que se hará.
Cuentan con opciones de refugios
Muciño Muñoz expuso que tan sólo en el mes de marzo –cuando inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19— “se registró el mayor número de incidentes por violencia contra la mujer, 28.6 por ciento superior al que se registró en enero de este año y 22 por ciento mayor al de febrero”.
Mientras que para abril, agregó, aumentó 12 por ciento las solicitudes de mujeres víctimas de violencia para acceder a un refugio.
Es necesario precisar que entre enero y marzo el 911 recibió 2 mil 276 llamadas por violencia en los hogares de Puebla, lo que representó un aumento del 25 por ciento respecto a las mil 810 en ese periodo en 2019; además fue el quinto estado con más reportes por agresiones contra mujeres.
Tiene derecho a asesoría gratis
Entre los derechos incluidos en el artículo 51 se encuentran que las víctimas sean tratadas con respeto, darles protección inmediata por parte de autoridades, contar con información necesaria para darles opciones de atención, brindarles asesoría jurídica gratuita, así como atención médica y psicológica.
También, se debe de contar con una institución pública o privada para brindar reguardo a la víctimas, quienes deben ser valoradas sin estereotipos de cualquier tipo, y en caso de que tengan hijos, podrán acudir a los albergues, casas de medio camino y refugios con éstos.
Finalmente, tampoco se puede obligar a la mujer víctima de violencia a participar en mecanismos de conciliación con su agresor. Igualmente se agrega que “las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.
La iniciativa aún tiene que ser analizada en la Comisión de Igualdad de Género.