La segunda oportunidad de Irma Eréndira
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que Irma Eréndira Sandoval tendrá una segunda oportunidad —de las que muy pocas veces se dan en política— para restituir su imagen y credibilidad como responsable de investigar y sancionar actos de corrupción y conflictos de interés en el actual Gobierno. La instrucción que le dio ayer lunes el presidente López Obrador para investigar y sancionar la asignación de un contrato por 31 millones de pesos otorgado por el IMSS a León Manuel Bartlett Álvarez, pone a prueba la congruencia ya no solo de la secretaria de la Función Pública, sino del mismo Gobierno lopezobradorista. En la forma como procese su primer gran caso de posible corrupción, la 4T demostrará si el discurso de “ya acabó la corrupción” y del “no somos iguales a los de antes” es real o es pura demagogia.
El mismo Presidente ayer tuvo que aceptar, casi a regañadientes y no sin antes cuestionar a Mexicanos contra la Corrupción y a Claudio X. González por publicar la investigación periodística que expuso la asignación de contratos al hijo de un miembro del gabinete presidencial. Sin condenar ni juzgar el evidente conflicto de interés y sin mencionar nombres, López Obrador ordenó a Sandoval que investigue y “si resulta responsable esta persona (el hijo de Bartlett, León Manuel Bartlett) tiene que ser sancionado, igual que la persona que le entregó el contrato (el director del IMSS, Zoé Robledo)”.
Ayer mismo, tras recibir la orden del Presidente, la Secretaría de la Función Pública informó en un comunicado que desde el viernes 1 de mayo, fecha en que se publicó el reportaje de Laura Sánchez Ley y Raúl Olmos, había iniciado una investigación sobre el contrato de 31 millones otorgado al empresario Bartlett Álvarez.
Contrario a la descalificación que hizo el Presidente del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, Sandoval aseguró que “la Función Pública agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación”. La secretaria dijo que no se justificarán irregularidades por la situación de emergencia y habló no solo de un tema de legalidad, sino también de moral pública.
Los duros cuestionamientos y el daño que sufrió su imagen pública tras el fallo con el que exoneró a Manuel Bartlett Díaz de un conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias, luego de que se revelara la posesión de más de 23 propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, han perseguido a Irma Eréndira Sandoval desde que dio a conocer esa conclusión de sus investigaciones en diciembre de 2019. Aquella exoneración, por la que incluso muchos la compararon con su antecesor en el cargo, Virgilio Andrade, quien con argumentos legales similares dijo no haber encontrado “ningún conflicto de interés” en la adquisición de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y la “casita” de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le costó a la funcionaria parte de su credibilidad como responsable de combatir la corrupción y vigilar el desempeño de los funcionarios de la 4T.
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¿Dar registro a México Libre?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, señala que los recientes señalamientos de la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, respecto al conocimiento que tuvo la administración de Felipe Calderón Hinojosa de las andanzas delictivas de su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, inciden en un tema a resolverse en el corto plazo, la aprobación o rechazo de la pretensión del mencionado político michoacano de hacerse de un partido de índole esencialmente familiar, denominado presuntivamente como México Libre.
Aun cuando el citado Calderón Hinojosa y sus huestes cibernéticas pretenden darle un sentido descalificatorio a una tercia de tuits emitidos por la citada diplomática estadunidense, lo cierto es que la grabación, puesta ayer mismo a disposición del público en la página de internet de la revista Proceso, muestra con claridad lo originalmente planteado: en Washington se sabía el tipo de personaje que era el brazo policiaco ejecutor de Calderón, pero por pragmatismo se trabajaba con él, de cuyo historial también sabía el propio jefe político máximo de esa facción, hospedado durante seis años en Los Pinos. El propio periodista Jesús Esquivel detalló lo relacionado con esa entrevista con Jacobson, según puede verse en https://bit.ly/2YyaEE1 .
En realidad, el enfoque polémico preferido por el calderonismo es equívoco a conveniencia (de ello habló ayer Anabel Hernández: https://bit.ly/3c5zFuk ): se pretende centrar y anclar la discusión en el punto del conocimiento o no de Calderón respecto a lo que hacía su virtual vicepresidente policiaco, como si en la realidad práctica pudiese haberse dado una disociación radical entre quienes en los hechos fueron siameses operativos: ejecutor implacable Genaro de las decisiones de Felipe (¿o al revés?), causantes ambos de la vorágine denominada “guerra contra el narcotráfico” que buscó dar “legitimidad” al fraudulento Calderón en su “presidencia” funeraria y, al mismo tiempo, rediseñar, a conveniencia de quienes entonces tenían el poder político y policiaco, el mapa del narcotráfico en México para favorecer a un cártel, el de Sinaloa, y utilizar la fuerza armada institucional contra los competidores del cliente protegido.
