Durante el primer trimestre, siete funcionarios del poder Judicial de Puebla fueron sancionados; dos son jueces penales que tuvieron suspensión temporal por irregularidades en procesos que llevaron y otros dos tuvieron multas económicas.
Lo anterior, de acuerdo con las actas publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) cuyo reporte es del 1 de enero al 31 de marzo, mismas en las que se precisan que las sanciones fueron impuestas por el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En el caso de los jueces, uno fue Venustiano Islas López, actualmente en el juzgado quinto penal, pero que estando en el distrito de Tepeaca otorgó la libertad bajo caución a pesar de que el delito era considerado grave, lo que le originó una suspensión del cargo por 15 días sin goce de sueldo.
El otro fue José Hugo Salvador González, encargado del juzgado civil y penal de Acatlán de Osorio, mismo que fue suspendido por 30 días sin goce de sueldo luego de que cambio la tipificación del delito contra una persona detenida, por lo que le impusieron una responsabilidad administrativa.
Dos tuvieron amonestación privada
Por su parte, Victoriana Soriano Marcelina, quien fungía como comisaría del juzgado penal de Tehuacán en 2016, se le impuso en dos ocasiones sanciones económicas, una de 100 UMAs (8 mil 688 pesos) y otra de 75 UMAs (6 mil 516 pesos), esto debido a que extravió un proceso vigente y porque no presentó un informe de lo que se encontraba en su oficina.
En tanto, Manuel Martínez Coca, auxiliar de Oficialía del Juzgado Segundo Civil de Cholula, fue sancionado con cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 434 pesos, luego de que en 2017 no acudió un día a laborar y tampoco presentó la justificación de la ausencia.
Otro de los sancionados fue Juana Pérez Carmona, quien como Oficial Mayor del Juzgado de Chignahuapan, omitió dar contestación en tiempo y forma a un expediente de un juicio mercantil en 2017, por lo que tuvo una amonestación privada.
Situación similar tuvo Teresa Toxtle Guerra, taquimecanógrafa del Juzgado Cuarto Familiar, quien en 2016 extravió un libro diligenciario par que contenía el control de entrega de expedientes para notificar, ante esto se sancionó con una amonestación privada.
Finalmente, Ignacio Pedraza Rojas, diligenciario del Juzgado Segundo de lo Civil, tuvo una amonestación pública, esto luego de que emplazó de manera errónea y por segunda ocasión a una ciudadana que enfrentaba un proceso, toda vez que acudió a un domicilio distinto al señalado en el expediente.
