La Secretaría de Gobernación (Segob) asumió como tema de Estado la protección de 40 millones de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia por Covid-19, ante un eventual incremento en las condiciones de pobreza, exclusión, desigualdad y violencia, aunado al riesgo a la salud.
Lo anterior, a través de la aprobación del acuerdo “Acciones Indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19)”.
Durante la videoconferencia del Sipinna el pasado 30 de abril, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez enfatizó que es una oportunidad de reafirmar el compromiso político, moral y personal para mirar a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos.
No se trata de un informe de gobierno -subrayó— se trata de un diálogo urgente para evitar los riesgos que esta pandemia puede provocar en la niñez y la adolescencia.
Asimismo, coincidió con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en que estos efectos pueden dañar la salud de infantes y adolescentes, pero que ya afectan su integridad, su educación y su alimentación, entre otras cosas.
Las actividades indispensables para niñas, niños y adolescentes en la coyuntura están agrupadas en servicios de salud mediante el máximo esfuerzo para ofrecérselos, entre los que destacan la atención a recién nacidos y fomento a la lactancia, vacunación y prevención del embarazo adolescente, atención a la salud mental y psicoemocional, así como prevención de accidentes.
En materia de alimentación y actividad física, el acuerdo indica la importancia de intensificar programas y servicios de alimentación para niñez y adolescencia en los hogares más pobres y en las zonas más afectadas, como son los desayunos escolares y los servicios de alimentos de escuelas de tiempo completo.
El acuerdo incluye un rubro sobre el Registro Civil, que advierte sobre la necesidad de asegurar su operación para el registro de nacimientos y defunciones a la brevedad, así como acciones para la prevención y atención de violencias en los hogares que afecten directa o indirectamente a la niñez y adolescencia.
Además, busca ampliar el acceso a herramientas y contenidos educativos mediante los medios electrónicos y digitales públicos en apoyo tanto al alumnado, como a las madres y padres para orientar el aprendizaje de sus hijas e hijos, y prever la deserción y abandono escolar.
Igualmente, el documento advierte sobre priorizar los apoyos al ingreso para hogares con niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, e incrementar el acceso al agua potable en zonas pobres.
También plantea que los protocolos de emergencia en salud lleguen a los grupos de mayor vulnerabilidad como la niñez y adolescencia migrante acompañada o no, personas en situación de calle, indígenas, con discapacidad, así como los adolescentes en conflicto con la ley mediante la preliberación.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, subrayó que se trabajará con los sistemas estatales y municipales de todo el país, a fin de lograr que los gobiernos de los tres órdenes aseguren los servicios públicos necesarios establecidos en el acuerdo.