Las graves acusaciones radicadas en Estados Unidos contra el preso García Luna, y la confirmación de que Calderón Hinojosa sabía lo que hacía su copiloto sangriento (un “saber” que, en esas alturas del poder, significa asentimiento y complicidad, cuando no instrucción expresa), tienen naturales consecuencias políticas. Parte de la tragedia nacional y de la descomposición institucional pasa por el ejercicio de poder que el crimen organizado ha practicado abiertamente en los ámbitos gubernamentales de los tres niveles (federal, estatales y municipales) y en las cámaras nacionales y estatales a partir del financiamiento de opciones partidistas y electorales que al llegar a los correspondientes cargos deben responder a los intereses de sus patrocinadores, implacables en cuanto al cobro de sus réditos políticos y económicos.
En ese contexto de vasos comunicantes entre alguien acusado en Estados Unidos de ser un recaudador de dinero del crimen organizado, y un exocupante de Los Pinos que dirige la construcción de un nuevo partido, y dadas las recurrentes pruebas de proclividad falsificadora de los promotores principales de México Libre, es necesario que el maltrecho Instituto Nacional Electoral (incompleto por la salida calendarizada de cuatro de sus consejeros y política y socialmente desgastado, sobre todo su actual presidente movedizo, Lorenzo Córdova) revise a fondo los procesos de las asambleas distritales que darían paso al otorgamiento del registro de México Libre como partido político.
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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Buenas acciones. El personal de salud que combate sin tregua al COVID-19 en la Ciudad de México por fin sintió alivio, pues desde este lunes dormirá en Los Pinos, ya que les acondicionaron estancias para que no vayan a sus domicilios y no corran el peligro de contagiar a sus seres queridos. Los primeros inquilinos en Los Pinos llegaron y ya descansaron, por fin, sin el pesar de que vayan a infectar a esposas, padres, hermanos o hijos. Ante tal acción, hay que aplaudir al gobierno federal, que se puso las pilas y dio albergue durante esta pandemia a los héroes del sector salud. Así es como se les debe tratar a quienes están en el frente de batalla.
2. Certero. Una vez más la institución que dio la campanada en el combate al crimen es la Unidad de Inteligencia Financiera, comandada por Santiago Nieto, pues este lunes congeló una cuenta, en la cual se recibían depósitos por 300 pesos que pedían defraudadores a personas a cambio recibir recursos o apoyos a nombre del gobierno durante la pandemia de COVID-19 que se sufre en México. Estos vivales se aprovechaban de la necesidad de la gente marginada y estaban haciendo su agosto. Ahora será interesante dar con estos pillos y cerrar la pinza por parte de las autoridades federales de nuestro país. Enhorabuena.
3. Ojalá no los ocupemos. Dos mil quinientos respiradores no fueron entregados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabeza Zoé Robledo, y se ha dicho que la empresa encargada de realizar el contrato incumplió la entrega de los ventiladores, hoy tan anhelados. Se ha especificado todo el trámite administrativo y sabemos que no es un tema que se encuentre dentro del control del Seguro Social y que se pueda cumplir, y estamos satisfechos con esa limpieza administrativa que hace algunos años no teníamos, pero el problema no termina ahí, son dos mil quinientos respiradores que, si bien no queremos ocupar, tampoco quisiéramos que nos hicieran falta. Hoy, el Seguro Social necesita definir qué hará con el fin de conseguir esos respiradores que son esenciales para no perder vidas.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala indica que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está lista para celebrar mañana su primera sesión a distancia en la historia debido a la emergencia sanitaria por covid-19 y su presidenta, la morenista Mónica Fernández, instruyó asignar claves de acceso a la plataforma digital a los 37 diputados y senadores integrantes de esa instancia, con el fin de evitar cualquier sobresalto durante el desarrollo de los trabajos.
Según la “hoja de ruta” de la sesión, los legisladores tendrán la oportunidad de presentar iniciativas y puntos de acuerdo, e incluso de abrir el debate político, con transmisión en vivo por los canales oficiales del parlamento.
QUE la jefa de Gobierno en la capital, Claudia Sheinbaum, ratificó que la Central de Abasto no cerrará y si ahora hay poca gente no se trata de que locatarios decidieron irse por la libre y no dar servicio, sino que se debe a las estrictas medidas para su acceso, por lo que espera que no haya situaciones de desabasto ni especulación de alimentos en los mercados públicos o intervendrá la Procuraduría Federal del Consumidor, cuyo titular, Ricardo Sheffield, cumple cuarentena por contagio de covid-19.